El pasado 1 de julio, se cumplieron 12 años de la promulgación de la sentencia Masacres de Ituango vs Colombia (2016) por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. Sorprende el plural del sustantivo masacre. Se muestra allí cómo una fuerza paramilitar atacó a dos poblaciones y cómo un Estado (el colombiano) omitió sus más simples deberes de protección y cuidado.
Si bien el sustantivo masacre lo hemos venido usando desde La Conquista, La Colonia o la violencia partidista, los contextos han variado. La sentencia Masacres de Ituango vs Colombia hace referencia a dos hechos ocurridos en el departamento de Antioquia, en corregimientos del municipio de Ituango, cuando Álvaro Uribe Vélez era su gobernador.
La primera, en el corregimiento de La Granja, el 11 de junio de 1996. Allí asesinaron a cinco campesinos. Como la gran mayoría de las masacres ocurridas entre finales de los 90 y mediados de 2000, se sabía que iba a pasar y revela la omisión como estrategia gubernamental. Para el caso de La Granja, la Comisión Interamericana recogió testimonios que establecieron que los bloques paramilitares se paseaban por las profundidades del Nudo del Paramillo con mapas de la zona en los que identificaron con cruces rojas los pueblos que luego atacaron.
Los paramilitares se tomaron el corregimiento de El Aro durante 17 días,
en los que torturaron y asesinaron a igual número de personas.
Luego, más de seiscientas se desplazaron. ¿Puede eso llamarse omisión?
La segunda, fue en corregimiento de El Aro, durante varios días de octubre de 1997. El gobernador Uribe estaba a punto de terminar su periodo de omisiones, tal como lo estableció años más tarde investigadores de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que investigó las masacres. Hay un hecho, en toda esa hilera de irregularidades, que configura la más grande omisión de un gobernante. Los paramilitares se tomaron el corregimiento de El Aro durante 17 días, en los que torturaron y asesinaron a igual número de personas, como si correspondiera un día para cada víctima. Luego, más de seiscientas personas se desplazaron. ¿Puede eso llamarse omisión? O es simplemente la prueba de la alianza criminal entre paramilitares, fuerza pública y Gobierno local.
La sentencia Masacres de Ituango vs Colombia abunda en pruebas y referencias sobre la alianza. El experto en temas de derechos humanos y justicia transicional Bjorn Pettersson ayudó a recopilar pruebas e información sobre los sucesos de las masacres. Sus hallazgos sirvieron de sustento a la Corte Interamericana para condenar al Estado colombiano. Pettersson estableció, entre otras omisiones, que “las masacres en Ituango fueron realizadas por grupos paramilitares que actuaron conjuntamente con las fuerzas armadas de Colombia, o que al menos contaron con la aquiescencia o tolerancia de éstas”. Además que “las autoridades no adoptaron las medidas preventivas a pesar de saber que existía una incursión paramilitar en Ituango”. Que “El grupo paramilitar involucrado permaneció varios días en la zona, recibiendo apoyo militar y logístico de las fuerzas armadas colombianas”. Que “Las medidas impulsadas por el Estado para que los desplazados regresaran a sus comunidades de origen se impulsaron sin que se pudieran garantizar condiciones de seguridad mínimas y sin que hubieran desaparecido las causas que generaron el desplazamiento”. Que “La posibilidad de retorno de las personas desplazadas de Ituango no era factible debido a la presencia de grupos paramilitares en el norte de Antioquia, así como de la colaboración de ciertos sectores de las fuerzas armadas colombianas”. Y siguen otros asuntos. Como si fuera poco, luego de la omisión siguió el desamparo.
Si uno toma esos hallazgos y los lleva a otros contextos como la masacres de Chengue, en el municipio de Ovejas; El Salao, en El Carmen de Bolívar, o la de San José de Playón, en Marialabaja la manera de operar es la misma: omisión y desamparo. Igual podríamos pensar de los asesinatos de los líderes sociales ocurridos en lo que va corrido del mes de julio.
A comienzos de junio, la Corte Suprema de Justicia determinó que los hechos registrados en las masacres de Ituango son de lesa de humanidad que establece la imprescriptibilidad de los delitos y la búsqueda a fondo de los responsables, en los que Álvaro Uribe tiene responsabilidades por sus omisiones, según la CIDH y su sentencia que condenó al Estado Colombiano. Ernesto Samper era el presidente en ese entonces.
Desde la arremetida paramilitar de los años 2000, cuando Uribe era presidente hasta los asesinatos de los líderes sociales, como antesala a la posesión del nuevo presidente, el gobierno colombiano ha demostrado su vocación omisiva, su vocación para desamparar a aquellos que luchan por sus ideales o habitan en determinados territorios que son contrarios a los intereses de quien gobierna o de fuerzas oscuras que los respaldan. Ese parece ser el panorama de omisiones y desprotecciones que se renueva.
