El efecto más importante de las manifestaciones estudiantiles sin precedentes en el país, que se cumplieron el 10 y el 17 de octubre, es político. Consiste en que el sector más importante de la juventud, el estudiantado, descubrió que tenía un poder capaz de impactar a la sociedad colombiana entera. Con eso en mente, la pregunta pertinente es: si esa capacidad de movilización será bien administrada, fortaleciendo organizaciones que sumen fuerza ciudadana y popular, o será dilapidada como en otras ocasiones.
La educación superior es hoy una necesidad del conjunto de la sociedad, y no como antes, de un sector ilustrado de ella. Por lo tanto, el movimiento universitario que hoy sacude al país tiene inmensas posibilidades de crecer y articularse con otros sectores sociales para dar batallas más estratégicas contra la política social regresiva que está llevando a cabo el presidente Duque.
A pesar de la postración moral e intelectual de la clase dirigente colombiana, la sociedad nacional se moderniza, busca dejar atrás la violencia política y reconoce la educación como uno de sus grandes valores. La creciente demanda de educación superior es una consecuencia apenas normal de esa modernización. Cada vez más jóvenes de la base de la pirámide social aspiran desde temprano a cupos en las universidades, y cada vez un mayor número de ellos son devueltos de sus puertas, lanzados a la informalidad, al desempleo y a otras opciones educativas precarias, cuando no a la delincuencia.
A partir de la ley 30 de 1992, que estableció el aporte anual del Estado a las universidades públicas, estas no han dejado de crecer porcentualmente muy por encima de los aportes establecidos, dejando hasta la fecha un déficit acumulado de 18 billones de pesos. Desde 1990 todos los gobiernos han sido indiferentes ante la desfinanciación de las universidades públicas. Los proyectos de país que impulsan, y los planes de desarrollo que aprueban, no pasan por la educación de alta calidad para la mayoría de los colombianos.
Tal como ocurre con la salud y otras obligaciones constitucionales del Estado, los gobiernos disfrazan sus incumplimientos con subsidios direccionados a los más pobres entre los pobres. Es lo que se denomina “subsidios a la demanda”, y que en el caso de la educación superior, se expresa en el programa Ser Pilo Paga, una estrategia audaz para beneficiar a individuos y desviar recursos hacia las universidades privadas, mientras las públicas se caen a pedazos.
Las élites dominantes del país resuelven la educación de sus hijos de dos maneras: mediante la matrícula en universidades extranjeras y, a través de unas cuantas de carácter privado en las grandes ciudades del país, en las cuales forman a sus hombres de confianza, tanto para los altos cargos del Estado como para la empresa privada. Por lo tanto, el mundo de la educación superior pública, le es ajeno a la dirigencia del país; sus intereses no se juegan en las universidades estatales, y al contrario, ellas representan un bando contestatario que es mejor no tener en cuenta, una especie de mal necesario que toca soportar.
La educación de alta calidad se hizo indispensable para acceder a empleos dignos y a niveles aceptables de reconocimiento social. En una sociedad donde las oportunidades para los jóvenes son escasas, y la ilegalidad invade todos los ámbitos de la economía, la educación y el conocimiento se han vuelto el único factor de ascenso social lícito en Colombia. Por eso es tan grave en términos sociales la crisis educativa que está viviendo el país.
En una competencia desigual con los sectores adinerados, cada vez más estudiantes de los estratos inferiores acceden a las universidades, principalmente las públicas. Además de la asfixia financiera, la mala calidad de la educación primaria y secundaria funciona como un peso de cola que mantiene la mala calidad del sistema educativo superior en Colombia.
Sacrificando calidad, la masa estudiantil en Colombia crece merced al esfuerzo propio de las universidades públicas, y al aprovechamiento de la extendida demanda que hacen las privadas. En conjunto, la masa estudiantil, ha entrado en un proceso de crecimiento y de “proletarización” simultáneos, que la habilitan para hacer valer sus derechos y retar políticamente a cualquier gobierno. Ese fue el mensaje unísono que lanzaron centenares de miles de jóvenes, tanto de universidades estatales como de las privadas en la reciente marcha nacional por la educación.
Las marchas estudiantiles del 10 y el 17 de octubre, no aparecieron sin embargo de manera súbita. Viene caminando desde 2011 un proceso de politización de la juventud, cuando los universitarios agrupados en la Mesa Amplia Nacional Estudiantil (MANE) obligaron al gobierno Santos a retirar un proyecto de reforma de la ley 30/92, que profundizaba la privatización de la educación superior. En 2016 volvió a despertar la muchachada, cuando el acuerdo de paz entre el gobierno y las Farc fue derrotado pasajeramente en las urnas y fueron los jóvenes los que le lanzaron el salvavidas de la movilización callejera en las grandes ciudades, forzando así una renegociación con los líderes del “no”. En las jornadas electorales de 2018, fueron de nuevo esas fuerzas las protagonistas de primera línea, compitiendo de tú a tú en la campaña presidencial particularmente, con las opciones más tradicionales y retrógradas de la política nacional. Estamos viviendo un nuevo capítulo de esa rebeldía, que se distingue de otras por su creatividad, su colorido y su lúdica.
Hay en las marchas estudiantiles, una renovación de métodos y estilos que paulatinamente están rompiendo con el estereotipo del tropel callejero de pedreas, vidrieras rotas y agresión generalizada, para ofrecer el festejo y la expresión artística, mucho más sintonizados con una sociedad cansada de la violencia, pero que necesita pedagogía política y mucho entendimiento de las causas propias y ajenas. Una alianza del estudiantado con el conjunto de la sociedad es imperativa, para que sea esta la que tome la bandera de la educación; no de otra manera la política del gobierno puede quedar desnuda y aislados sus defensores.
Por su carácter masivo y abrumador, la masa estudiantil que se ha levantado es difícilmente manipulable por grupos políticos constituidos. Cualquiera de ellos que intente canalizarla, resultará castigado o señalado como elemento de perturbación. Este atributo, a la vez, “inmuniza” al movimiento contra los señalamientos habituales de los gobiernos y la prensa del establecimiento, que no han podido ahora hablar de infiltraciones o de manos invisibles direccionando a los jóvenes.
La otra cara de la moneda aparece cuando se examina la organización y su fragilidad estructural. Está fuera de duda que el movimiento necesita una dirección propia, surgida del interior de la protesta, que se legitime en las tareas propias de la movilización. Sobre esa base, es necesario consolidar una estructura que organice la toma de decisiones, donde las redes sociales informáticas sean herramientas cotidianas de trabajo pero sin reemplazar la estructura misma. Las organizaciones políticas constituidas que están animando el movimiento, mostrarán su madurez solamente apoyando las tareas acordadas, promoviendo sus liderazgos y la democratización más extendida que permita sumar ciudadanía a la causa de la educación. Además deben aportar en la neutralización de grupos violentos que no faltan en los eventos de protesta masiva, generalmente encapuchados, que terminan deslegitimando las marchas ante la opinión pública, y por lo tanto, haciéndole un mandado al gobierno, como ya algunos lo intentaron el día 17.
Es una carta fuerte la que se está jugando el movimiento universitario. Las respuestas del gobierno y quienes lo rodean han sido las previsibles, las de hace 25 años, las de siempre, el reiterativo “no hay recursos” o “no hay presupuesto”, que en realidad es un “no hay para la educación pública”. Como cualquier otro, el presupuesto nacional se diseña con base en prioridades, en este caso definidas por el gobierno de Duque. Este nuevo capítulo de la lucha por la financiación de las universidades oficiales está ocurriendo precisamente, cuando el proyecto de presupuesto para 2019 que ha presentado el gobierno al Congreso, contempla un incremento de 3 billones de pesos para el Ministerio de Defensa, en un país que está entrando a una era de paz negociada con las insurgencias y hasta con las bandas de delincuencia común.
Nunca antes pues, ha quedado tan evidente que la negativa del gobierno a elevar los recursos para la educación superior, es un asunto de prioridades, de sus prioridades, y más allá de ellas, de un programa de gobierno continuista, que igual que los anteriores, reduce graciosamente las cargas tributarias al gran empresariado y las castas adineradas, mientras empobrece a las clases medias y a los pobres mismos, al negar la educación pública y convertirla en un privilegio de minorías. Pocas veces un gobierno había marchado tan abiertamente en contra de los intereses de las mayorías ciudadanas.
El conflicto queda planteado. El presidente Duque no atenderá las exigencias de la Unión Nacional de Estudiantes de Educación Superior (UNEES) y vendrán nuevas confrontaciones. Intenta aplacar la movilización con un aumento del presupuesto de educación superior de 1.5 billones que solo en mínimo porcentaje irá a la base presupuestal de las universidades. El asunto es que además de estas, el Sena y Colciencias participan de la misma crisis, y son todos los estudiantes, también los de instituciones privadas, los que reclaman hoy más Estado que los proteja del mercado de la educación superior. Como decía una de las consignas cantadas el 10 y el 17 en las marchas estudiantiles, somos “un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás”.
