La reciente noticia de una multa de $834.000 a unos ciudadanos por comprar una empanada en un puesto de venta ambulante ha causado revuelo, despertando la indignación de la ciudadanía y reviviendo viejos debates como la informalidad o la invasión del espacio público. Sin embargo, la discusión solo toca la superficie del tema, son muchas más profundas las problemáticas alrededor de este negocio y caer en los extremos de la prohibición o la permisividad no las van a solucionar.
En primera instancia, hablar de comida callejera en Colombia es algo natural. Nuestra cultura, nuestra riqueza gastronómica, el espíritu de emprendimiento y la informalidad que caracteriza construyen un ambiente perfecto para la proliferación de estos negocios, que ya son más de 21.000 en la ciudad de Bogotá. Creo que, la mayoría, sino todos los colombianos hemos comprado un alimento en la calle, pues la facilidad y la amplia oferta, que incluye frutas, cereales, helados, hamburguesas, perros, arepas, empanadas, sándwiches, y hasta hormigas culonas, ha hecho que comprar comida en la calle sea parte de nuestro día a día.
Pero esta normalización, está desconociendo 3 derechos muy importantes y que fruto de esta actividad, se ven afectados vendedores, compradores y la sociedad en general.
El primer derecho afectado, es el derecho a la salud (Art 49. Constitución Política). Y es que no puede ser tan claro, gracias a lo arraigado de la práctica, pero lo cierto es que los alimentos que son preparados y expendidos en la vía pública son un peligro para la salud de los consumidores. Cuestiones tan simples, como el lavado de manos, limpieza de los utensilios, refrigeración, control de plagas, contaminación ambiental, convierten a estos alimentos en el alojamiento de peligros físicos, químicos y biológicos. Algunos dirán que es una exageración, pero constantemente se han encontrado alimentos callejeros contaminados, con heces de roedores, con hongos y otros agentes peligrosos para la salud de los consumidores (Ver: Hallan heces de roedores en comida de vendedores ambulantes de TransMilenio).
Este aspecto se intentó regular hace más de 25 años, mediante la Resolución 604 de 1993, pero después de esto la norma no se implementó, debido a que primero se requería reglamentar el uso del espacio público (lo que se tratará más adelante) y también a que el estado colombiano tiene otras prioridades, sin olvidar que las ventas ambulantes le convienen en muchos aspectos, por lo que ha decidido ser un cómplice silencioso en este problema de salud pública.
Según un informe del Instituto Nacional de Salud, en 2015 se presentaron 11.783 casos de Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETAS) en Colombia, y se estima que los casos registrados son solo una fracción de los datos reales, puesto que países con mejores sistemas de salud y menor población, como Australia se presentan 5.4 millones de casos anualmente, generando un costo para el sistema de Salud de 1,2 millones de dólares (Ver: El panorama de las ETAs en Colombia). En Colombia, la población está acostumbrada a que un alimento “le caiga mal” un par de veces al mes, y estos casos no se registran hasta que no requieren hospitalización. Un tema de regulación en materia sanitaria es un tema que no da espera, puesto que las enfermedades transmitidas por alimentos van más allá de un simple dolor de estómago. Un alimento contaminado puede causar graves afectaciones, como daños neurológicos, cardiovasculares y hasta la muerte.
Por otra parte, se encuentra el derecho al trabajo (Art. 25 Constitución Política). Este se ha usado mucho, para defender esta actividad económica, puesto que representa el único ingreso para muchas familias, configurándose como una necesidad para su supervivencia. Pero al contrario de lo que se puede pensar, el defender esta actividad de la manera cómo funciona actualmente, violenta el derecho al trabajo de los ciudadanos, especialmente de los más vulnerables. Para analizar este punto, debemos mirar más a fondo, más allá de la persona que al no tener una educación, u opciones laborales, inicia un negocio de venta callejera de alimentos, para su sostenimiento y el de su familia. Esta realidad que percibimos ya no es cierta en la mayoría de los casos, puesto que como en la mayoría de los sectores, la mafia se ha apoderado de las ventas ambulantes.
Y para continuar el análisis, se debe mencionar el tercer derecho afectado: el espacio público (Art. 82 Constitución Política). En este artículo se menciona que es deber del estado regular el uso del espacio público, teniendo en cuenta la prevalencia del interés general sobre el particular. Pero a pesar de esto, en ninguna ciudad del país se ha podido generar una reglamentación clara acerca de las ventas de alimentos en la vía pública, convirtiendo de nuevo al estado en un cómplice, esta vez de la inseguridad laboral y la invasión del espacio público. Al no existir presencia del estado, más que la clásica represión esporádica, las mafias se han apoderado del control del espacio público. Se ha configurado un concierto para delinquir, entre las bandas criminales, funcionarios y la policía para controlar el uso del espacio público, generando zonas de ubicación, clasificando, organizando y extorsionando a los comerciantes. Y más que especulación, es una realidad, retratada en casos como este (Ver: Policía condenado pone en evidencia red de agentes que extorsiona a vendedores ambulantes) en el cual, un Sargento de la policía dirigía una red de corrupción alrededor del uso ilegal del espacio público, extorsionando a los comerciantes de una zona en Bogotá.
Pero las mafias no se limitan al control del uso del espacio, se encuentran presentes en toda la cadena: fabricación de los puestos, logística de los alimentos, control de las ventas, contratación de empleados, entre otras. Incluso, se han creado “franquicias” de negocios ambulantes, principalmente de comidas rápidas, fácilmente reconocibles por sus diseños y marcas. Estas son altamente rentables, y se manejan como cualquier otro negocio de franquicias, solo que aquí no se pagan impuestos, lo que lo hace aún más lucrativo.
Así que cuando usted compra un alimento en la calle, debe tener claro que puede no estar apoyando a una familia de bajos recursos en su forma de subsistir, sino está exponiendo su salud e integridad, además de proveer recursos a una estructura mafiosa y criminal, que contrata a una persona a $20.000 pesos al día, sin ninguna seguridad, prestaciones, ARL, que evade impuestos, que extorsiona y que se lucra a costa de violar estos 3 derechos.
Ante esto, el estado ha permanecido impasible, cómplice por omisión y muchas veces por corrupción, puesto que esos vendedores explotados alimentan las bases de datos del empleo, así mantienen el desempleo en un solo dígito, pero la informalidad es mayor al 50%. Así se perpetúa un modelo de país informal, desigual y corrupto, las tres piernas del status quo colombiano.
Sin embargo, solo criticar el estado actual de la situación sería una crítica vacía. El Estado tiene el deber de encontrar una manera de regular esta actividad, para garantizar la elaboración de alimentos seguros, el trabajo digno y el buen uso del espacio público. Inicialmente debe regularse el uso del espacio público y luego crear iniciativas de reubicación, establecer zonas con potencial comercial, organizadas, que posean las condiciones sanitarias mínimas, donde se garantice que la mayoría de comerciantes sean personas en condiciones de vulnerabilidad, y que su subsistencia depende de esta actividad. Se puede encontrar un balance entre la prohibición y la permisividad: regulación.
Así que antes de comerse otra empanada callejera, piénselo dos veces y no solo por la multa.
