El Centro fue concebido y contratado durante la administración del exalcalde Enrique Peñalosa, pero fue la administración de Claudia López la encargada de su construcción e inauguración en julio del año pasado para beneficio de las localidades de Bosa, Kennedy y Ciudad Bolívar.
Este centro estaba concebido para más de 200 jóvenes que tengan asuntos pendientes con la ley y sean acogidos por el Sistema de Justicia Restaurativa Juvenil y debía ser administrado por el ICBF, entidad adscrita al Gobierno nacional. Sin embargo, el presidente Petro indicó que la infraestructura no se alinea con las políticas de justicia del Gobierno Nacional que buscan la no reclusión de los jóvenes.
Al ser un espacio de detención (no una cárcel) para menores que hayan cometido algún delito, la administración del lugar debería recaer sobre el ICBF y no sobre el Distrito. La negación a recibirlo por parte del ICBF fue aceptada por la Alcaldesa, aunque indicó que se venía trabajando de la mano con el ICBF, pero mencionó que hasta antes del cambio de gobierno se había tomado la determinación de hacer una operación conjunta entre el Distrito y el ICBF, solo hasta que la decisión del Presidente en el consejo de seguridad del 28 de septiembre se le notificó la no recepción del complejo.
A diferencia del CJR, los otros componentes de la megaobra que tuvo un costo de $ 76.000 millones están en funcionamiento desde hace más de un año y son administrados por el Distrito.
El complejo que posee 12.624 mts2 de infraestructura y más de 6.830 de espacio público, cuenta con la presencia de todos los servicios de seguridad y justicia del Distrito: un Comando de Atención Inmediata (CAI), una Manzana de Cuidado, el Centro de Traslado por Protección (CTP), una Unidad de Reacción Inmediata (URI), un auditorio, y la Casa de la Justicia, donde se agrupan todos los servicios de Distrito y de la Nación como los jueces de pequeñas causas, la Secretaría de Integración Social, las comisarías de familia, Fiscalía, Medicina Legal, Secretaría de Seguridad y los Centros de Conciliación.
Luego de que se conoció la determinación del Gobierno central, el Distrito analiza nuevas alternativas de uso para ese componente del Complejo que no fue recibido por el Presidente.
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