Un 25 de marzo de 1980, o sea hace 41 años y 9 meses, en la página 9A de El Tiempo, salía a la luz la primera noticia que adorna este post. Allí, bajo el título “Descentralizar aeropuertos propone director de Aerocivil”, se informaba a grandes rasgos lo siguiente, tomado del pie de foto: “En la tarde de ayer, Álvaro Uribe Vélez, de 27 años, asumió ante el presidente Julio César Turbay Ayala la dirección del Departamento de Aeronáutica Civil. Reemplaza al asesinado director Fernando Uribe Senior. El nuevo funcionario es liberal y antioqueño”.
Uribe Senior, que apenas llevaba seis semanas en el cargo, había sido asesinado exactamente un mes atrás, el 24 de febrero de 1980, en la carrera 44 con la calle 17, de Medellín, de seis balazos, por cuatro sicarios que se movilizaban en dos motos. Dos días después, el martes 26 de febrero, El Tiempo titularía así ese hecho en primera plana: “El asesinato de Fernando Uribe, un total misterio”.
Para esclarecerlo, inicialmente se barajaron tres hipótesis: que había sido una equivocación, que era una conspiración extremista para sabotear las elecciones que se avecinaban, y que había sido una represalia narcotraficante luego de que Uribe Senior anunciara que iba a tratar de controlar los aeropuertos clandestinos del país. Finalmente, aunque voceros de la Aeronáutica Civil la habían descartado, se comprobaría esta tercera hipótesis, ejecutada por el Cartel de Medellín.
Un mes después del asesinato de Uribe Senior, Álvaro Uribe Vélez, el 24 de marzo de 1980, en su discurso de posesión como director de la Aerocivil, no se referiría abiertamente a los aeropuertos clandestinos, pero sí diría que había que darle una protección seria a las pequeñas aerovías y garantizar el servicio a los conciudadanos de regiones apartadas y territorios nacionales. El presidente Turbay, por su parte, además de confirmar a AUV en el cargo hasta el final de su gobierno y de encomendarle como prioridad la construcción del nuevo aeropuerto de Medellín, le desearía muchos triunfos en su “delicado cargo”.
Delicado cargo que no estaría exento de escándalos: el primero se conocería seis meses después de haber finalizado funciones, cuando la revista Cromos, en su edición 3390, del 4 de enero de 1983, publicaría en su página 26 un artículo titulado “En Aerocivil: se ‘embolataron’ $ 46 millones”, ver la tercera foto que adorna este post. Titulo seguido por esta entradilla: “Un contrato suscrito de forma irregular entre el gerente de la administración Turbay Ayala, Álvaro Uribe Vélez, y la firma Colasesores, abre múltiples interrogantes sobre el mecanismo con el que se manejó el dinero de una de las más importantes dependencias del gobierno”.
El objeto del contrato era una consultoría para el estudio de sistemas y procedimientos administrativos, contables y estadísticos. Contrato al que, según el periodista Nelson Sánchez Abaúnza, le habían sustraído 20 folios. Sustracción a la que se le sumaban tres agravantes:
- a) Al momento de firmarse el acuerdo Colasesores se hallaba embargada por un banco, lo que no sería óbice para que se le adelantaran 20 millones de pesos a los 15 días de estampadas las firmas.
- b) Una de las firmas era la de Aníbal Fernández de Soto, exalcalde de Bogotá, quien posteriormente logaría demostrar que “su nombre fue utilizado de mala fe”.
Y c) Aunque la Aerocivil había acordado con Fonade, el Fondo Nacional de proyectos para el Desarrollo, no entregar a particulares la realización del inventario físico, con lo que el contrato se reduciría de 43 a 18 millones de pesos, este, deliberadamente, “se suscribió por la suma inicial”. Y el resto de la operación se llevaría a cabo con ingeniería financiera típica de chanchullos: el contrato se había firmado a un año, pero incluía anexos para pagarle salarios a desconocidos “durante tres, cuatro y hasta 26 años”. Todo lo cual ocurriría mientras, entre julio de 1980 y diciembre de 1981, 226 personas morían en Colombia por accidentes aéreos. Y mientras, entre 1981 y 1982, la Aerocivil gastaba más en viáticos que en compras de equipos: 39 millones de pesos frente a 35.
Posdata 1: Horas antes de que fuera asesinado Fernando Uribe Senior, el ministro de justicia, Hugo Escobar Sierra, había denunciado que la mafia estaba patrocinando listas para concejos y asambleas en la Costa, en lo que sería el primer antecedente de casos como el de la actual ñeñepolítica.
Posdata 2: El 8 de septiembre de 1983, El Tiempo publicaría una noticia titulada “Piden suspender vuelos a naves de narcotraficantes”, la petición se la hacía el Concejo Nacional de Estupefacientes a la Aerocivil: “para contrarrestar el tráfico de droga y limitar la acción de Pablo Escobar Gaviria y Carlos Lehder Rivas en territorio colombiano”. Un día antes el Consulado de Estados Unidos le había cancelado la visa de turista a Pablo Escobar.
Posdata 3: 35 años después, el 28 de abril de 2018, Yohir Akerman, en una columna publicada en El Espectador bajo el título “Las licencias de Uribe”, cuenta que, una vez se materializó la petición del Concejo Nacional de Estupefacientes a la Aerocivil, se suspendieron las operaciones de 57 aviones de narcotraficantes: “Aunque las naves estaban registradas a nombres de otras personas, en realidad eran de propiedad de Carlos Lehder, Pablo Escobar y Fabio Ochoa”.
Posdata 4: Según una investigación de Pares, publicada el 18 de julio de 2019, bajo el título “El clan Uribe: una red de cuestionamientos”, “Antes de la dirección de Uribe en la Aeronáutica Civil, el Estado concedió, desde 1954 hasta 1980, 2.339 licencias. Durante el paso de Uribe en esta entidad, se concedieron 2.242 licencias entre las que, se estima, 200 quedaron en manos del Cartel de Medellín”.
