Existe una línea muy tenue, sutil y maliciosa entre la protesta legal y justa, y el oscuro y deleznable revanchismo del opositor político vencido, quien prevalido de hordas vocingleras y violentas busca de manera velada o expresa el amedrentamiento y desestabilización del gobierno legítimamente constituido. El anterior caso es aplicable al envanecido caudillo populista Gustavo Petro y a sus colectivos, quienes instilando su neurotoxina alienante y fundamentalista pretendían mostrar sus colmillos y garras de felino predador al nuevo régimen, convocando a acto público paralelo a la posesión de este.
La anterior es una actitud pendenciera, provocadora y reyertera, que distaba mucho de una postura coherente y responsable, que riñe con la paz y convivencia que anhelamos los colombianos de bien. Justificándose de manera maniquea en el nuevo estatuto de la oposición se hizo un despliegue de fuerzas resentidas y llenas de odio, como instrumento urticante de perturbación, lo que distaba de un evento democrático y de buen recibo.
Ello lo único que develaba era la turbulencia y frivolidad de quien alberga el afán de poder como una obsesión alienante. Sin embargo, a última hora todo el libreto varió, ¿razones? Lo grotesco, bajo, ruin e innoble del acto, lo que desacreditaría a las izquierdas en vez de catapultarlas. Así mismo, el gran apoyo a Duque, quien ha unido todos los sectores de la nación y fuerzas vivas como una de las pocas últimas esperanzas de redención. Al final se pasó a unas tímida marcha por la vida, la justicia y la paz, y protesta por la muerte de líderes sociales.
La protesta social es un derecho constitucional pregonado y enarbolado como estandarte libertario por la mayoría de Estados democráticos y de derecho del mundo. Nacido en las fraguas de la Revolución Francesa ha campeado con honor y sin tregua en la defensa de derechos y contra tiranías autocráticas. Su noble fin busca que el pueblo y los diferentes sectores de opinión y gremiales expresen su descontento ante hechos que ellos consideren lesivos de sus derechos, pero cuando ello se convierte en una instrumento, en una máquina infernal de ataque siniestro e inescrupuloso contra un gobierno legítimo, obedeciendo a órdenes e intereses oscuros, perversos y deleznables, pierde su sagrada finalidad.
Por ende la misma debe tener una regulación normativa, una ley estatutaria, que la reglamente y organice. No puede concebirse la protesta como un estallido tumultuario veintejuliero sin control y contención, invitando a la anarquía o al desorden. Eso no es protesta, es desorden y si se quiere terrorismo, pues adueñarse de las calles y las vías de la urbe permite de manera cómoda e impune la infiltración de agentes y factores externos radicales que buscan un solo fin: la desestabilización de las instituciones elegidas de manera libre, legítima y democrática, mediante actos de vandalismo, caos y delincuencia.
Esta primera intentona se frustró, pero vendrán muchas más. La izquierda está al acecho como león rugiente. Todo acto de malestar o descontento popular será hábilmente explotado, infiltrado y permeado, no olvidemos el papel que las aparente desmovilizadas Farc jugarán en todo esto con milicianos entrenados en esta clase de luchas. Jamás la patria había corrido tanto peligro.
Si bien es cierto que la protesta es un derecho fundamental, ello no la instituye como axioma de impunidad absoluta para quebrantar la ley y la autoridad. Ese concepto romántico, añejo y casi irresponsable de “fundamental” está siendo interpretado de manera maniquea y farisea por quienes persiguen fines torvos y deleznables. Como decía Dostoievski: “no olvidemos que el demonio puede citar las sagradas escrituras para cumplir sus propios propósitos”.
Así las cosas y frente a las evidencias y nuevos acontecimientos históricos es menester reglamentar la protesta social dentro de los cauces de legalidad, orden, respeto y autoridad.
