Expertos de la ONU documentan ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, violencia sexual y privación arbitraria de la nacionalidadEl aparato gubernamental y sus instituciones dirigidas por el antiguo comandante sandinista, entre las que se encuentra la Policía Nacional, perpetraron graves violaciones a los derechos humanos que incluso pueden calificarse como crímenes de lesa humanidad. Ese es uno de los señalamientos de la comisión creada por la Organización de las Naciones Unidas para indagar sobre la delicada situación en Nicaragua.
El Grupo de Expertos sobre Derechos Humanos en Nicaragua (GHREN) detalló las acciones del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo desde las masivas protestas de 2018 que exigieron su salida del poder y que dejaron decenas de manifestantes muertos y un clima de persecución que se extiende hasta la actualidad.
Parte del demoledor documento fue presentado este jueves 2 de marzo en la sede de la ONU en Ginebra y el viernes será formalmente publicado.
Según el jefe del equipo investigador, Jan Simon, “estos crímenes han sido cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy. El aparato estatal en su integridad ha sido convertido en un arma de persecución contra la población”.
Los encargados de la pesquisa subrayaron algunas de las violaciones que se enmarcan en el estudio: detenciones arbitrarias, violencia sexual, tortura y un alto nivel de censura, entre otras.
En este sentido, Simons destacó que “el objetivo (del Gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país". El funcionario resaltó además que la cúpula en el poder estaba “usando como arma las funciones del Estado contra la población”, lo que provoca que los nicaragüenses “vivan con miedo”.
El medio local 'La Prensa' resaltó que el GHREN no es reconocido por Managua, quien asegura que "no existe". Por ello no responderán a las recomendaciones de los integrantes de la comisión. Las 12 cartas enviadas a la dirección del país por parte de los investigadores no recibieron respuesta.
El destierro, entre las armas de Ortega contra las voces críticas
El pasado mes de febrero, Ortega retiró la ciudadanía a más de 300 disidentes. Además de haber sido acusados de traición a la patria, al menos 222 de los imputados fueron liberados e inmediatamente expulsados del país.
En ese marco, Ángela Buitrago, otra de las expertas que conforman el grupo, argumentó que “técnicamente se ha creado una figura” que se creía desaparecida, como es el “destierro”.
Buitrago expresó que “las víctimas han perdido cualquier posibilidad de recibir las pensiones a las que tenían derecho porque han desaparecido del sistema estatal de Nicaragua, con lo que (el Gobierno) les quita la posibilidad de subsistir”.
La experta colombiana agregó que, sumando las consecuencias que esto pueda acarrear para los acusados, Ortega y Murillo ordenaron su “muerte civil” al eliminar sus registros de nacimiento y confiscar sus bienes.
Residente en España, una de las afectadas, la poetisa Gioconda Belli, protagonizó una de las reacciones más comentadas ante la noticia de la eliminación de su ciudadanía. Belli, que colaboró con la revolución de los sandinistas contra el dictador Anastasio Somoza, rompió unas páginas de su pasaporte en un programa de televisión.
“Cuando la historia haya olvidado a estos tiranos, yo todavía voy a estar en mis libros como poeta nicaragüense”, sentenció mientras picaba el documento oficial con una tijera.
El retiro de la ciudadanía fue también rechazado de manera contundente por el presidente chileno Gabriel Boric. "La patria se lleva en el corazón", expresó el mandatario suramericano en Twitter, una de las pocas reacciones de jefes de Estado latinoamericanos ante el hecho.
Pisotear derechos para "garantizar el monopolio del Estado"
La comisión hizo un aparte para puntualizar las “instituciones” y los “actores” que la pareja presidencial utiliza con el objetivo de silenciar las voces contrarias. Además de la Policía, los gobernantes utilizan grupos armados afines, quienes habrían ejecutado a varios opositores o personas percibidas como tales, según reporta EFE, citando la investigación.
El informe subraya que se requieren investigaciones adicionales para indagar en la participación del Ejército en estas labores de presunta "limpieza política".
En otros aspectos, se mencionó que más de 3.000 personalidades jurídicas de oenegés internacionales y nacionales han sido retiradas, tanto por orden ejecutiva o por mandato de la Asamblea Nacional con mayoría oficialista.
La acción tendría como objetivo la reconfiguración “del espacio cívico y garantizar el monopolio del Estado de las actividades comunitarias, de desarrollo y asistencia social”, reza la documentación.
El trabajo investigativo también resalta que al menos unas 38 personas que siguen detenidas se han declarado como "presos políticos".
UE extiende la mano a los nicaragüenses expatriados
Este jueves el subdirector para las Américas del Servicio Europeo de Acción Exterior, Duccio Bandini, afirmó en una sesión de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con los países de América Central, que se estaba viendo “activamente (…) las posibilidades de proveer apoyo urgente a los 222 deportados”.
“Estamos mirando en particular la posibilidad de priorizar a los defensores de derechos humanos en el interior de este grupo de 222 y de los 94 que ya estaban fuera del país”, puntualizó. Entre las acciones de ayuda se encuentran el trámite de permisos de trabajo.
El bloque comunitario dio en su momento la bienvenida a las liberaciones de los opositores a Daniel Ortega, aunque resaltó que “nunca debieron haber sido encarcelados”.
La excandidata presidencial Cristiana Chamorro (izq.), su hermano Pedro Joaquín Chamorro (centro) y el gerente general del diario La Prensa Juan Lorenzo Holmann (der.) en el avión que los llevó de Nicaragua al aeropuerto internacional de Dulles cerca de Washington, DC el 9 de febrero de 2023 © - / La Prensa/AFP
Bandini concluyó que la Unión Europea seguirá “condenando en los términos más duros una represión que se ha venido agudizando contra cualquier forma de disidencia y de oposición y que sigue mostrando violaciones tanto de la Constitución como de los compromisos internacionales adoptados por Nicaragua”.
En abril de 2018 se desataron masivas manifestaciones de descontento por parte del pueblo nicaragüense para pedir la renuncia de Ortega, unas protestas que fueron duramente reprimidas. La actuación del Estado para mitigarlas dejó un saldo de al menos 355 fallecidos y la detención de otros cientos de líderes de opinión.
Desde entonces se han denunciado, hasta "el día de hoy" según el conjunto de expertos, un número importante de violaciones a los derechos de los ciudadanos que adversan el Gobierno de Ortega.
