Los conflictos sociales, las dificultades con las comunidades en los procesos de consulta previa, así como problemas con el medio ambiente y alarmas por el orden público son el principal argumento de petroleras extranjeras mino energéticas para solicitarle al Estado Colombiano la suspensión de contratos firmados para la exploración de gas y petróleo. Son 39 los contratos de gas y petróleo que ya quedaron suspendidos, la mayoría de estos en el sur del país.
La empresa Amerisur Exploración Colombia de propiedad de Geopark tiene siete contratos suspendidos, todos ellos en la Cuenca de Caguán-Putumayo. Amerisur anteriormente propiedad de la británica Amerisur Resources, es desde enero de 2020 propiedad de la canadiense GeoPark Limited que se hizo de esta manera a 12 bloques de producción y exploración, más una participación accionaria en el Óleducto Binacional Amerisur (OBA). Contratos que sumó a la operación que ya poseía en el país desde 2012 en las cuencas de los Llanos Orientales y Magdalena. Sin embargo, desde hace años ha tenido problemas con las comunidades del Putumayo y con grupos armados no estatales.
La nacional Ecopetrol le sigue en número de contratos suspendidos, cinco en la cuenta de los Llanos Orientales y uno en la Cordillera Oriental. Del total de estos seis solo opera dos directamente, otros dos son operados por Parex Resources y los restantes dos por SierraCol Energy Condor. Sin embargo, lo que más afecta a Ecopetrol y por lo tanto la producción de crudo del país, son los atentados a los oleoductos, la mayor parte sobre Caño Limón-Coveñas que cubre 771 kilómetros que es constantemente atacado por el Ejército de Liberación Nacional (ELN), a abril de 2023 se habían registrado ocho atentados, un 44 % más de los ataques totales registrados en 2022.
La canadiense Parex cuya actividad de exploración se centra en Colombia, recibió en enero de este año amenazas del Frente de Guerra Oriental del ELN que llevaron a la suspensión de sus proyectos en los municipios de Tame y Saravena en el departamento de Arauca ante los riegos de seguridad. Contratos que se adicionan a dos de exploración que tiene suspendidos en el Valle Medio del Magdalena y Valle Superior del Magdalena, más otros dos en compañía de Ecopetrol en los Llanos Orientales.
Sierracol Energy Condor es el más grande productor independiente de petróleo en el país luego de la adquisición en diciembre de 2020 de los activos y las operaciones en tierra de Occidental Petroleum Corporation. Cuenta con 19 bloques, 11 en producción y 8 en etapa de exploración en las cuencas de Llanos Norte, en el Magdalena Medio y Putumayo, de los cuales dos en los Llanos Orientales se encuentran suspendidos.
Pertenece al Grupo Carlyle a través de Carlyle International Energy Partners (CIEP), uno de los mayores fondos dedicados a la inversión en la industria del petróleo y el gas a nivel mundial.
La canadiense Gran Tierra Energy cuenta con cinco contratos suspendidos, tres de ellos en la zona de Caguán Putumayo y dos en los Lanos Orientales. Gran Tierra esta dedicada al desarrollo y producción de petróleo y gas principalmente en Sur América, donde Colombia representa el 99 % de su producción y reservas de petróleo.
Emerald Energy con sede en Londres es subsidiaria de la estatal china Sinochem, sufrió en marzo de este año ataques en el campo de producción del contrato OMBU en el Caquetá, con el resultado de dos personas muertas y 79 secuestradas, por lo cual elevó una solicitud a la Agencia Nacional de Hidrocarburos - ANH para suspender su operación en la zona, que se suma a otros dos contratos que tiene suspendidos por conflictividad social VSM-32 y Ceiba, en este último no se ha podido adelantar el proceso de consulta previa con comunidades indígenas vecinas. Un cuarto contrato, Nogal, está en proceso de terminación por mutuo acuerdo, también por problemas de orden público y conflictividad social.
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OMBU, el contrato recién suspendido, cuenta con una participación del 10 % de Carrao Energy propiedad de Canacol desde 2011. Canacol Energy junto con Carrao Energy tienen otros tres proyectos suspendidos. Canacol Energy, propiedad mayoritaria de Charlie Gambam es la más grande compañía independiente de exploración y producción de gas natural en el país, abasteciendo aproximadamente un 20 % de las necesidades de gas.
Frontera Energy ha indicado que los problemas de seguridad no le permiten poder desarrollar los contratos CAG 5 y CAG 6 en la zona Caguán – Putumayo, tanto que en este momento, llevan dos años de suspensión, Frontera en conjunto con la ANH está revisando la cancelación de esos contratos.
Exxon Mobil Corporation (ExxonMobil), la empresa petrolera con mayor antigüedad en el país, se retiró a partir del 31 de mayo de este año del acuerdo de operación conjunta (JOA) que tenía con Patriot Energy Oil and Gas Inc, (subsidiaria de la canadiense Sintana Energy Inc) en el bloque VMM-37, en la cuenca del Valle del Magdalena Medio, el cual se encontraba suspendido. Este retiro se suma la participación por partes iguales con la española Repsol en el contrato COL-4 y desde hace un tiempo tiene en trámite de terminación los de COR-46, COR-62 y VMM-29 que tenía junto a Ecopetrol, con una participación de 50 % cada uno.
En donde están localizados la mayoría de los contratos
Quince de estos contratos, la mayoría, se encuentran en la Cuenca Caguán-Putumayo, que se expande a lo largo de 110 304 km2 al sur del país, y que engrosa la totalidad del Putumayo, una parte de Caquetá, de Amazonas y el suroccidente del Meta, pero donde la mayor actividad extractiva se realiza es en la zona suroccidental cerca de Mocoa.
El Putumayo es un territorio históricamente golpeado por el conflicto armado, el acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP generó confianza de muchas empresas extranjeras que buscaban una mayor participación en estas zonas de difícil acceso del territorio nacional, pero los resultados del acuerdo no han sido los esperados, en los últimos tiempos se ha recrudecido el conflicto armado, a lo que hay que sumarle los retos en las problemáticas ambientales y sociales, pues sobre parte de la cuenca se encuentra un gran porcentaje de selva virgen y más de 80 resguardos indígenas.
La cuenca de los Llanos Orientales tampoco es menor en conflictividad, allí se encuentran suspendidos diez contratos, la situación es cada día más difícil en los departamentos de Arauca y Casanare, donde se han involucrado varios actores armados afectando la explotación del crudo. Le sigue en problemática el Valle Medio del Magdalena donde se encuentran suspendidos siete contratos, y el resto están ubicados entre la Cordillera Oriental, Guajira, Catatumbo, Valle Superior del Magdalena y Cesar Rachería.
La propia ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, ha reconocido que las reservas probadas de gas natural disminuyeron un 11 % en 2022 frente a las de 2021, lo que significa que el país cuenta con gas natural para 7,2 años, la cifra más baja desde 2015.
Y como si esto fuera poco, la creciente movilización de las comunidades en las zonas donde hay contratos de exploración ha obligado a más empresas reevalúen sus planes en Colombia. Según la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) en cabeza de Francisco Lloreda quien lleva nueve años al frente del gremio y se retirará a mediados del próximo agosto, la inversión privada en exploración de hidrocarburos va camino a caer 33% este año entre USD 650 millones y USD 700 millones.
