Por la importancia del tema, el Proyecto de Ley “Por la cual se adoptan disposiciones de Ordenamiento Social de la Propiedad y Tierras Rurales y se dictan otras disposiciones” (que se ‘socializa’ como ‘Ley de Tierras’) debería ser el que podría considerarse el más importante del momento.
Responde a lo que se ha reconocido como el problema que está a la base del conflicto armado y como tal fue incluido como el primer punto de las negociaciones de La Habana.
Sería por esas razones el primer paso que respondería a la verdadera búsqueda de la paz social que requiere el país.
Sin embargo, este gobierno se ha caracterizado por presentar proyectos para la solución de problemas pendientes desde hace años, pero que, por la forma del manejo que les da y de su presentación, no han llegado concretarse en el trámite legislativo.
Eso sucedió con la reforma a la Administración de Justicia que acabó siendo vetada por el mismo presidente; con la Reforma a la Salud que logró un consenso en contra por parte de todos los estamentos vinculados al sector; con la Reforma a la Educación pendiente aún de ser acordada con la Mane; o con las Pensiones que siguen siendo nuestra ‘bomba de tiempo’; incluso así sucedió con la Reforma Tributaria, sacada con forceps en forma totalmente diferente a lo propuesto por la misión designada para ello.
La historia se repite con este proyecto. Rechazada por los sectores gremiales vinculados al campo —Fedegán, SAC. Etc.— tampoco ha satisfecho las expectativas de la Farc, y, sin seguir los lineamientos de la ‘Misión Rural’, han tenido ya que ser retirados parte de sus puntos iniciales.
Además se pretende que sin lograr algún consenso se trámite vía fast track, lo cual es un motivo más de cuestionamiento.
Sin entrar al debate sobre su contenido
que aún no está determinado
es grave que este proyecto se convierta en otro ‘globo de ensayo’
Sin entrar al debate sobre su contenido —que por lo mencionado arriba aún no está determinado— es grave que este proyecto se convierta en otro ‘globo de ensayo’. Grave por lo ya dicho de lo que representa dentro del llamado ‘Proceso de Paz’. Pero igualmente grave en cuanto a que hoy por hoy se puede decir que no solo no existe una política para el sector rural sino tampoco unas reglas que lo ordenen.
La ley 160 de 1994 solo vino a conocerse con motivo de los escándalos alrededor de las inversiones de baldíos en el Vichada y el ataque al embajador Urrutia. Pero esto destapó la caja de Pandora pues se entendió o interpretó que ponía en entredicho todos los títulos de propiedad bien sea por ser posteriores a esa fecha, bien sea por no corresponder a un múltiplo determinado de las UAF.
Desde entonces se han sacado dos legislaciones al respecto —Zidres y Zomac— que se refieren a las zonas afectadas por la violencia o con características apropiadas para inversiones especiales, pero que se refieren a casos limitados, es decir legislan la excepción lo cual deja la regla general en un limbo.
A las razones anteriores —del papel que juega este proyecto dentro del proceso de paz— se adiciona así la posibilidad de llenar ese tremendo vacío que impide el desarrollo del sector agrario. Se podría decir que ese simple hecho hace que, independientemente del cualquier contenido, sacar esa ley sería un avance en materia de ordenamiento para el funcionamiento y desarrollo económico y social del sector rural. Por eso lo menos que se puede es lamentar que el mal camino que parece llevar este proyecto de ley acabe por convertirse en otro fracaso del gobierno y sobre todo en otra frustración para la nación.
