Los casos del conglomerado de empresas de constructoras brasileño Odebrecht y la compañía petroquímica brasileña Braskem que se declararon culpables de pagar cientos de millones de dólares en sobornos a funcionarios de gobiernos alrededor del mundo y aceptaron pagar una multa total combinada de alrededor de 3,5 mil millones de dólares puso de relieve, entre otras cosas, unas instituciones judiciales y de seguridad frágiles y a menudo corruptas, una red clientelar con estructuras organizativas cada vez más complejas y un desalentador cuadro de privilegios, favoritismos y tramas delictivas entre agentes políticos, empresas privadas, medios de comunicación, asociaciones comerciales y otros grupos de interés.
También mostró un grave fenómeno delictivo sistémico y organizado que generaba grandes abusos de poder (clientelismo político) y un marco normativo infructífero para combatir la corrupción, el auge del crimen organizado y el poder de los medios de comunicación para ejercer presión, así como la modesta capacidad de los órganos de control para investigar y procesar causas, y herramientas inapropiadas de investigación para la recuperación de activos, la protección de testigos y acuerdos judiciales incipientes y, por último, pero no menos importante, un movimiento de protesta nacional.
Por otra parte, Odebrecht también desveló los nexos entre la corrupción política, el Congreso y las gobernaciones, y la malversación de los recursos del Estado y el financiamiento ilegal de las campañas políticas —en los que están implicados funcionarios de alta jerarquía de la administración—; y los lazos entre el crimen organizado y las “redes político-económicas ilícitas”. Es notorio que dicha empresa criminal ha provocado un rechazo generalizado, sin embargo, sus autores muchas veces ni han renunciado o han sido procesados, encarcelados o condenados y las prácticas sistémicas que sustentaban la impunidad se mantienen, a grandes rasgos, inalteradas. Odebrecht tan solo ha sacudido a las mafias políticas y estructuras político-criminales del país, las viejas conductas siguen presentes en las instituciones y las redes corruptas siguen actuando.
Cabe señalar el sólido apoyo internacional, como el que Estados Unidos ha brindado —ante la incapacidad del sistema político y la autoridad del Estado de develar la corrupción política y el crimen organizado— para descubrir este fenómeno y desmantelar las estructuras clientelistas.
El importante papel de la sociedad civil
El escándalo Odebrecht representa una oportunidad clave para que las partes no estatales, la sociedad civil y otras partes interesadas, como muestra de su compromiso y contribución a la transparencia y esperanzas de un cambio político fundamental, recurran a todos los métodos a su disposición. Por consiguiente, lideren y participen en la batalla para abordar el proceso opaco y politizado de selección de funcionarios de alta jerarquía en el poder judicial; rompan el silencio sobre la impunidad imperante en el sistema de justicia (las redes de impunidad en la Corte Suprema de Justicia y los casos de actos ilícitos y corrupción en el poder judicial) y promuevan el cambio en el sector judicial. Además, aprovechen los medios de comunicación para arrojar luz sobre los casos de impunidad de la clase política y sus alianzas oportunistas con el crimen organizado.
La sociedad civil en cumplimiento de su obligación ética de vigilancia y el progreso social, junto con el compromiso por la justicia, la rendición de cuentas y la solidaridad con las víctimas deberían denunciar y castigar la doble moral de los políticos ante el problema de la corrupción y respecto a los derechos humanos, y responder a la resistencia procedente del sector judicial, el Congreso, y diferentes actores políticos y económicos para que apoyen con firmeza la lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción debe mantenerse entre los principales puntos de nuestra agenda política.
Los desafíos que el nuevo presidente y su Gobierno tendrán que enfrentar
El próximo presidente tendrá cuatro años para trabajar junto a la sociedad civil, beneficiándose de la confianza y el apoyo del público y la cooperación internacional para:
a) Formular y aplicar estrategias nacionales encaminadas a desarticular las mafias políticas y estructuras político-criminales y las redes clientelista.
b) Realizar esfuerzos especiales para atacar los problemas de financiamiento ilegal de las campañas y el desvío de recursos estatales.
c) Adoptar las medidas necesarias para proteger la moralidad pública y prevenir el fraude, promover la buena gobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas.
d) Promover agresivas agendas reformistas en los planos judicial, político y de seguridad.
e) Prohibir el blanqueo de capitales y obligar al sector financiero, incluidas las entidades de crédito y numerosas entidades financieras de otros tipos, a identificar a sus clientes, conservar los documentos adecuados, establecer procedimientos internos de formación del personal y vigilar el blanqueo de capitales, así como comunicar a las autoridades competentes cualquier indicio de blanqueo de capitales (propuesta de Directiva del Parlamento europeo y del Consejo, 2004).
Todo esto debe ocurrir al mismo tiempo que se implementan los mecanismos y las políticas de justicia transicional (posconflicto), los desafíos son enormes.
Las posibilidades de esta agenda de reformas siguen siendo inciertas y se enfrentan a graves riesgos: la combinación de un presidente nuevo, relativamente inexperto y con una estrecha base política, junto con un Congreso nuevo y fragmentado y un continuo malestar del público, podría llevar a un punto muerto en distintos momentos que podría ser aprovechado por grupos de interés representativos y bien organizados.
Sin embargo, como expresa Patrick Gavigan —un consultor contratado por la Open Society Justice Initiative— el desafío más importante sigue siendo el más difícil, y el menos comprendido: ¿Cómo comenzar a cambiar los intereses que determinan el comportamiento clientelista en todas las instancias del Estado (y gran parte del sector privado)? El profesor explica que “en el contexto de una amenaza común de poderosas redes de políticos corruptos y del crimen organizado, ni las élites terratenientes tradicionales ni las empresariales han demostrado un interés en formar coaliciones con otros sectores para fortalecer las instituciones de seguridad y justicia o someterse completamente al estado de derecho. Alentar a las élites para que acepten el mando del Estado es un desafío paralelo que requieren un tipo de pensamiento innovador.
La propuesta del juez Mark L. Wolf sobre una Corte Internacional Anticorrupción (CIAC)
Es ya ampliamente aceptado que las medidas para hacer frente a la corrupción deben ir más allá de los sistemas nacionales de justicia penal. En este sentido, expresamos nuestro apoyo decidido a la propuesta del Juez Mark L. Wolf (2014) para la creación de una Corte Internacional Anticorrupción (CIAC), similar a la Corte Penal Internacional (CPI) o como parte de ella, con el fin de juzgar a los depredadores de riqueza y violadores de los derechos humanos; prohibir y castigar de forma ejemplar la gran corrupción; hacer respetar los compromisos internacionales que los estados han adquirido con las organizaciones internacionales y contribuir a la consolidación del Estado de Derecho y al respeto de los derechos humanos, al igual que el refuerzo de los valores y objetivos principales de la democracia. Esta es la razón por la que es especialmente urgente. Si los tribunales nacionales no han garantizado el Derecho a ser libre de la Corrupción y la protección de sus derechos humanos, el ciudadano tendrá derecho a presentar su caso ante la Corte Internacional Anticorrupción. Sin embargo, sería necesario que los ciudadanos agotaran todas las vías judiciales en sus Estados antes de acudir a la CIAC. Es un requisito indispensable, porque se trata de un tribunal externo.
En nuestra opinión, una Corte Internacional Anticorrupción aportaría una contribución decisiva a la puesta en práctica del derecho a ser libre de la corrupción y la justicia internacionales. Un compromiso jurídicamente vinculante daría nuevas garantías para que los Estados respeten siempre los derechos humanos y los ciudadanos que necesitan protección reciban un trato justo, por lo que podría ser considerada como parte de los criterios de la Convencion de las Naciones Unidas contra la Corrupción (UNCAC, por su sigla en inglés), en vigor desde 2005. Los Estados Partes y los Estados Signatarios de la UNCAC están obligados por el Derecho internacional a no frustrar el objeto y el propósito de Convencion, en virtud del cual, según su preámbulo, la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades y los vínculos entre la corrupción y otras formas de delincuencia hace esencial la cooperación internacional para prevenirla y luchar contra ella.
La UNCAC ha sido ratificada por más de 180 Estados partes de la ONU como componente esencial del modelo y los valores democráticos: promueve la universalidad, la legitimidad y eficacia del proceso judicial internacional y establece que la prevención y la erradicación de la corrupción son responsabilidad de todos los Estados y que éstos deben cooperar entre sí, con el apoyo y la participación de personas y grupos que no pertenecen al sector público, como la sociedad civil, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones de base comunitaria, para que sus esfuerzos en este ámbito sean eficaces.
Volviendo a la cuestión de la CIAC, esta debería iniciar investigaciones o enjuiciamiento de casos relacionados con acciones u omisiones de funcionarios, exfuncionarios, o personal de cualquier Estado. Los crímenes graves de gran corrupción que serían de competencia de la CIAC concernirían a todos los Estados partes, que están decididos a cooperar para prevenir estos crímenes y poner fin a la impunidad de sus autores, y con el objetivo de respaldar el funcionamiento efectivo de la Corte y brindar un apoyo universal a la misma, fomentando la participación más amplia posible. El fiscal independiente podría perseguir ante la CIAC delitos que no se persiguen en el Estado parte del que es ciudadano su autor.
La presión política a nivel mundial ejercida por la CIAC puede dar resultados concretos y visibles, alentar y persuadir a los Estados partes, según proceda, para que no impidan que funcionarios y empleados del Gobierno, personal militar o ciudadanos sean entregados ante un juez de la Corte Internacional Anticorrupción. Gracias y felices fiestas
Post scriptum
Erradicar la corrupción es el tema central de la campaña de los candidatos presidenciales y de los partidos políticos. El pueblo soberano conoce en primera persona cómo se siente una víctima. ¿Qué ha hecho hasta ahora la política, y en particular los congresistas, para combatir y prevenir la corrupción? Creo que no han hecho nada, teniendo en cuenta que impera una cultura de impunidad y la sociedad civil aún siguen padeciendo esta lacra. El Gobierno conoce bien el fenómeno y sus efectos. En este momento, existen enormes desajustes en el modo en que los diferentes órganos de control (Contraloría, Procuraduría y Fiscalía) interpretan las leyes y directivas sobre Corrupción. Ningún acuerdo de inmunidad entre las élites del país debe permitir la impunidad de ninguna persona acusada de crímenes de corrupción.
