Si Alejandro Ordóñez no ostentará el cargo de Procurador General, el libro El último inquisidor sería irrelevante o más bien anecdótico sobre un personaje pintoresco de los que abundan en estas tierras macondianas; se trataría de una especie de Fernanda del Carpio perdida los tiempos posmodernos. El autor nos hace un repaso de los acontecimientos y principios que caracterizan la modernidad y los contrasta con la reacción que suscitaron en las corrientes conservadoras del pensamiento. Para muchos nostálgicos de mundos abolidos por la historia, el problema o la mancha que vino a destruir los órdenes angélicos fue la misma Revolución Francesa donde el predominio de la nobleza y el clero comienza a ser barrido por los vientos de la Ilustración y la Revolución Industrial. Es una herida que aún sangra en muchas mentes que miran hacia el pasado con el deseo de restaurar un viejo orden señorial basado en la desigualdad de los hombres.
Comparar al Procurador con Miguel Antonio Caro o Laureano Gómez no deja de ser una exageración que no se sostiene cuando leemos algunos de sus escritos, en particular, su tesis de grado de abogado, a la cual dedica el autor más atención de la que realmente merece. La cuestión es otra. Qué hacer frente a una persona que utiliza un cargo público para incorporar una agenda ideológica que más allá de su validez o pertinencia, debería ser sometida al escrutinio público dentro de los juegos propios de una democracia. La camisa de fuerza del funcionario público es inequívoca: solo puede hacer aquello para lo que está autorizado y en la forma como la misma ley lo prevé, cualquier otra cosa entra en el territorio del abuso de poder.
La existencia de personajes como Alejandro Ordoñez y del mismo Álvaro Uribe Vélez y, sobre todo, la audiencia que han alcanzado en nuestro medio, además de sus particulares trayectorias burocráticas y políticas en las que hay de todo como en botica, tiene que ver con la tesis del filósofo y profesor de la Universidad Nacional Rubén Jaramillo sobre los efectos en vida colombiana de la postergación de la experiencia de la modernidad, en el sentido de que hay unas condiciones históricas e ideológicas que explican la falta de cohesión social, la intolerancia y muchos de nuestros males irreductibles. Para el profesor Jaramillo, la pesada herencia barroca de la Contrarreforma española explica, entre otras causas, el autoritarismo, el grado de intolerancia contra grupos sociales, la eclosión y recurrencia de muchas formas de violencia, la anomia social, la carencia de un ethos secular o ética civil. Por tanto, la crisis de la identidad nacional estaría relacionada con dicho proceso histórico, en el que los principios básicos de la modernidad fueron relegados por una clase dirigente y una ideología que vieron en su afirmación y praxis una grave amenaza para sus intereses señoriales.
Pero quizás sea un error confrontar al Procurador por el tipo de ideas que lo definen y defiende. Más aún, si el Procurador fuera un hombre liberal o de izquierda y actuara de modo parecido contra corrientes y personalidades conservadoras como lo ha hecho contra líderes de la oposición al establecimiento, estaríamos también frente a un abuso de poder que debería ser repudiado. El problema al que nos enfrentamos es otro y es cómo dentro de las reglas democráticas podemos conjurar una amenaza que, como bien lo señala el autor del libro, viene desde adentro y vemos como el Procurador se vale precisamente, de las ambigüedades y vacíos de la ley para llevar a cabo su proyecto privado con la impunidad necesaria.
Es evidente que el Procurador se equivocó de tribuna para impulsar sus ideas reaccionarias, si lo hiciera como parlamentario, periodista o líder político no habría en principio ninguna cortapisa para una libre discusión pública, pero querer imponer su ideario a través de las facultades disciplinarias que la Constitución y las leyes le otorgan rompe un equilibrio básico de la democracia y pone en cuestión la legitimidad de las autoridades públicas con los riesgos de diversa naturaleza que ello implica.
Por ejemplo, Uribe sin el poder de la dignidad y la burocracia presidencial se ha mostrado con sus verdaderos límites y a muchos colombianos se les revela, ya desnudo de los ropajes del poder, no como un ideólogo, sino como un agitador profesional que se mueve como pez en las aguas estancadas de la diatriba y la acción intrépida.
Algo similar podría ocurrirle al Ordoñez fuera de la Procuraduría, en el sentido de que la reseña que el abogado Hernández de su tesis de grado y de algunos discursos insinúan una pobreza conceptual que contrasta, es cierto, con su gran capacidad para la manipulación política y el clientelismo judicial.
El péndulo de la historia es caprichoso, a veces enloquece y puede girar hacia rutas del pasado, lo vimos en la destrucción de la república de Azaña y del socialismo constitucional de Allende y en la instauración a sangre y fuego de sendas dictaduras que finalmente fueron superadas.
En Colombia ha habido varios intentos de restauración de modelos anacrónicos y autoritarios como la constituyente laureanista inspirada en la falange y el estado comunitario de Uribe inspirado en la hacienda, para no hablar de la hegemonía conservadora, hija de la Regeneración de Núñez. La paradoja de todo esto es que políticos reaccionarios como Uribe y Ordoñez, en apariencia críticos implacables del proceso de paz basados en prejuicios y en la defensa de una legalidad pura en la que nunca han creído ni practicado, no se les conoce una sola crítica al modelo económico y social que está en la raíz de todas las injusticias y barbarie colombianas. Por ello, sus diferencias con el Presidente Santos son una distracción a la galería y una forma de continuar vigentes en términos políticos.
Ordoñez no es el primero pero tampoco El último inquisidor, es un avivato al que comienzan a traicionarlo sus vivezas, un mago al que los conejos que salen de su cubilete jurídico son ratas con olor a naftalina, es un pobre hombre con un buen puesto.
