No dejan de sorprendernos los señores y señoras de las Farc que viven en Cuba a cuerpo de rey. Ahora ya tienen noticiero de televisión. Me tomé el trabajo (y bastante grande) de ver su última emisión en Internet.
Los presentadores son la holandesa Tanja Nijmeijer, alias Alexandra Nariño, y un tal Boris Guevara del que poco o nada se sabe. La europea, en cambio, es conocida de autos: está pedida en extradición por el gobierno de Estados Unidos como copartícipe del secuestro en 2003 de los contratistas norteamericanos Thomas Howes, Keith Stansell y Marc Gonsalves.
La holandesa de 36 años —12 de ellos en el grupo guerrillero—, antes de irse para el monte, azotó a Bogotá con ataques a estaciones de Policía y con bombas incendiarias al servicio de transporte masivo Transmilenio y a almacenes como Makro y el Éxito, según información de la Unidad Nacional contra el Terrorismo de la Fiscalía.
Pues bien, en el noticiero tanto Alexandra como Boris nos cuentan a su manera todos los detalles del proceso de negociación que desde hace más de dos años se adelanta en La Habana. “La noticia desde la perspectiva insurgente”, enfatiza la holandesa antes de pasar a titulares y de darles un saludo a todos los guerrilleros y guerrilleras que están en las cárceles colombianas.
En el cuarto noticiero, correspondiente a los días 28, 29 y 30 de octubre, el primer titular fue bien particular: “FARC-EP señalan responsabilidad del Estado frente a víctimas del conflicto”. Que las Farc sindiquen al Estado es nada menos que un chiste de mal gusto.
Ciertamente ha habido muchos casos en los que se ha probado la responsabilidad del Estado en la violación de derechos humanos. Pero, creo yo, no son las de las Farc ni las de sus delegados en la isla las voces más autorizadas para cuestionar a agentes estatales que han cometido crímenes. Tiene que ser el propio Estado y sus autoridades los encargados de castigarlos. ¿Acaso en sus 50 años de existencia no son los integrantes de las Farc —junto a los paramilitares— los mayores perpetradores de crímenes?
Más adelante le correspondió a una tal Yira Castro presentar en el noticiero un informe según el cual las Farc “como fuerza político-militar, beligerante en el conflicto social y armado desarrollado en Colombia desde hace más de 50 años, es evidente que hemos intervenido de manera activa y hemos impactado al adversario y de alguna manera afectado a la población que ha vivido inmersa en la guerra”. Léase bien: “de alguna manera”.
Según el fulano conocido con el alias de Pablo Atrato, “la población no ha sido ni blanco principal ni blanco secundario de las acciones defensivas u ofensivas de nuestras estructuras armadas, es decir, nunca ha existido en las Farc-EP una política de determinación subjetiva para la victimización sistemática y deliberada contra la población”.
O las Farc no tienen memoria o nos creen desmemoriados a todos los colombianos. Veamos: el 7 de febrero de 2003 hizo volar con explosivos el Club El Nogal de la capital colombiana con saldo de 36 civiles muertos y unos 200 heridos (también civiles). A mediados de 2007 las Farc anunciaron que en “confusos hechos” habían muerto 11 de los 12 diputados de la Asamblea de Valle del Cauca que habían secuestrado cinco años atrás en Cali (todos eran civiles). En febrero de 2006 las Farc asesinaron a nueve concejales del municipio huilense de Rivera, que, a propósito, eran civiles.
Y ni qué decir de los miles de civiles secuestrados y extorsionados durante estas cinco décadas. ¿Y qué de los civiles que han muerto o han sufrido mutilaciones como consecuencia de minas antipersonales? Y no sigo con la lista porque el espacio no me lo permite y porque seguramente me van a decir que, en vez de una columna de opinión, mejor escriba un libro del tamaño de un directorio telefónico de los viejos.
No se puede sellar paz alguna, señores, sobre la base de mentiras. Desde luego que todos queremos paz: pero qué bueno sería una paz duradera, definitiva y sin impunidad. Ya la fiscal de la Corte Penal Internacional, la gambiana Fatou Bensouda, le advirtió al fiscal colombiano Eduardo Montealegre que en el caso de los guerrilleros que han cometidos delitos de lesa humanidad “sin prisión efectiva no hay justicia”.
El mundo ha cambiado, y hoy existe una justicia con alcance mundial que muy seguramente ni verá con buenos ojos ni permitirá que personajes como alias Romaña se pavoneen impunes por las calles de La Habana, como si en Colombia estuviésemos obligados a olvidar todas las atrocidades cometidas.
