Nunca antes se había suscitado una coincidencia tan unánime en los siete departamentos de la Costa Atlántica, en cuanto al rechazo generalizado de las excesivas y descomunales alzas en las tarifas eléctricas de todos los estratos socioeconómicos y el sector empresarial, que ya no aguantan más la iniquidad manifiesta, acompañada de la baja calidad del servicio eléctrico.
Es un fenómeno que lesiona gravemente la calidad de vida de más de once millones de personas, muchas de las cuales tienen que dejar de comer para poder pagar las insoportables tarifas.
Menoscaba también la competitividad del sector productivo, a tal punto que muchos empresarios han emigrado o están en ese dilema, por cuanto los costos de producción no dan para competir con otros pares del país o allende las fronteras.
Se dice que el tema está sobrediagnosticado y que urge presentar las salidas a la caótica situación. Sin embargo, es pertinente hacer un breve resumen de contexto de los orígenes de la problemática tarifaria en la Región Caribe.
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Lo primero es que las mayorías parlamentarias, a instancias del gobierno de Iván Duque, aprobaron el Plan Nacional de Desarrollo 2028-2022, Ley 1955 de 2019, cuyo artículo 318 determinó la creación de un régimen especial tarifario para la Costa Atlántica, porque “los costeños pagaban tarifas muy bajitas” y había que subirlas por encima del resto del país.
La CREG expidió la Resolución 010 de 2020 dándole cabida a los aumentos con dos premisas: una, que el futuro plan de inversiones de las empresas AIR-E y AFINIA sería pagado vía tarifas de manera anticipada y que el rubro de pérdidas reconocidas lo podían incrementar, con alzas que llegaron al 600%.
Todo esto fue ratificado y rebasado con la Resolución 078 de 2021, que les dio luz verde a las alzas tomando como base el avalúo de los activos adquiridos por AIR-E en 2,44 billones de pesos, cuando se supo que los astutos compradores solo pagaron por ellos $285.000 millones.
Un año después de iniciadas las alzas, el DANE certificó esta semana que las tarifas de la Costa eran el doble que las del resto del país, cercanas al 50 % anual.
En medio de protestas, que no se veían desde los caóticos tiempos de Electricaribe, la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos realizó un plantón el viernes 9 de septiembre en Cartagena con delegados de todos los departamentos de la región, en el marco del Congreso de Andesco, para hacerle entrega de una carta abierta al presidente Gustavo Petro con unas propuestas tendientes a rebajar las tarifas eléctricas de la Costa, las cuales son las siguientes:
Primera, derogar las resoluciones de la CREG mencionadas anteriormente, segunda, tener en cuenta de no repetir en la nueva reglamentación los cobros anticipados del futuro plan de inversiones y tercera, que el cobro de las pérdidas eléctricas sea el que se venía cobrando anteriormente, similar al del resto del país.
También se requiere rebajar la tasa de rentabilidad altísima que tienen estas empresas eléctricas de 11,36 % anual (Resolución CREG 007 de 2020), cuando a nivel mundial no sobrepasa el 7 %.
Además, que se debe utilizar el parágrafo primero del artículo 318 de la Ley 1955, que estipula que “Con recursos provenientes del sistema general de regalías se podrán financiar inversiones en infraestructura eléctrica, como aportes que no incidirán en las tarifas”.
También es necesario el concurso financiero del Gobierno nacional, ya que no se les puede descargar la crisis eléctrica a los usuarios, que nada tienen que ver con ella.
Ahora, han surgido propuestas emanadas del congreso de Andesco, como por ejemplo que la llamada opción tarifaria que están aplicando para diferir las descomunales alzas a cinco años, una especie de gota a gota mensual, sea ampliada a siete años, lo cual no es ninguna solución porque es aceptar los incrementos insufribles que se están dando y que se van a acumular con otros cobros que se aplazaron en la época de la pandemia del covid19 y que según cifras de empresas del sector alcanzan los cuatro billones de pesos. Sería pasar de las llamas a las brasas.
La salida más conducente es la propuesta de la Liga Nacional de Usuarios, que coincide con otras organizaciones, resumida anteriormente, y que se implemente una Mesa de Concertación Regional en la que estén representados el Gobierno Nacional, autoridades territoriales, congresistas, diputados, concejales, ediles, ligas y organizaciones de usuarios, comunales, gremios empresariales, obispos de la Provincia Eclesiástica de Barranquilla y otras regiones, academia, medios de comunicación, para llegar a acuerdos que desechen los insoportables aumentos tarifarios.
