Este inicio de año ha estado cargado de historias y hechos noticiosos que nos han tenido en vilo a la mayoría de los colombianos, lo cual es completamente normal con la atiborrada agenda informativa. Pero un hecho que ha pasado un poco de agache es el tema concerniente al debate sobre la despenalización del aborto que cursa en la Corte Constitucional; que día tras día se hace cada vez más cadente y dilatado.
La acalorada discusión en el máximo ente constitucional dio como resultado una votación que terminó en empate a cuatro votos por cada decisión (en contra o a favor); en el ámbito de la opinión pública sorprendió la votación de las magistradas, quienes se inclinaron más por el voto en contra; mientras que, el voto positivo fue predominantemente masculino.
Sin embargo, la situación se pone color de hormiga en el entendido de que el magistrado Linares, quien podía desempatar el asunto, fue recusado y apartado de la decisión, lo cual extiende el proceso.
Como consecuencia de la inusual situación del empate y la demanda en contra del magistrado Alejandro Linares, como bien lo señalé antes, la cosa se prolonga aún más, ya que se debe dejar la situación en manos de dos conjueces, los cuales, como era de esperarse, no están elegidos, lo que genera una situación de incertidumbre y desazón por el tiempo que tomará escoger a los indicados.
El debate todavía sigue generando controversias; la estrategia más palpable que denota la acalorada discusión es sacar el aborto del código penal como delito y poder regularlo con los medios necesarios como un asunto de salud pública, con una preponderancia única. Según informaciones dadas en entrevista con Blu Radio, desde el colectivo de mujeres Causa Justa se lucha porque el procedimiento abortivo sea de manera gratuita y que las entidades prestadoras de los servicios de salud deban incluirlo dentro de sus atenciones.
En mérito de lo anteriormente expuesto, mientras el asunto objeto de controversia sigue copando de pliegos el despacho de los magistrados, siguen ocurriendo abortos de manera clandestina ante el escenario de inseguridad jurídica y legislativa. Señores, ya la población está cansada de tener que llorar la muerte de mujeres y niñas a causa de clínicas ilegales con servicios abortivos, a consecuencia de la incapacidad de tomar decisiones trascendentales para el país en el término más expedito posible, por parte de los “honorables magistrados y magistradas”, causándose así la trasgresión ilegítima a las garantías constitucionales y legales de muchas de estas féminas.
En el transcurso de todo este proceso “innovador” he sido un ferviente defensor de las políticas abortivas, ya que el ser humano no está en capacidad de juzgar a su semejante por las decisiones que este tome o deje de tomar. La justicia en Colombia, ante la crisis en esta materia, no se puede encasillar en miramientos del pasado; debemos avanzar en una política de salud pública y educación sexual para poder sortear de mejor manera este tema.
Eso sí, no se puede dejar de lado la confrontación respecto de las semanas para abortar, asunto que deberá ser tratado al momento de su eficaz regulación.
Recuerde, ávido lector de esta columna, “el avance de una nación se mide por el sistema jurídico que esta posee”.
