El 24 de diciembre de 2022, con Cali de fiesta por su feria tradicional, el alcalde Jorge Iván Ospina llevó como invitado de honor al recinto del Concejo al recién posesionado superintendente de servicios públicos domiciliarios, Dagoberto Quiroga Collazos. Para varios de los concejales la presencia del funcionario del gobierno nacional allí representaba un aval para la decisión que sería tomada ese día: la aprobación del Acuerdo que daría por concluida la liquidación de Emsirva, la empresa de servicio de aseo de la ciudad.
Habían transcurrido diecisiete años desde que la empresa fue intervenida y ya era hora entonces, según el Alcalde, de ponerle fin a un proceso largo y engorroso y de darle paso a un nuevo modelo eficiente. Ante un argumento así, el superintendente asintió.
La ponencia había sido trabajada de tiempo atrás y sus autores estaban de acuerdo con que el proceso culminara al menos un año antes de lo previsto. Pocos tuvieron en cuenta que las causas de la intervención de Emsirva ya estaban prácticamente superadas.
Al responder un largo cuestionario del Concejo la liquidadora de la entidad, Yahira Indira Díaz Sánchez, aportó información según la cual la carga prestacional cesaría en el año 2093, mientras que los contratos con los operadores de servicios irían hasta el 2024. La empresa no tenía problemas para atender sus acreencias.
Tener la empresa viva hasta 2093, cuando terminaría de cumplir con sus obligaciones, no era una mala idea Tampoco lo era mantener los contratos de operación y estimular la libre competencia y la cobertura del servicio.
Ni el Alcalde ni el Concejo creían lo mismo y por eso en la Navidad de 2022 decidieron que todos los pensionados de Emsirva quedarían a cargo del Distrito de Santiago de Cali. Esa decisión tendría necesariamente un impacto fiscal y obligaría a la ciudad a buscar mayores recursos y echar mano posiblemente de la deuda pública.
La decisión no consideró el Artículo 43 de la Ley de Servicios Públicos que dicen que las entidades no pueden asumir directamente las obligaciones pensionales tratándose de trabajadores ya vinculados bajo la vigencia de esa ley. Por eso la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) dispone que deben hacer antes las provisiones financieras para atender las obligaciones pensionales. ¿Dónde estaban las de Alcaldía de Cali?
La última información disponible hablaba de un pasivo pensional de $109.181.249.228. El pasivo actuarial, calculado con las normas internacionales de información financiera ascendían a $95.921.361.038.
Había mucho más. Las condiciones de vulnerabilidad en que quedó Emsirva por cuenta del proceso de vinculación la dejaron desguarnecida. Los operadores del servicio de aseo Promovalle y Promocali promovieron un tribunal de arbitramento a instancias del cual lograron hacer condenar a Emsirva les pagara $40.000 millones.
El abogado Humberto Sierra Porto es el defensor de estas dos empresas encargadas del aseo de Cali
Los demandantes operaban una de las cuatro zonas en que fue dividido el distrito para efectos del servicio de aseo. Según ellos, una regulación posterior a la firma del contrato les permitía extender sus servicios de aseo y barrido a otras áreas no contempladas inicialmente, entre ellas los parques, y entonces los costos aumentaron por cuenta de su gestión comercial. En principio el Tribunal les dio la razón.
La defensa de Emsirva fue débil, como lo fue su posición cuando firmó los cuatro contratos para la operación de aseo. En tres de los cuatro contratos quedó establecido que los operadores no podrían prestar sus servicios después de 2024. Los únicos que podrían hacerlo después de ese año eran los mismos que demandaron y ganaron en el tribunal de arbitramento.
Emsirva pidió la anulación del laudo arbitral y volvió. Dejó andando una acción de tutela cuyo fallo será trascendental. El abogado Humberto Sierra Porto, defensor de Promovalle y Promocali, considera que la tutela no es el medio idóneo para anular un fallo arbitral de esa naturaleza. En Bogotá, donde defiende los intereses de Promoambiental, vinculado a un pleito relacionado con la operación de aseo en la ciudad, sostiene lo contrario, porque los afectados por otro laudo arbitral son sus clientes.
Si la tutela no prospera, la administración de Cali, ya sin Emsirva, tendría que plegarse a los intereses de un contratista con una amplia tradición de conflictividad.
Pero los riesgos no terminan ahí. En la recta final del mandato del alcalde Jorge Iván Ospina vuelve a rondar el espectro de Juan Carlos Junca Salas. Junca, un asesor sin nombramiento formal, está haciendo gestiones a nombre de EMCALI para estructurar los nuevos contratos del servicio de aseso y dejarlos “amarrados”, según varias fuentes consultadas.
Como lo recordó Las2Orillas el 28 de noviembre de 2022, Junca fue destituido por la Procuraduría y no ha incumplido el periodo de inhabilidad que le fue impuesto a raíz de actuaciones irregulares cuando trabajó para la UAESP en Bogotá. También estuvo preso y recibió además una condena fiscal que lo obligó a pagar, solidariamente con ocho personas, cerca de $48.000 millones.
El espectro de Junca no solo ha sido visto por personas cercanas a los operadores del servicio de aseso, sino también por quienes han hecho parte de los equipos que proyectan una reestructuración del servicio de transporte masivo.
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