La multinacional de alimentos Cargill logró hacerse a 52.575 mil hectáreas en el Vichada que le habían sido entregados por el Estado colombiano a campesinos. La operación legal también contó con la asesoría Brigard & Urrutia de la que el actual embajador en Washington era el principal accionista y la cabeza del prestigioso bufete de abogados. Cargill, para poder hacerle el esguince a la Ley 160 creo se apoyó en la figura de las SAS, Sociedades por acciones simplifcadas y creo 35 que coincide con el número de unidades agrícolas familiares.
La investigación fue realizada por OXFAM, organización no gubernamental internacional con sede en Oxford y Canadá que agrupa 17 fundaciones cuyo propósito es buscar soluciones a la pobreza y la injusticia en distintos países del mundo, en el que está el capítulo de acaparamiento de tierra.
A través del fondo de inversiones Black River, Cargill adquirió 39 predios que el Estado les había adjudicado a campesinos. Como la ley 160 de 1994 prohíbe que una empresa compre más de uno de estos predios, la multinacional creó 35 sociedades por acciones simplificadas (SAS) para que cada una comprara un solo predio y así no se hiciera evidente la violación de la ley.
Oxfam es una confederación internacional que reúne a 17 organizaciones con presencia en 92 países. Recientemente publicó el estudio Tierra y poder, el creciente escándalo en torno a una nueva oleada de inversiones en tierras, en el que detalla con precisión los problemas causados por el acaparamiento de tierras en los países pobres.
El senador Jorge Enrique Robledo y el representante a la Cámara Wilson Arias, habían anticipado el hecho, pero el respaldo de Oxfam, cuyo seriedad es reconocida internacionalmente le da aún más fuerza a la denuncia. Robledo ha insistido en cuestionar al embajador Urrutia quien no puede seguir guardando silencio y debe afrontar el debate por la cuestionada interpretación de la ley que terminó favoreciendo el acaparamiento de tierras.
