Los polos de crecimiento son considerados como una teoría de cambios de la estructura económica nacional o regional que permanece en un constante debate discursivo. Sin embargo, se encuentran comúnmente asociados con nuevas empresas o industrias que se establecen en un determinado espacio en el territorio local, institucionalizándose mediante la participación política y la planificación, en procura de mejores condiciones de vida para los habitantes pertenecientes a las comunidades circundantes.
En un reciente artículo publicado en el periódico el Colombiano con fecha del 17 de julio de 2019, se menciona que las subregiones del oriente antioqueño y Urabá perfilan unos polos favorables de crecimiento económico dado que el comportamiento del PIB regional registra una contribución del 9,2% y 6,1% como resultado según la Sociedad Antioqueña de Economistas, de la dinamización que la integración comercial subregional proporciona, al articularse vocaciones económicas comunes que permiten el surgimiento de encadenamientos productivos debido a un mayor volumen de inversión en infraestructura logística, tecnológica y productiva en estas subregiones.
El oriente antioqueño se proyecta como una subregión con amplio potencial caracterizado por tener ventajas competitivas dada su posición geográfica estratégica y por su infraestructura vial, industrial y de prestación de servicio además de la presencia de un sector agrícola que se constituye en una despensa importante en materia de suministro de hortalizas, frutas, productos lácteos, flores, café, caña, entre otros productos factibles de exportación; complementariamente posee un sector textil que contribuye a la producción nacional, así mismo como generador de alimentos, papel, químicos, cemento, pintura y maderas para la construcción; también es cierto que ese gran dinamismo se concentra particularmente en los municipios que hacen parte de la zona del Altiplano o Valle de San Nicolás, conformado por los municipios de Rionegro, Marinilla, El Carmen de Viboral, El Retiro, El Santuario, Guarne, La Ceja, La Unión y San Vicente y las fuentes del crecimiento se explican por fenómenos como la acelerada industrialización, urbanización, instalación de fincas de recreo y ubicación de centros comerciales y de servicios en áreas que tradicionalmente fueron de producción campesina.
De otro lado en la zona de embalses que comprende los municipios de El Peñol, Guatapé, San Carlos, San Rafael, Granada, Concepción y Alejandría se presentaron grandes alteraciones en su dinamismo económico como resultado de la construcción de embalses, de modo que las tierras que antes tenían una vocación agrícola, fueron sustraídas para ser inundadas, dando lugar así al marchitamiento de la actividad agropecuaria del tipo minifundio campesino, haciendo que buena parte de estas localidades dependieran principalmente del turismo como principal actividad económica.
Por ello no se puede plantear de forma generalizada que la subregión oriente es un polo de desarrollo y crecimiento económico homogéneo dado que los restantes centros poblados que aglutinan la zona de páramo conformada por los municipios de Sonsón, Abejorral, Argelia y Nariño; presentan bajos niveles de desarrollo en materia de la precaria dotación de bienes públicos y de infraestructura vial a pesar de su riqueza en la oferta de recursos naturales. Las actividades económicas representativas de la economía rural campesina desarrollada en condiciones inframarginales giran en torno a la producción de café, panela, papa, fríjol, maíz, frutales y ganado de leche; mientras que en la zona de bosques conformada por los municipios de San Luis, Cocorná y San Francisco, se ejercen actividades económicas de tipo extractivo articuladas a la comercialización de especies maderables lo que denota una reducida diversificación de su base productiva.
De hecho, y según el informe de la Cámara de Comercio, Concepto económico del Oriente Antioqueño de 2017, revela que el indicador de la densidad empresarial (número de empresas por localidades y centros poblados) es más alto para la zona del altiplano equivalente al 83,92%, en la zona de embalses es del 7,17%; mientras en la zona de páramo es del 6,07% y finalmente en la zona de bosques es de solo el 2,86%.
No obstante y pese a lo anterior, la subregión del oriente antioqueño está experimentando fuertes presiones que se pueden constituir en graves amenazas de desestabilización ambiental, social y económica que pueden desencadenar fenómenos de pobreza extensiva a buena parte de la población, debido al denodado interés hidroeléctrico y la creciente demanda por licencias de exploración y explotación minera que abren las puertas para la depredación del territorio por parte de las empresas trasnacionales, pero además genera el desplazamiento forzado de su población, al hacer resistencia social para no marcharse de sus territorios.
No todos los beneficios del desarrollo económico que ejercen las polaridades centrales localizadas en la zona del altiplano y zona de embalses, se refleja amplificadamente en el mejoramiento de las condiciones de la calidad de vida de la población, por ejemplo, según el informe a 2018 “Actualidad socioeconómica del oriente antioqueño y su proyección de crecimiento articulado con el papel de la Universidad de Antioquia seccional oriente antioqueño” el indicador de Necesidades Básicas Insatisfechas de los municipios de San Francisco, Argelia, Cocorná y San Rafael presentan altos niveles de pobreza con porcentajes que oscilan entre el 36,23% y el 49,92%. El mismo informe señala que dentro de los municipios con los más altos índices de población en condición de pobreza se encuentran San Francisco (49,9%), Argelia (38,97%), Cocorná (36,23%) y San Rafael (35,1%), lo que evidencia una precaria gestión de las políticas sociales para erradicar la pobreza por parte de las administraciones públicas de forma que se genere un desarrollo ecuánime, equitativo y sostenible para sus habitantes en pro del mejoramiento de su calidad de vida.
Finalmente en la dimensión ambiental y debido al inusitado y desordenado crecimiento de la urbanización, en el 2017 y según un informe de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) seccional Antioquia, la construcción de nuevas viviendas se incrementó significativamente al pasar de 500 unidades en 2010 a 3.100 en 2017, lo que en términos ambientales equivale a la pérdida de 30 km2 de bosque, obviamente que este boom inmobiliario genera un mayor precio de la tierra cercano al 20% en la valoración del suelo rural en el oriente antioqueño, según la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia.
De esta forma, no es posible cuantificar solo estimaciones estadísticas del crecimiento económico por subsectores productivos partiendo exclusivamente de considerar variables macroeconómicas de comportamiento sectorial, dicho espejismo es engañoso si dichas cuantificaciones se hacen de forma sesgada, sin considerar los graves impactos de deterioro que sobre el medio ambiente producen este tipo de desarrollos.
