La Organización Indígena de Colombia (ONIC) y la Organización de los pueblos indígenas de la Amazonia colombiana (OPIAC), ante la no realización de la Consulta Previa, radicaron en primera instancia ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca dos tutelas frente al Proyecto de Ley de Zidres, que se tramita en el Congreso de la República. Este tribunal las negó, sin embargo la Corte Constitucional seleccionó dichas tutelas para su revisión, fallo que sigue pendiente.
Cabe recordar que en concepto reciente la Procuraduría General de la Nación, a través de su Delegada para Asuntos Rurales y Agrarios, señaló que existían vicios de inconstitucionalidad por esta causa en el trámite del Proyecto de Ley, puesto que en los departamentos del Meta y Vichada con la constitución de Zidres se afectarían de manera directa a los pueblos indígenas allí asentados. Además, afirma el Órgano de Control que los pueblos indígenas han sido víctimas al punto de ser considerados por la Corte Constitucional como pueblos en riesgo de exterminio total y porque el Estado no ha tramitado los procesos de constitución y ampliación de resguardos. Sin embargo, y haciendo caso omiso de este concepto, el Congreso continuó el trámite del Proyecto de Ley.
Por esta razón Wilson Galindo, Representante de la ONIC, Consejero de planes de vida, manifestó que participó en la audiencia del proyecto de Ley realizada en La Primavera, Vichada, y evidenció que esa audiencia no constituye consulta y que en ese sentido, el proyecto vulnera los derechos y pretensiones que como pueblos indígenas tienen de ampliación, constitución o saneamiento de resguardos.
La misma organización presentó medidas cautelares ante la Corte Constitucional, las cuales buscan que ante la continuación del trámite del proyecto, se decida de fondo el problema de la consulta previa frente a esta Ley, que no se surtió en los términos que establece la norma. De esta forma, se aplazaría el último debate, en tanto se resuelva la vulneración de los derechos fundamentales que están poniendo en riesgo con esta iniciativa.
Con estas acciones es evidente que la Plenaria del Senado de la República convocada para la próxima semana, no debe votar este proyecto, puesto que iría en contra de la autonomía de los pueblos indígenas en aspectos tan vitales como su territorio, y que el “truco” de blindar el proyecto construyendo una salvedad dentro del articulado para omitir la consulta previa, iría en contra del Convenio 169 de la OIT que la reglamenta.
