Hace más de un año La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le ordenó al Estado brindar soluciones inmediatas a la desnutrición de los niños y a la muerte de muchos de la etnia Wayuu, originada por la corrupción en los recursos públicos de La Guajira. La exgobernadora Oneida Pinto está señalada entre otros políticos por estos malos manejos. La CIDH pareció olvidar esto, a la hora de aceptar la demanda que interpuso, valiéndose de su condición de indígena Wayuu, para buscar una protección especial frente a las acusaciones penales por el desvío de $18 mil millones, que pesan en su contra por parte del Fiscal Néstor Humberto Martínez.
Aunque está destituida del cargo, Oneida no pierde su poder local. Controlan junto con el rector de la Uni Guajira Carlos Robles y al detenido Kiko Gómez con las mayorías en la Asamblea departamental que controla la destinación del millonario presupuesto del departamento. Con su bloque de diputados amigos buscan atravesársele a los proyectos del nuevo gobernador Wilmer Gonzalez. Entre ellos están Hilbert Pinto, Idelfonso Media, Astrid Ariza, Mikael Castilla, Blas Quintero, Rimar Rodríguez, Genaro Redondo y Michel Pérez, ocho diputados de las los once diputados, que pueden hacer mucho daño.
