Como el debate del Plan Nacional de Desarrollo, el del Presupuesto General de la Nación suele disfrazarse de técnico y asunto de expertos, siendo dos leyes claves que definen el carácter del gobierno que los presenta a un Congreso, en general, poco preparado para determinar las consecuencias de sus votos, casi siempre favorables. Su discusión además suele pasar desapercibida para el público gracias al silencio de los medios de comunicación nacional.
Así, sin mucho ruido, la semana pasada inició la aprobación, en sesión conjunta de las comisiones económicas de Senado y Cámara, del Presupuesto General de la Nación para el año 2020. El techo de gasto autorizado fue de 271,7 billones de pesos.
Pero la clave de este presupuesto del 2020 es que una parte será financiada con la venta de nuevos trozos del patrimonio de la nación, lo que el gobierno llama “otros recursos” que sospechamos y alertamos, no es otra cosa que la venta de las principales empresas del Estado: Ecopetrol, Cenit que es su filial más importante, ISA, y las electrificadoras regionales que le quedan al país. Esto es muy grave y debemos estar alerta. El ministro de Hacienda ha sido claro en señalar que le faltan más de 8 billones de pesos.
Es urgente el acompañamiento ciudadano al Congreso de la República y en particular a los senadores y representantes ponentes del Proyecto de Ley General de Presupuesto, para impedir que se autorice al gobierno la venta de empresas muy rentables que son patrimonio de todos los colombianos y que el esfuerzo de años y el giro permanente de utilidades al Estado se convierta en plata de bolsillo. No podemos permitir que la propiedad colectiva se diluya en un año.
El aporte que hacen las empresas públicas al financiamiento del Estado central es imprescindible y difícil de sustituir dentro de los ingresos nacionales. Por ejemplo, mientras Ecopetrol este año le entregó a la Nación $8,2 billones (0,8% PIB) en utilidades (de los cuales, la filial Cenit aportó el 30%); la ley de financiamiento aprobada en diciembre solo recaudara $7,3 billones (0,7% PIB). Sin las utilidades que Ecopetrol transfirió, el Estado habría tenido que aumentar su endeudamiento, recaudar más impuestos a través de otra reforma o recortar el gasto social. Han sido las utilidades de las empresas Estatales las que completaron el financiamiento de la Nación este año.
Mientras Ecopetrol este año entregó a la Nación $8,2 billones (0,8% PIB)
(de los cuales, la filial Cenit aportó el 30%); la ley de financiamiento aprobada en diciembre solo recaudará $7,3 billones (0,7% PIB)
Es particularmente grave que la discusión del Presupuesto General no cumpla con los mandatos de la Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014), ya que la información presentada por el Ministro de Hacienda no garantiza la obligación de presentar en detalle los rubros de gasto, y mucho menos, los rubros de financiamiento del presupuesto, ni las fuentes de donde provendrán esos recursos. Con cifras opacas el Ministerio de Hacienda está escondiendo a los colombianos sus intenciones de vender Ecopetrol e ISA, sin que la opinión pública conozca ni cómo ni en cuánto están siendo valoradas y si esa es la mejor decisión a largo plazo para el país.
Con la aprobación del monto del presupuesto, se espera que esta semana los congresistas ponentes se reúnan con Minhacienda para continuar con el proceso. La aprobación de la ponencia para el primer debate debe estar lista el 24 de septiembre y la discusión en plenarias se dará en octubre por lo que la ley debe estar aprobada a más tardar el 20 de enero de 2020.
Toda la ciudadanía, toda la sociedad civil, debemos estar atentos a este debate. Si el proyecto pasa como está, seguramente estaremos entregando un cheque en blanco a este gobierno que no tienen ningún interés en proteger los intereses de todos.
En cuanto a Cenit, principal filial de Ecopetrol, como sindicato, por ahora, vamos a pedirle al Procurador General de la Nación y al Contralor General de la República que intervenga preventivamente en defensa del patrimonio público.
