La última página fue escrita este 16 de agosto. El Gobierno de Daniel Ortega agregó un nuevo capítulo de su enfrentamiento con la Iglesia católica al confiscar la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) tras acusarla de "terrorismo".
La UCA, fundada en 1960, es uno de los centros de estudios privados más prestigiosos de Nicaragua y ahora está obligada a traspasar sus bienes muebles e inmuebles, así como sus cuentas bancarias al Estado por orden de la jueza Gloria María Saavedra, titular del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencias Circunscripción Managua.
Por medio de un correo a su comunidad, la UCA informó que el martes 15 de agosto fueron formalmente notificados de “la incautación de bienes inmuebles, muebles, dinero en moneda nacional o extranjera de las cuentas bancarias inmovilizadas, productos financieros en moneda nacional o extranjera propiedad de la UCA", porque están bajo una investigación por un caso de “terrorismo”, un delito por el que han juzgado a decenas de opositores en el país.
"Las anteriores medidas se toman en correspondencia a señalamientos infundados de que la Universidad Centroamericana funcionó como un centro de terrorismo, organizando grupos delincuenciales", explicó la universidad.
La justicia nicaragüense argumentó que la UCA "funcionó como centro de terrorismo, aprovechándose de las condiciones creadas con mentiras, para elevar los niveles de violencia y destrucción, organizando grupos delincuenciales armados y encapuchados que emplearon métodos terroristas".
En 2018, durante las protestas antigubernamentales derivadas de una controversial reforma a la seguridad social impulsada por Ortega, la UCA, al igual que varias iglesias católicas de país, sirvió de refugio para los manifestantes heridos y otros que escapaban de la represión policial y de grupos paramilitares afines al Gobierno.El Gobierno de Nicaragua, a través del Ministerio de Gobernación, canceló este viernes otras dos universidades privadas y ordenó decomisar sus bienes muebles e inmuebles, con lo que ya suman 26 las ilegalizadas desde diciembre de 2021, incluidas 7 de origen extranjero. © EFE
Las manifestaciones, que fueron un parteaguas en el país y que desencadenaron una crisis social y política, dejaron más de 325 fallecidos, así como graves señalamientos de violaciones a los derechos humanos de parte del Estado y de cometer delitos de “lesa humanidad”, según avaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.
Pero Daniel Ortega, la Policía y el Ejército del país, defienden la teoría de una intentona golpista promovida con desinformación y orquestada por grupos empresariales, la oposición política y la Iglesia católica.
Según la notificación legal a la universidad, la justicia acusa a los directivos jesuitas de haber "atentado de forma continua contra la independencia, la paz, soberanía nacional y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando a la desestabilización del país, lesionando los intereses supremos de la nación y convenios y tratados internacionales de derechos humanos, alterando la paz, la seguridad y el orden constitucional".
Los ataques contra la UCA se intensificaron en los últimos meses
La confiscación se da tras semanas de acciones legales contra la universidad. Las autoridades nicaragüenses habían congelado las cuentas bancarias de la universidad e inmovilizaron sus propiedades.
También, la Dirección de Resolución Alterna de Conflictos, Dirac, adscrita a la Corte Suprema de Justicia, revocó la acreditación del Centro de Mediación de la UCA, una instancia que servía para mediar conflictos para no saturar el sistema judicial, solo cuatro meses después de que esa misma entidad le renovara la acreditación.
En septiembre del año pasado, negaron la entrada al país al vicerrector de la UCA Jorge Huete, después de un viaje de trabajo a Argentina.
El exrector de la universidad, José Alberto Idiáquez, quien fue mediador en el diálogo que sostuvo Ortega con la oposición, tampoco le fue permitido volver al país en 2022, después de viajar a México para atender problemas de salud.
Estudiantes alarmados
Una de las interrogantes que se abre tras la confiscación de la universidad es el destino de los más de 5.000 estudiantes y 546 docentes. Varias organizaciones y movimientos estudiantiles de Nicaragua se mostraron alarmados la semana pasada con el congelamiento de las cuentas de la universidad.
"Queremos expresar nuestro firme respaldo a la UCA de Nicaragua frente a las acciones represivas perpetradas por la dictadura sandinista", señalaron seis movimientos estudiantiles en un comunicado conjunto.
"Consideramos que estas medidas son una clara violación de los derechos fundamentales de los estudiantes y colaboradores, así como un intento de coartar la autonomía universitaria”, según dijeron.
Las organizaciones estudiantiles dijeron que la UCA fue la primera universidad privada de Centroamérica y que “su contribución al desarrollo social, científico y cultural del país es innegable. Congelar sus cuentas es un ataque directo a la educación y a la libertad intelectual, poniendo en riesgo la continuidad de proyectos, investigaciones y programas que benefician a toda la comunidad universitaria y a la sociedad nicaragüense en general".
Durante estos años, la UCA ha formado a destacados profesionales del país. Muchos líderes estudiantiles activos en las protestas antigubernamentales de 2018 se formaron en esa universidad, así como tres hijos de Ortega y Rosario Murillo, varios ministros y diputados sandinistas.
El mismo Daniel Ortega se matriculó allí para estudiar derecho en 1962, aunque abandonó las aulas de clase para involucrarse en la naciente guerrilla sandinista que derrocó la dinastía Somoza.
