Solo han pasado algunos años desde que Buenaventura estaba viviendo el fragor del conflicto social, cuando, como es tradicional, el gobierno nacional vino a hacer promesas y compromisos para apaciguar los ánimos de la masa social, y ya otra vez el clima de violencia y anarquía urbana está afectando la normalidad de las condiciones de vida de sus habitantes.
Es cierto que existen factores de idiosincrasia o cultura local que han sido causa de la situación que desde el comienzo del presente siglo vive la comunidad porteña; pero precisamente, es ahí, en condiciones de este carácter, cuando el Estado debe ejercer su misión de regir los procesos sociales, económicos e institucionales para canalizar la ruta de construcción de futuro de la población hacia fines de interés general y beneficio colectivo, para lo cual la teoría sociológica suministra las herramientas técnicas apropiadas para tal fin.
El gobierno nacional argumenta que la asignación de recursos para este distrito ha sido cuantiosa durante las últimas décadas; y si examinamos las cifras del ejercicio fiscal vemos que eso es cierto según el territorio donde se localizan las inversiones públicas, las cuales obedecen a las políticas de desarrollo y los intereses de los sectores privilegiados por los gobernantes. Así queda muy claro que el gobierno nacional ha metido plata a Buenaventura en sumas cuantiosas, pero para beneficiar a las poderosas élites bogotanas que controlan el comercio exterior, sobre todo, a las potentes roscas que manejan las importaciones legales e ilegales, cuya operación se realiza con patrones mafiosos. Igual como sucedió en la revolución del medio siglo diecinueve, cuando los influyentes y poderosos importadores ganaron la lucha política y se tomaron el Estado para colocar el mercado nacional al servicio de las industrias inglesas castrando el desarrollo industrial colombiano que por esa época ya era incipiente.
El verdadero potencial de Buenaventura no es el canal de acceso marítimo y el puerto; la riqueza de ese territorio para beneficio, no de los empresarios bogotanos sino de la población asentada en el territorio, es la biodiversidad y riqueza ambiental de la franja pacífica y su relación con los ecosistemas marinos. De qué le sirve a la población de Cisneros o Loboguerrero, por ejemplo, y menos a los asentamientos poblacionales del bajamar, que se haya construido una carretera con altísimos niveles técnicos y majestuosidad de la ingeniería civil, si la pesca artesanal sigue sin el apoyo necesario para su desarrollo, la actividad agropecuaria continental sin los mecanismos de fortalecimiento y el potencial de la biodiversidad en materia de biotecnología sigue abandonado, lo mismo que el turismo, que no es de playa como en el Caribe, sino principalmente ecológico. Con menos de la mitad de los recursos metidos en comercio exterior, se hubiera desplegado y fortalecido una estrategia de desarrollo endógeno que hubiera solucionado estructuralmente el actual problema social.
Pero esos recursos para el desarrollo local no están en la agenda del gobierno nacional, como sí están los intereses de los agentes del comercio exterior, embebidos por la ilusión de la globalización y los tratados de libre comercio que solo están destruyendo el aparato productivo nacional, de modo que si el Estado no reconoce las alternativas para mejorar las condiciones de vida de la población residente en su mayoría afrocolombiana y no adopta las estrategias adecuadas de ordenamiento territorial y desarrollo endógeno de la zona del pacífico, el conflicto social y la violencia seguirá presente porque las condiciones de vida de la población se mantendrá con los bajos niveles de satisfacción de necesidades que hoy existe y así, cada cuatro años veremos la floración del conflicto y seguiremos diciendo que otra vez Buenaventura.
