No soy ducha en asuntos de macroeconomía, pero las medidas económicas no son neutrales ni universales. Ellas sirven a unos sectores y perjudican a otros. Los economistas colombianos, como Eduardo Sarmiento, nos explican que las políticas económicas oficiales son mejores si favorecen el desarrollo nacional, protegen el mercado interno y la producción nacional. Algo que no tiene en cuenta los ministros y asesores del Ministerio de hacienda en Colombia, asustados por las mediciones de organismos internacionales que, como el S&S y el BBB, expresan lo que para ellos es recomendable en el mercado internacional para no afectar los intereses monopolistas del capital, de suceder lo cual no tienen empacho en irse del país.
No es la economía una ciencia natural, como la física o la química. Es una ciencia social. Comporta particulares concepciones acerca de las relaciones sociales en la producción, por lo cual las leyes económicas no mandan per se en las naciones: son sus gobernantes y con ellos los sectores sociales que estén en el poder quienes eligen las normas que mejor se acomoden al desarrollo de los sectores económicos en los cuales estén interesados. O las que le imponen a gobiernos apátridas los organismos internacionales que no son tampoco neutrales. Son precisamente ellos los que al imponerse la globalización se consolidaron como poderes supranacionales que pretenden sustraer de la esfera de la política y soberanía nacionales los asuntos económicos mundiales. Y la exhiben como una ciencia con leyes impajaritables. Los regímenes tributarios o impuestos, los bienes que se gravan o se dejan de gravar, el recorte de algunos, el aumento de otros, obedecen a criterios políticos que definen que actividad económica se quiere beneficiar y qué sectores económicos y grupos de población se dejan de lado. Cuando se privilegia por ejemplo gravar los bienes que no producen riqueza como los inmuebles (vivienda entre otros) se está afectando por igual a la población en general sin importar sus ingresos. Si los impuestos recaen sobre el consumo como el IVA, sucede que pagan proporcionalmente más los que menos tienen afectando el propio consumo que a su vez incide en lo que se produce.
Plantear como única solución a la crisis otra Reforma Tributaria habiendo en Colombia impuestos que gravan lo inimaginable (producción, distribución, consumo canasta familiar, vivienda, turismo, servicios de todo tipo). Desde el nacimiento hasta la muerte del ciudadano. Una maraña de contribuciones que acogota el verdadero del desarrollo nacional. Entre tanto los gravámenes al gran capital de las grandes corporaciones y empresas multinacionales son exiguos y no proporcionales a sus grandes ganancias. Que ni siquiera se reinvierten en el país si no que se repatrian a sus metrópolis, cuando no se derivan a los paraísos fiscales; para no pagar impuestos por el manejo de tamañas cuentas.
Si no se tiene en cuenta el desarrollo de la producción nacional, venido a menos, ¿qué van a gravar? No será la expatriación de grandes ganancias de los monopolios, ni la renta, ni las grandes industrias que quedan pocas. Queda solo el trabajo y el consumo, impuestos para todos los sectores, sin la progresividad correspondiente a ingresos y necesidades: Iva del 19% para la canasta familiar. 4 x 1.000 a toda transacción bancaria sin consultar origen y monto de las cuentas. Peajes, tasas y sobretasas al transporte, la industria y comercio. Añadamos tributos locales desde valorizaciones y actualizaciones del predial hasta gravámenes a la telefonía, como sucede en Barranquilla. Mientras tanto no paran los despilfarros de activos y dineros públicos como los recientes casos del sobrecosto de cuatro billones de Reficar la feria de Isagén, los contratos leoninos con empresas de ingenierías que no hacen las obras de infraestructura con la calidad requerida; los sobrecostos que sus incumplimientos y leguleyadas le transfieren al estado; los elefantes blancos que se inventan “los puentes donde no hay ríos”. La operación privada y tercerizada de funciones tan sensibles como la atención a menores del ICBF, del Ministerio de Educación y de casi todas las entidades oficiales que desangran el patrimonio y presupuesto nacional.
Significativo que el monto del sobrecosto de Reficar sea hoy el 80% de los 6 billones del recorte presupuestal para la vigencia actual. Por supuesto que deben haber impuestos que garanticen el sostenimiento del estado en beneficio de sus fines sociales y económicos, pero ellos deben ser progresivos, que paguen más los que tengan más. Gravar más la renta que el consumo y el trabajo.
Que no sigamos “unos pagando impuestos que otros disfrutan”.
