Ampliar de 166 a 200 el número de representantes a la Cámara constituye un verdadero orangután de la Comisión Electoral Especial, que va en contravía de la opinión pública que desde hace muchos años, con fundadas razones, tiene una opinión altamente desfavorable del actual Congreso, rayana en la indignación.
El Congreso actual, encargado de aprobar las leyes que desarrollan el Acuerdo, tiene una opinión negativa del 79 % y un apoyo del 14 %, el otro 7% prefiere no opinar. Los partidos políticos tienen un respaldo de solo el 9 % y un 85 % de desaprobación, según la última encuesta de Gallup.
La propuesta de la Comisión Electoral resulta desafortunada e inoportuna. Para honrar los acuerdos de La Habana en materia de representación política bastaría con ampliar, para los periodos del 2018 y el 2022, en 5 senadores y 5 representantes el número de miembros del Congreso, tal como está acordado. Ampliar a 200 el número de representantes no se compadece con las necesidades de una verdadera reforma electoral. Es un premio inmerecido a la clase política. El país no necesita más curules, sino un sistema electoral que permita cambiar a la clase política corrupta tradicional. Que nuevas fuerzas y nuevos parlamentarios ocupen las 166 curules actuales con dignidad y decoro. De eso se trata, así de simple.
Esta inaudita recomendación empaña los propósitos de la Comisión de “construir las recomendaciones para modificar el sistema político y electoral de Colombia y dar mayores garantías para la participación política en igualdad de condiciones y mejorar la calidad de la democracia”, según lo acordado en el marco de los acuerdos de paz.
Se trata de una propuesta de ángeles para un país de políticos endemoniados, dedicados a legislar en beneficio propio. Una clase política parlamentaria carcomida por la corrupción, la mermelada y el uso indebido de los recursos públicos para el enriquecimiento propio y el fortalecimiento de sus empresas electorales. Una clase política que goza de total impunidad. No hay manera de juzgar el indebido ejercicio de sus funciones parlamentarias. De las miles de denuncias en su contra solo prosperan algunas. Cuando pierden la curul es porque, como decía Balzac “la ley no castiga a los ladrones sino cuando roban mal”.
La mayoría de los actuales 166 representantes
son personajes anodinos, que nadie identifica ni recuerda
El desprestigio de la Cámara de Representantes es manifiesto. Sobre sus ejecutorias y debates se sabe muy poco. Las escasas palmas se las lleva el Senado. La mayoría de los actuales 166 representantes son personajes anodinos, que nadie identifica ni recuerda. Sobran dedos de la mano para indicar los que se destacan por una buena gestión. Su poder, su oficio silencioso, casi que a hurtadillas, radica en tramitar de manera clientelista recursos para sus regiones, sus feudos electorales, a través de los llamados cupos indicativos, instrumento que el gobierno utiliza a placer para transar respaldos políticos a sus iniciativas. Los cupos indicativos “se han convertido en una maniobra habilidosa –no solo del gobierno Santos hay que decirlo, sino también de los anteriores– para transmutar las normas que rigen el gasto público en instrumentos de beneficio y aprovechamiento político para algunos parlamentarios” (Juan Camilo Restrepo J.). Es el método tradicional que alimenta y reproduce nuestro régimen antidemocrático y clientelista de representación.
Una de las muchas razones que explican la mala imagen del Congreso son sus elevados salarios, los cuales son considerados por la gente del común como un abuso. No es el principal problema, es apenas uno más de los tentáculos de la medusa de la corrupción. De aprobarse la propuesta de aumentar en un 20 % el número de representantes a la Cámara, de 166 a 200, cada año costarían $11.424 millones (34 X $28 millones mensuales, fuera de prestaciones, X 12 meses). En los cuatro años significaría un gasto de $45.696 millones. Los múltiples intentos por reducir los sueldos de los parlamentarios han fracasado estruendosamente.
Aumentar en 20 % el número de representantes a la Cámara
— de 166 a 200— cada año costaría $11.424 millones
Ya tendremos la oportunidad de constatar, una vez más, que senadores y representantes legislan en beneficio propio. Cuando el gobierno presente a su consideración la iniciativa de eliminar el voto preferente y establecer las listas de partido, propuesta por la misma Comisión Especial de Paz, con seguridad olivos y aceitunos cerraran filas para continuar con el actual sistema de listas abiertas. La anarquía organizada de listas, esencia del voto preferente, les resulta más rentable, más cómodo.
Para los políticos tradicionales las listas unificadas de partido les debe parecer una propuesta para ángeles de unos ingenuos comisionados, absolutamente inviable por ser contrario a su interés. Las próximas elecciones parlamentarias están demasiado cerca como para correr riesgos dirán. Ellos, como la mayoría de los colombianos, saben que las listas de partido son solo viables en un país donde existan verdaderos partidos con gran arraigo, representación y participación popular. Lo que abunda en nuestro medio son maquinarias políticas, empresas electorales que expiden avales a ojo cerrado.
Las estadísticas son contundentes y la realidad podría hacerlas más críticas: El 71 % de los colombianos afirma no pertenecer a ningún partido. Solo el 27 % de los colombianos se sienten identificados con algún partido. En 1994, el 39 % de los colombianos se sentían liberales. Hoy solo se declara liberal el 13 %. El 4 % de los colombianos se sienten conservadores a 2013. En 1994 era el 14 %. Solo el 4 % de los colombianos se identifican como del partido de la U, el Partido del presidente Santos. El Polo representa al 2 % de los colombianos. Cambio Radical el 2 %. Los verdes el 1 %. Y otros partidos, el 1%. (Encuesta Gallup 2013).
En un ambiente de incredulidad y desconfianza, de rechazo a la corrupción que a diario destapa un nuevo escándalo, hay que medir el alcance y efecto de lo que se propone en nombre de la paz. El sentido de la oportunidad también es definitivo. El palo no está pa´ cucharas.
Queda por ver si el presidente Santos acoge como suya esta antipopular recomendación. De hacerlo se acrecentará su inocultable desprestigio, y lo que es peor, servirá en bandeja un nuevo pretexto a quienes no han desaprovechado ni desaprovecharan los yerros y desatinos del gobierno para conspirar y marchar contra los acuerdos de paz, la gran estrategia en que está empeñado el expresidente Uribe y el Centro Democrático. La torpeza política tiene costos y los enemigos de la paz saben pasar sus cuentas de cobro.
