Que Rodrigo Londoño Echeverri sea candidato presidencial es apenas una situación normal después de una negociación de más de 4 años donde se repitió y se difundió hasta la saciedad que la idea era que se dejaran de usar las armas y se usara la palabra. Pero el llamado de dejar de usar las armas no respondía solamente a la idea de que las Farc se desarmaran, sino que ningún actor directa o indirectamente promoviera el uso de la violencia para lograr objetivos políticos como históricamente ha ocurrido y desafortunadamente sigue ocurriendo. Oponerse a la participación de las Farc en política parte necesariamente de la hipocresía o de la ignorancia acerca del conflicto armado ¿por qué?
La violencia ha sido parte inherente a nuestra vida política desde nuestro nacimiento como república. Los partidos Liberal y Conservador desde su creación en 1849 no ahorraron esfuerzos para armar ejércitos y buscar golpes de Estado. Así fue todo el siglo XIX pues quien ganara la guerra gobernaba y escribía una nueva constitución. El siglo XX tuvo pasajes de tranquilidad en lo político después de la guerra de los mil días 1899-1902, pero desde 1930 y mucho más desde 1946, los padres de la patria tanto liberales y conservadores financiaron grupos armados: los conservadores para defender el statu quo (sin duda una estrategia paramilitar) y los liberales para armar guerrillas, algunas de las cuales con el paso del tiempo pasaron de ser liberales a ser comunistas. Sin embargo, esta confrontación iba más allá de lo político, también tuvo un carácter económico, sobre todo desde los grupos armados conservadores, que desplazaron alrededor de dos millones de campesinos.
El Partido Liberal y el Partido Conservador fueron los principales responsables de que se asesinaran más de 200.000 colombianos en la llamada época de La Violencia. No hubo justicia, ni hubo perdón y, en cambio, con el pretexto de dejar de desangrar al país, acordaron un Frente Nacional cuando vieron amenazada su hegemonía durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla. Los Santos, los Lleras, los Gómez, solo para nombrar algunos, a pesar de la evidente responsabilidad de estas colectividades, no han respondido y siguen, de generación en generación, participando en política.
Con el Frente Nacional la violencia no desapareció, si bien se lograron desmovilizar algunas guerrillas, otras se mantuvieron en armas, unas como simples delincuentes y otras como autodefensas campesinas. Lo anterior, sumado a la restricción democrática que representaba el Frente Nacional junto con los graves problemas de acceso a la propiedad de la tierra y un ambiente internacional de Guerra fría, fueron el pretexto perfecto para invocar el camino de las armas.
Sabiendo esto, el presidente Guillermo León Valencia (el abuelo de Paloma), sin buscar soluciones pacíficas ordenó el ataque a las mal llamadas “repúblicas independientes” que dieron nacimiento posterior a la guerrilla de las FARC en la década del 60. Sin una reforma agraria efectiva, sin una posibilidad de participación real en la política para partidos o movimientos ajenos a la élite tradicional y priorizando el uso de la fuerza, el Estado colombiano, bajo el mando de la clase política tradicional, fue quien promovió y permitió el nacimiento del conflicto armado que por fortuna estamos cerca de terminar.
De ahí en adelante surgieron otras guerrillas y otros grupos armados, entre ellos grupos paramilitares que respondían a la defensa de grandes propiedades de tierra amenazadas por los grupos guerrilleros. Pero a la vez respondían, y esto está ampliamente documentado, a defender el poder político local y regional a sangre y fuego. Así fue en los años 80, sobre todo con el éxito electoral de la Unión Patriótica que le quitó momentáneamente algunos puestos públicos a los “mismos de siempre”. Políticos liberales y conservadores no tuvieron inconveniente en aliarse con paramilitares para amenazar y asesinar a quienes les habían quitado o les podrían llegar a quitar electoralmente el poder local, regional y nacional (un ejemplo fue la masacre de Segovia donde se encontró como responsable al político liberal César Pérez García). El resultado de esta estrategia es ampliamente conocido: miles de asesinatos donde se incluyen hasta candidatos presidenciales. Sin embargo, ni hay expresiones de perdón colectivo por parte del Partido Liberal y Conservador, ni oposición de la ciudadanía a su participación política.
Los grupos paramilitares, que no solo respondían a la violencia guerrillera, fueron tomando fuerza y fungieron como “motor del desarrollo”, es decir, estaban a favor de los grandes empresarios y no sólo buscaban “limpiar” de guerrilla las zonas para un funcionamiento más tranquilo, sino que también se dedicaron a acabar con los sindicatos. Y hasta ahora no hay un perdón de los empresarios involucrados en esta estrategia de “emprendimiento”.
Durante la década del 90 y sobre todo con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia, en repetidas ocasiones las Fuerzas Militares actuaron en connivencia con esta agrupación paramilitar u omitieron su deber constitucional para facilitar su accionar. No fue una vez, ni fueron dos veces y los presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana, liberal y conservador respectivamente no han respondido ni han pedido perdón… y ahí están participando en política.
Pero el ejemplo más aberrante de esta forma de hacer política con armas por parte de nuestros “padres de la patria” ha quedó ampliamente demostrado en los últimos años. Partidos que fueron aliados al gobierno de Álvaro Uribe y que ahora son parte de la Unidad Nacional como el Partido Liberal, el Partido Conservador, Cambio Radical y Partido de la U, solo para nombrar algunos, hicieron pactos con paramilitares para facilitar la victoria en elecciones. Muchos miembros de estos partidos están en la cárcel y muchos de ellos están siendo investigados. El fuerte aplauso que recibió Salvatore Mancuso en el congreso de la república durante el gobierno de Álvaro Uribe es apenas una reacción lógica de decenas de miembros elegidos gracias a las armas del paramilitarismo. Ahí están esos partidos listos para participar en las próximas elecciones… y no hay ciudadanía indignada.
Además, los partidos que acabo de nombrar no están solamente en el ojo del huracán por parapolítica, sino por sus constantes actos de corrupción. No hay semana en que algún político de estas colectividades, incluyendo al Centro Democrático, termine salpicado por algún escándalo de corrupción. Esto es algo que no responde a la explicación de “algunas manzanas podridas”, es un comportamiento sistemático y por lo cual como colectividades deben, si hay por lo menos un asomo de ética, pedir excusas públicas al país.
Hay suficiente evidencia histórica para demostrar cómo la élite política tradicional ha sido más nociva incluso que las mismas Farc para el país. Y, sin embargo, esta élite en su mayoría, de forma sumamente hipócrita, se opone a la participación política de las Farc sin estas antes haber respondido por sus crímenes. ¡Hágame el favor! ¿Con qué cara viene a exigir un miembro del Centro Democrático, de Cambio Radical o del Partido Conservador a las Farc a responder por sus crímenes cuando ellos ni siquiera han sacado un comunicado escrito disculpándose con Colombia por todos sus escándalos de parapolítica y corrupción? Por lo menos las Farc les han dado la cara a las víctimas y están comprometida a cumplir con lo pactado en materia de justicia transicional.
A la ciudadanía que se opone a la participación de las Farc en política la entiendo, están embriagados de la desinformación histórica de nuestros grandes medios de comunicación que terminaron responsabilizando a las Farc de manera casi exclusiva del conflicto armado e incluso de otros problemas del país. Es completamente comprensible la mala imagen que gozan y que en parte se merecen, pero es desequilibrado respecto al rechazo e indignación que debería generar la clase política tradicional. Solamente la ignorancia de la dinámica del conflicto y de la responsabilidad de los escándalos de corrupción explica que haya indignación porque las Farc participen en política, mientras los “mismos de siempre” se disputan el poder político sin verdad, sin justicia y sin reparación alguna.
Por mi parte no me opongo a que el próximo año los partidos tradicionales participen en política a pesar de toda la responsabilidad que tienen en sus espaldas. ¿La razón? Soy realista, la clase política tradicional no se piensa someter, ni piensa responder al país (por eso desde ya desprestigian la futura comisión de la verdad). Entonces, al ver cómo un sector responsable del conflicto no va a responder y va a seguir participando en política como si nada hubiera pasado, lo más equilibrado y sensato es permitirle al otro actor hacerlo. Además, esa era la idea del proceso de paz, que las Farc dejaran las armas y participaran en política y hasta ahora han cumplido. Esperemos que la otra parte cumpla y se comprometa, aunque ya van decenas de muertos entre líderes sociales y excombatientes.
Nota: No votaré por las Farc por la misma razón que no votaré por el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador y Partido de la U. Mi ética no me lo permite.
