Desde hace varios años se venía debatiendo en Colombia la posibilidad de implementar la cadena perpetua, pero no pasaba de los primeros debates en el Congreso de la República. Más sin embargo quedó la expectativa y la ilusión por muchos de querer hacer populismo punitivo, principalmente por el hoy partido de gobierno (Centro Democrático).
En 2014, y tras ganar uno de los escaños en el Congreso de la República, el senador en ese entonces, Iván Duque Márquez, inició su carrera legislativa con el Partido Centro Democrático, un joven desconocido para muchos e inexperto como pocos en esa corporación, llevando a diestra y siniestra el mismo discurso que casi todos los electores conocen: se oponía a las reformas tributarias de Santos, a las negociaciones de paz en La Habana con las Farc, apoyó el No al plebiscito que acogía los acuerdos de paz de la Habana, entre muchas otras cosas.
Llegaron las campañas políticas para las elecciones de año 2018 y el uribismo tenía varios precandidatos para las presidenciales, existiendo posibilidades entre Iván Duque Márquez (quien había renunciado a su curul al Congreso para poder participar), Rafael Nieto Loaiza, Paloma Valencia, Carlos Holmes Trujillo (Q.E.P.D.), María del Rosario Guerra. Al final de esto se quiso escoger al señor Iván Duque Márquez para que representara este sector político.
Tras hacer bombos y platillos, se inició la batalla entre diferentes sectores: los de izquierda, los de centro y los de derecha. Hubo debates por doquier y luego las elecciones, que se efectuaron en mayo de 2018, quedando como ganadores de la primera vuelta presidencial los señores Gustavo Francisco Petro Urrego e Iván Duque Márquez. Así pues, se fue a una segunda vuelta entre los dos ya mencionado candidatos, ganando al final Iván Duque Márquez. Entre sus propuestas de campaña, la cual se discute en el presente artículo, está la de modificar la Constitución Política de Colombia en su artículo 34, que originalmente reza así:
Artículo34. Se prohíben las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.
Tras acalorados debates en el Congreso de la República por el exagerado pedido del gobierno nacional de solicitar la modificación del Artículo 34 de la Constitución, finalmente se aprueba la cadena perpetua en Colombia para le caso en que existiese un niño, niña o adolescente que sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, todo esto bajo el Acto legislativo 01 de 2020, donde contempla lo siguiente:
ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2020
(julio 22)
por medio del cual se modifica el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la Pena de Prisión Perpetua y estableciendo la prisión perpetua revisable.
Artículo 1°. Modifíquese el artículo 34 de la Constitución Política, el cual quedará así:
Artículo 34. Se prohíben penas de destierro y confiscación.
No obstante, por sentencia judicial, se declarará extinguido el dominio sobre los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro Público o con grave deterioro de la moral social.
De manera excepcional cuando un niño, niña o adolescente sea víctima de las conductas de homicidio en modalidad dolosa, acceso carnal que implique violencia o sea puesto en incapacidad de resistir o sea incapaz de resistir, se podrá imponer como sanción hasta la pena de prisión perpetua.
Toda pena de prisión perpetua tendrá control automático ante el superior jerárquico.
En todo caso la pena deberá ser revisada en un plazo no inferior a veinticinco (25) años, para evaluar la resocialización del condenado.
Parágrafo transitorio. El Gobierno nacional contará con un (1) año contado a partir de la fecha de promulgación del presente acto legislativo, para radicar ante el Congreso de la República el proyecto de ley que reglamente la prisión perpetua.
Se deberá formular en el mismo término, una política pública integral que desarrolle la protección de niños, niñas y adolescentes; fundamentada principalmente en las alertas tempranas, educación, prevención, acompañamiento psicológico y la garantía de una efectiva judicialización y condena cuando sus derechos resulten vulnerados.
Anualmente se presentará un informe al Congreso de la República sobre el avance y cumplimiento de esta política pública. Así mismo, se conformará una Comisión de Seguimiento, orientada a proporcionar apoyo al proceso de supervisión que adelantará el Legislativo.
De entrada esta ley nació muerta, toda vez que tras varios convenios y tratados internacionales firmados y ratificados por Colombia, prohíbe la implementación de la cadena perpetua en los países firmantes. Adicionalmente, bajo la Carta de los Derechos Humanos es clara al debatir estos temas, pues va en contra de la dignidad humana. Es por eso que el fallo de la Corte Constitucional del 2 de septiembre de 2021 que tumbó dicho acto legislativo no va en contra de las políticas del Gobierno de turno; todo lo contrario, está actuando en derecho y con una amplia línea jurisprudencial.
Es por eso que el Congreso no debe aprobar por aprobar, y el presidente no puede solicitar que se apruebe una norma que va en contra de la dignidad humana y lo que ya está aprobado bajo el bloque de constitucionalidad. Por eso, una vez más, está claro que esta ley nació muerta y lógicamente sin vigencia alguna, otro rotundo fracaso no para Colombia, sino para Iván Duque y el Congreso de la República por hacer populismo punitivo.
