Con el viaje a Chile del presidente Duque a la cumbre presidencial que empieza este jueves y ante la negativa de dirigentes de la minga de reunirse en Quilichao con la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y otros funcionarios del alto gobierno para negociar las propuestas y facilitar la reanudación del tráfico por la Panamericana para el puente de San José, no se avizora pronta salida al conflicto que desde hace 13 días tiene incomunicado al sur del país, causando graves contratiempos a numerosos viajeros inmovilizados en la vía y con multimillonarias pérdidas para transportadores, agricultores, ganaderos, industriales, artesanos, comerciantes y diversos sectores de la economía que no pueden movilizar sus productos en vehículos de bajo tonelaje habilitados para circular por el estrecho “corredor humanitario” que lleva tres días cerrado.
El gobierno nacional durante cuatro años anuncia diez billones de pesos para invertir en comunidades indígenas de todo el país, y según la ministra del Interior, desde la posesión del presidente Duque afirma que se reunieron con dirigentes de la minga “buscando un diálogo tranquilo y fructífero” para acordar las inversiones y concertar los programas a desarrollar; y a la hora de concretarlos no se han puesto de acuerdo.
Pero esta minga, a diferencia de las realizadas durante el gobierno de Santos, no sólo está motivada en las reivindicaciones por ampliación de resguardos, y mayor presupuesto y autonomía para manejar recursos y ejecutar sus programas.
Por ser el primer año del gobierno Duque, la exigencia de negociar directamente con él, tiene que ver con desentrañar la esencia de sus políticas y del Centro Democrático, sobre asuntos como la Propiedad de la Tierra y el cumplimiento de la política agraria acordada previa desmovilización de las Farc, así como también lo relacionado con el manejo de los parques naturales, zonas protegidas y los ‘baldíos’ donde habitan sobrevivientes pueblos indígenas amenazados por la colonización desbordada, la minería legal y la ilegal, la reanudación de la fumigación con glifosato a los cultivos de coca y la implementación del fracking en la extracción del petróleo, la construcción de hidroeléctricas, entre otros puntos polémicos. De allí que en la minga también participen comunidades del Huila, Valle, Antioquia (Hidroituango) y otros departamentos.
En estas circunstancias está minga tiene contenido político y no solo se limita al presupuesto asignado por el gobierno nacional a las comunidades indígenas del Cauca y todo el país.
De allí que el presidente Duque, aconsejado por sus asesores, no haya frenteado las negociaciones y delegue en la ministra del Interior y otros funcionarios, la discusión, lo que de acuerdo a la firme posición de los dirigentes del bloqueo, no sucederá.
Este inflexible marco de negociaciones de nuevo convertirá a los habitantes de Popayán y el suroccidente colombiano en estoicos testigos inermes de la terquedad del alto gobierno que no quiere desnudar su real política agraria a ejecutar en estos cuatro años y de las comunidades indígenas temerosas que sus territorios y reivindicaciones logradas a lo largo de luchas pasadas sean burladas por un gobierno que privilegia los intereses del gran capital, la gran minería, los beneficiarios de las tierras arrebatadas por los paramilitares a los desplazados y se hace el de la vista gorda con los hacendados y ganaderos colonizadores de la amazonia y otras tierras que no han querido titular a los pequeños propietarios que hace tiempos las ocupan.
La actual minga tiene tanta importancia para los indígenas y otros sectores del campo y la ciudad que los apoyan, que hasta los Misak están participando en el bloqueo, a pesar de los duros enfrentamientos a garrote y machete que recientemente sostuvieron con los Nasas disputándose tierras en Caldono.
Para evitar que las mingas y bloqueos se institucionalicen anualmente como la Semana Santa, a largo plazo deberán solucionarse temas álgidos relacionados con la concertación de programas e inversiones no sólo en beneficio de las comunidades indígenas.
Además lo atinente a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) que se movilizó días antes de la minga indígena, a organizaciones de afrodescendientes, con necesidades comunes en cuanto a la propiedad de la tierra y apoyo a proyectos productivos y culturales, y los cuales han tenido encontrones no sólo con el gobierno, sino también con los indígenas y entre ellos mismos (nasas versus misaks), entre los nasas enfrentados a campesinos mestizos y también con comunidades negras y empresarios agrícolas, disputándose los mismos territorios que no pueden estirarse como el caucho.
De no encontrar soluciones concertadas en tierras por donde actúan grupos armados irregulares, aumentarán choques violentos, muertos, heridos y al gobierno nacional se le puede crecer el enano al vincularse más organizaciones sociales y políticas sumando sus peticiones a las de los indígenas.
