La semana pasada el gobierno Duque sufrió un nuevo fracaso al ser declarada inexequible la ley de financiamiento por parte de la Corte Constitucional. Se trata de un nuevo traspié, que se suma al desliz de las objeciones a la JEP o al de la reforma a la justicia, fiascos que son producto de su incapacidad de liderazgo y organización.
Como ya lo he señalado antes, desde su posesión, la relación del presidente con el Congreso ha estado cifrada por el desencanto. Esto debido a que el presidente no ha cumplido con los compromisos políticos que adquirió en campaña y que en última instancia lo depositaron en el despacho presidencial. Su arrogancia al desconocer lo pactado con Gaviria y Vargas Lleras, le ha costado caro al joven gobernante, pues su miopía ha hecho tambalear su ya limitada capacidad de gestión. Esto, sumado a la ineptitud de sus funcionarios y su mala gestión, tienen al país sumido en el descontento y la incertidumbre.
Dicho lo anterior, la ley de financiamiento tenía varias inconsistencias desde su origen, como la propuesta nefasta de aplicar el IVA a la canasta familiar, propuestas que se fueron ajustando, pero que en última instancia nacen de la falta de seriedad del gobierno y del exceso de improvisación del que ha hecho alarde. Ahora, las nuevas circunstancias hacen que el presidente Duque deba jugar contra el tiempo y contra su falta de empatía con el legislativo en cuyas manos está, no solo su política económica, sino su gobernabilidad.
El presidente Duque debe jugar contra el tiempo
y contra su falta de empatía con el legislativo en cuyas manos está,
no solo su política económica, sino su gobernabilidad
A pesar de que la Corte Constitucional se pronunció en contra de la ley de financiamiento, salvó los efectos de la norma hasta el último día de 2019, con lo que se aseguró el recaudo fiscal del año. Esto es, los impuestos al patrimonio para personas naturales, la sobretasa a la venta de vivienda por más de 918 millones, o el aumento en el impuesto a los dividendos. Así como otros recaudos, como la sobretasa en renta a los bancos, o la normalización tributaria que venció a finales de septiembre. Gracias a ello, empresarios y mercados, por ahora, están tranquilos. Incluso el dólar bajó el viernes, luego de venir en un alza creciente.
Como se indicó antes, el panorama para el gobierno no es sencillo, pues, para presentar de nuevo el proyecto, este debe sortear varios debates en las dos cámaras, lo que resulta tensionante dado el escaso tiempo que le queda este año al Congreso, lo positivo de ello es que, dada la urgencia, hay menos probabilidad de que sectores políticos traten de introducir nuevas reformas a la ley, pero resulta ingenuo pensar que no van a aprovechar la oportunidad para tratar de hacerlo.
El caso es que la falta de rigurosidad del Ministerio de Hacienda tiene al gobierno en una encrucijada, ya que lo obliga a hacer un pacto con los partidos políticos si aspira a revivir la ley de financiamiento. Esta negociación, que en su testarudez el ejecutivo asume erróneamente como mermelada, es imperativa para que cualquier gobierno funcione, ya que le sirve para generar consensos entre las ramas ejecutiva y legislativa que le permitan llevar a feliz término sus proyectos.
Este tema, que para la mayoría de la sociedad colombiana es indescifrable, tiene consecuencias reales que pueden a afectar al país si no se asumen con la seriedad requerida, la ciudadanía no puede permanecer ajena a estos debates, pues el estado de la economía es el sustento básico para que la sociedad funcione en diferentes dimensiones. Si la economía colapsa por la ineptitud del gobierno y la mezquindad de ciertos sectores políticos a quienes solo les interesa beneficiar a sus patrocinadores, todas y todos los ciudadanos van a tener que asumir las consecuencias.
