El panorama era alarmante para los hospitales que forman el sistema de salud del Valle del Cauca en 2016. Para inicio de año, las deudas de la Entidades Prestadoras de Salud (EPS) con los centros médicos, clínicas y hospitales públicos por servicios no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS) ascendían a casi $460.000 millones. Como si fuera poco, los hospitales más importantes del departamento, dada su capacidad para atender pacientes, padecían una terrible situación financiera y varios estaban ad portas de la liquidación. Y, para colmo de males, las tazas de mortalidad materna y embarazo adolescente eran considerablemente altas, siendo este último ítem uno de los más elevados en el país.
Había mucho por hacer y poco tiempo. La gobernadora, pero a su vez médica Dilian Francisca Toro, conocía mejor que nadie la situación y su prioridad era cambiarla, tal como lo había planteado en la campaña que le dio el triunfo en octubre de 2015. La operación de salvamento financiero de la red hospitalaria del Valle del Cauca implicaba audacia con responsabilidad. Tenía que empezar por lograr que las EPS cumplieran por los servicios a los que accedían sus afiliados. La alternativa que encontró no fue la más deseada, pero había que atender la situación con urgencia.
A través de una cesión de la deuda, para así obviar a los intermediarios y agilizar los trámites, Toro acudió directamente a los Institutos Prestadores de Salud (IPS) para saciar el pasivo que las EPS tenían con ellos.
“Hicimos un acuerdo con las EPS que nos cedieron las facturas y nosotros les hemos venido pagando a los hospitales. Con eso pudimos meterle recursos al Hospital Universitario del Valle. También pudimos abrir Cartago y estamos en proceso de mejorar Buenaventura”, explicó la mandataria sobre el proceso.
Al día de hoy, el Valle del Cauca ha destinado recursos para calmar la deuda en un 47% y se espera que otros $78.000 millones sean pagados antes de septiembre de 2019. Sin embargo, aún faltarían $162.000 millones de pesos por asumir con tal de cumplirle a los hospitales y es aquí donde el Gobierno Nacional ha decidido dar una mano.
El Acuerdo de Punto Final, que fue una de las “bondades” más resaltadas del Plan Nacional de Desarrollo (PND) que presentó el Gobierno al Congreso, se concibió como la formula mediante la cual se pretende acabar de forma definitiva con los números rojos del sistema de salud en los regímenes contributivo y subsidiado con respecto a los servicios y tecnologías no incluidos en el POS. Se diseñó, además, de tal forma que consista en un esfuerzo conjunto entre gobierno central y gobierno departamental para combatir una deuda que en 2018 ascendió a los $2,2 billones en el régimen subsidiado.
Juan Pablo Uribe, actual ministro de Salud, asistió el pasado mes de julio a Cali y se reunió con la gobernadora Toro para anunciar la puesta en marcha del Acuerdo de Punto Final en el Valle del Cauca. Insistió en que los primeros beneficiados con esta medida serán los pacientes y aclaró que los $162.000 millones de pesos que se inyectan al sistema, los cuales irán como pago también a IPS de carácter privado, no pueden ser percibidos como renta.
“La coyuntura exige que los recursos vayan a la red asistencial a la que se le está debiendo y lo primero es honrar las deudas con el talento humano” afirmó el jefe de cartera.
Pero las deficiencias no se limitaban a un tema económico, la infraestructura también requería atención inmediata. El Hospital Universitario del Valle (HUV), el más grande del suroccidente colombiano, estaba próximo a ser liquidado y sus instalaciones eran prueba viva de la precariedad con la que tenían que arreglárselas los profesionales de la salud. Los médicos y enfermeras, además de no haber recibido un solo peso durante los últimos seis meses, debían lidiar con insuficiencia de insumos y camillas. A pesar de que querían prestar un servicio en las mejores condiciones, la realidad era un obstáculo insuperable.
En este aspecto resultó fundamental la Ley 550 de 1999. Esta norma, que en su interior contiene la reestructuración de entidades territoriales, sirvió para que la Gobernación cobijara al HUV con un régimen más condescendiente de acuerdo con sus necesidades del momento.
“No era fácil (incluir al HUV en la Ley 550), pero la idea era que lo pudiéramos hacer para evitar los traumatismos que nos daban cuando nos embargaban las cuentas. Porque el Hospital recibía cualquier pago y las cuentas se embargaban y entonces no podíamos ni siquiera pagar”, recordó la gobernadora.
Esta determinación, junto con la sistematización de algunos procesos administrativos como los de facturación, abrió la puerta para que el HUV diera un paso en pro de la autosuficiencia. Para el presente año, el centro médico gozó de un presupuesto de 357.000 millones de pesos, 35% más si se le compara con el 2018. Los salarios son ahora cancelados oportunamente, nuevos equipos han sido adquiridos y los ingresos crecieron hasta siete veces.
Y otros de los puntos altos en el área de salud en el Valle viene de la mano de la mejoría en términos de salud pública. En el lapso de dos años, de 2015 a 2017, se obtuvo progreso al reducir casos de problemáticas que aquejan, particularmente, a los sectores más olvidados de la población.
La mortalidad materna, por cada 100 mil partos, pasó de 63,7 a 25,2. Y el embarazo adolescente, que tuvo al Valle como uno de los departamentos con mayor número de casos, bajó sus niveles de 50,9, por cada 100 mil habitantes, a 48,09. Asimismo, se implementaron políticas para que el departamento se convirtiera en pionero, a nivel nacional, de procesos de tamizaje neonatal para poder detectar oportunamente las enfermedades huérfanas en bebés y así impedir casos de muerte súbita. Un proceso que ha tomado una dinámica que no puede detenerse y que convertirá al Valle en una referencia en la atención pública de salud.
*Con información de la Gobernación del Valle
