En los meses de abril y mayo, desde hace cinco años, el gobierno nacional a través del Ministerio de Trabajo, trata de convencer al gobierno de Estados Unidos y a la opinión pública nacional de que ese Ministerio y el Estado colombiano respetan, garantizan y defienden los derechos de los trabajadores a punta de pompas de jabón.
Las fechas no son coincidencia. En abril, desde hace cinco años, medios, sindicatos y gobiernos vuelven a evaluar si es cierto que Colombia cumple el Plan de Acción Laboral —PAL— (o acuerdo Obama–Santos). El acuerdo de los dos gobiernos que hizo posible que el Tratado de Libre Comercio entre EE. UU. y Colombia entrara en vigencia. Y en mayo, se celebra la Conferencia Internacional del Trabajo de la OIT en Ginebra, en donde el sistemático incumplimiento del gobierno y las empresas colombianas de los convenios internacionales del trabajo es siempre tema central de discusión.
Preparándose para ambos escenarios, en los que hasta el momento siempre sale mal parado, el Ministerio del Trabajo trata de mostrar algún resultado y lo duras que son sus sanciones a los empresarios que violan la ley laboral, que no son pocos.
Hace dos años, fue noticia nacional la sanción de 1848 millones de pesos por tercerización laboral ilegal contra las empresas Gecolsa y Dimantec. El año pasado las sanciones fueron contra el banco BBVA y contra Avianca por usar pactos colectivos para destruir a sus sindicatos. Con esas noticias se pretendía calmar a los gringos y a la OIT y hacer creer que sí se están sancionando empresas que explotan a sus trabajadores a través de empresas tercerizadoras y a las que persiguen a los que se atreven a sindicalizarse. Lo que el Ministerio de Trabajo no ha podido informar es si esas sanciones quedaron en firme, o si a pesar de imponerse la sanción, el Sena las ha cobrado.
En 2011 el presidente Santos tuvo que ceder al gobierno de Estados Unidos poniendo en marcha el PAL, que incluía medidas necesarias, pero no suficientes para transformar el déficit de protección de los derechos humanos laborales en Colombia. Pero a pesar de sus limitaciones, de su timidez, el Estado y el empresariado han hecho todo para no cumplirlo, incluso fingir que lo cumplían y en consecuencia a pesar de decretos y resoluciones ambiguos y de contratación de algún personal nuevo para la inspección laboral, las condiciones de los trabajadores y de los sindicatos del país no han mejorado.
En este intento de cumplir el PAL sin cambiar nada, se aumentó la nómina de inspectores, se penalizaron los pactos colectivos y se acabaron las cooperativas de trabajo asociado, pero el aumento de la nómina de inspectores no se ha traducido en actuaciones eficaces para proteger derechos laborales y no es un elemento disuasivo de su violación sistemática. No existe condena alguna en el país por existencia de pactos colectivos en las empresas y las disminuidas cooperativas de trabajo asociado mutaron a cientos de contratos sindicales firmados por sindicatos de papel, a sociedades anónimas simplificadas, a contratos de cuentas por participación y otras formas creativas de tercerización ilegal creadas por los empresarios y por el mismo Estado para evadir responsabilidades laborales y para impedir la sindicalización.
La Escuela Nacional Sindical publicó la semana pasada un anticipo de su tercer informe de seguimiento al cumplimiento del PAL y con realismo señaló que la principal prueba del incumplimiento del Plan ha sido que: “Nada se concertó y ninguna meta o indicador de cumplimiento fue establecido. No se creó un mecanismo de seguimiento con participación de las organizaciones sindicales, y lo peor: no se formuló una política pública adecuada sobre inspección laboral, formalización laboral, protección de la libertad sindical o prevención de la violencia o superación de la impunidad”.
La proporción de trabajadores sometidos
a relaciones laborales ilegales sigue invariable,
17,3 % de la población trabajadora
Y las pruebas del incumplimiento son contundentes: la proporción de trabajadores sometidos a relaciones laborales ilegales sigue invariable, 17,3 % de la población trabajadora. Además, en los últimos cinco años, precisamente en el tiempo que lleva el PAL, la informalidad ha crecido en 877.680 nuevos trabajadores. Los pactos colectivos han crecido un 13 %, a pesar de haberse penalizado su existencia y no solo no existe ninguna sanción penal contra nadie por el uso de ese mecanismo, sino que han pasado de 932 a 1050.
La ampliación de la nómina de inspectores no ha mejorado la inspección laboral. Los números hablan por sí solos, de 150 querellas interpuestas en 2014 por las CUT y la CTC denunciando tercerización ilegal, uso de los pactos colectivos para destruir sindicatos o conductas antisindicales, solo en 5 casos se ha producido sanción; en 15 casos han sido archivados por el Ministerio y las restantes 130 querellas, se encuentran aún en trámite, en averiguación preliminar 95; en la formulación de pliego de cargos, 4; en investigación preliminar, 16 querellas; en etapa de recolección de pruebas 9 casos. En 6 querellas no se tiene información alguna después de la radicación. El 94 % de los casos llevan más de un año y el 73% de las querellas se encuentran apenas en la primera etapa del proceso administrativo sancionatorio.
Este año el Ministerio le acaba de hacer un regalito a la Andi. El viernes pasado, como ya habíamos advertido meses atrás, firmó el decreto 583 de 2016 mediante el cual legaliza la tercerización laboral ilimitada en Colombia. El Ministerio del Trabajo y la Presidencia de la República, al parecer, negociaron con la Andi un decreto que les da vía libre para tercerizar TODAS las actividades de la vida productiva del país librando las empresas de toda responsabilidad frente a trabajadores directos y formalizados.
La Andi, desde hace años, venía exigiendo al gobierno la derogación del artículo 63 de la ley 1429 de 2010, que limitaba las posibilidades de la tercerización. Santos ya habían avanzado algo con el eufemístico artículo 74 del Plan de Desarrollo y con este decreto recién sancionado por el gobierno y en especial por el ministro Luis Eduardo Garzón, se enterrarán las esperanzas de trabajadores, sindicatos y los acuerdos del Plan de Acción Laboral. Los empresarios celebrarán una victoria más.
