Uno de los costos más altos y excesivos en el país es el servicio de parqueadero, solo comparable a la usura de precios en el Aeropuerto El Dorado, o a un conocido restaurante “icono” de los colombianos (que entre otros aspectos paga un salario de miseria a sus empleados) o si se quiere a la despiadada facturación de las hamburgueserías de “marca”, en donde el precio de venta al público es un mil por ciento por encima del costo de su elaboración.
El lucrativo negocio de parqueaderos lo manejan empresas especializadas o los conocidos centros comerciales, que entre otras cosas se ha convertido para éstos en uno de sus productos más rentables, aún más cuando el mismo no tiene ninguna ciencia, es totalmente básico, porque sin el ánimo de incomodar al sector, se reduce a disponer de un espacio y a permitir la entrada y salida de un vehículo, con un costo tan infame que incluso se dan el lujo de cobrar por minuto, más no por hora o día.
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El Decreto 003 de 2022, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá, utiliza la impagable y casi odiosa referencia del “minuto” para cobrar el aparcadero, en donde la tarifa máxima del mismo es de 122 pesos y va descendiendo hasta 34 pesos, como si las característica del parqueadero –subterráneo o a nivel– incidieran en el “servicio” de mantener estacionado un carro, y aún más curioso que la Alcaldía se atreva a autorizar el servicio en afirmado o césped, por el inconcebible precio de 34 pesos el minuto, lo que ha estimulado la proliferación de lotes abandonados como parqueaderos, entre la tierra negra y la maleza, que no responde a ningún estándar de calidad y seguridad, pero que fácilmente un día le puede costar al usuario más de veinte mil pesos, que al mes se convierte en más de seiscientos mil pesos.
La máxima tarifa de 122 pesos –que se cobra en empresas estrato mil o en los suntuosos centros comerciales, entrando también en el negocio hospitales, universidades y bibliotecas– significa que la hora le cuesta al usuario 7320 pesos, lo que la jornada diaria laboral de ocho horas le sale por 58 mil pesos, y el mes le costaría casi un millón 200 mil (más de un salario mínimo), y más de 14 millones de pesos al año, que significa el mil por ciento más de lo que cuesta un seguro todo riesgo, el impuesto del carro o la revisión de mismo en la original casa automotriz, lo que sin duda se convierte en un cobro desmedido, que no se compadece con las clases menos favorecidas, que al adquirir un vehículo no significa que tienen los ingresos para pagar semejantes tarifas.
Lo confieso: estaba absolutamente convencido que el establecimiento de las tarifas era una competencia “constitucional” de las Alcaldías, por aquello de la descentralización y autonomía de las entidades territoriales, pero para mi sorpresa encuentro que se rige por el Decreto Ley 1855 de 1971 –anterior a la Constitución Política de 1991– que le delegó esta función a la autoridad territorial, lo que le ha dado rienda suelta a ésta para que establezca sin criterio alguno estas tarifas, con el agravante que si éstas son altas en la capital de País, se convierte en una referencia para las demás ciudades, como he podido evidenciar en Unicentro de Villavicencio o en algunos parqueaderos de Yopal.
En ese sentido, estamos trabajando con el Representante y Senador Electo José Vicente Carreño Castro, con el fin de incluir un artículo nuevo en el Plan Nacional de Desarrollo, y además radicar en la entrante legislatura un proyecto de ley que establece límites y condiciones al servicio de aparcadero, que sean punto de partida para la reglamentación de los Alcaldes, en donde las tarifas sean más acordes y convenientes para el bolsillo de los colombianos, como la posibilidad de cobrar por horas o días y a un menor costo, que sin duda podría disminuir a más de la mitad tan suntuoso servicio, pero que sigue siendo bastante rentable para esta tipo de actividad, y que vendría a estimular renglones tan importantes como el turismo y el comercio.
Coletilla:
El liberalismo económico de la Constitución Política, ha sido lamentablemente la excusa del Estado para desentenderse de su función social, en donde deja este tipo de tarifas en manos de la ley de oferta y demanda, encareciendo aun más todo tipo de servicio púbico, lo que exige una revisión urgente para retomar esa ineludible responsabilidad estatal, aun más cuando el Presidente Electo Petro y los diferentes sectores sociales avanzan en el conocido “Acuerdo Nacional”, que sin duda será el mapa de navegación del Plan Nacional de Desarrollo, que entre otros aspectos es el mayor “reto social” de los entrantes Gobierno Nacional y Congreso.
Asesor Legislativo y Escritor*
