A menos de dos semanas de la segunda vuelta electoral en Colombia, Juan Manuel Santos logró uno de sus más codiciados objetivos: matricular a nuestro país en el “club de los ricos”, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde.
Este organismo, nacido en 1961, como heredero del Plan Marshall, reunió a 19 de los países más ricos en el momento, entre ellos Canadá y EE.UU., seguidos del Reino Unido, Dinamarca, Islandia y Noruega. Posteriormente entró Turquía y en agosto, Europa (España, Portugal, Francia, Irlanda, Bélgica y Alemania).
Ya para 1973 se habían sumado Suiza, Austria, Países Bajos, Luxemburgo, Italia, Japón, Finlandia, Australia y de último, Nueva Zelanda.
Extrañamente, pasaron 20 años, hasta que en 1994, bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, ingresó el primer país latino: México. Durante estos 20 años, la Ocde se dedicó a analizar las estrategias de crecimiento, las políticas tributarias y financieras, la seguridad y la educación y en general, todas las características que eran comunes a estas economías. Con esta información, se elaboró un complejo protocolo destinado a “orientar” a los países que solicitaran su ingreso.
Desde el 19 de septiembre de 2013, cuando se aceptó la solicitud de ingreso de Colombia, a un año de posesionado Santos en su primer periodo, las políticas económicas han sido diseñadas bajo ese derrotero: aumento del IVA del 16% al 19%, para igualarlo a lo que se paga en los países ricos, reducción y control de la carga pensional, globalización de los estándares de educación básica y universitaria, reducción de los planes de “chatarrización” subvencionados, control de los precios de los combustibles, desestimulación del fomento de energías limpias y sobre todo, reducción del terrorismo y aumento de la seguridad con el famoso proceso de paz con las farc.
Es aquí donde se entiende la razón por la cual aunque los precios del petróleo WTI cayeron de 98,77 en diciembre de 2013 a 34,53 en diciembre de 2015, la gasolina ha subido de $7600 a $9100 el galón; por qué razón se implementó el programa PISA que en 2012 ubicó a Colombia el peor lugar con 376 puntos sobre 603 y, para el 2016 se obtuvieron solo 14 puntos más, a pesar de los millones gastados en tabletas y en conectividad. Entiende uno también por qué razón el Ministerio de Salud no aprobó la homologación de los productos farmacéuticos nacionales, mucho más económicos, para darle preferencia a los productos importados, tres y cuatro veces más costosos.
Pero sobre todo, se entiende el obsesivo y pertinaz interés por lograr un acuerdo con las Farc, a como diera lugar y al costo que fuera, con las consecuencias que estamos viviendo hoy: impunidad, delincuencia generalizada, aumento de las hectáreas con cultivos ilícitos y unas “disidencias” que no son más que los mismos con las mismas, en el mismo narco-negocio de siempre.
Y falta aún más, ahora que Santos ha anunciado el feliz ingreso a este corral: Según la revista Valora- Analitik, “Aunque la Ocde tiene una visión más optimista sobre Colombia, aclaró que el país necesita ejecutar reformas para aumentar los impuestos con el fin de cumplir la regla fiscal y las necesidades de gasto social. Otras reformas estructurales necesarias se deben adelantar para incrementar la productividad y diversificar la economía. La Ocde también considera que es requerida una mejora en los indicadores de informalidad en el empleo, así como para reducir las barreras a la actividad empresarial y mejorar la infraestructura y los servicios públicos de empleo.” Traducido: ampliación de la base impositiva del IVA, aumento del impuesto sobre la renta al 34% y fortalecimiento de los fondos de capital semilla como el del Fondo Emprender, para meter al canasto a la mayor cantidad de pequeños empresarios informales para ponerlos a tributar.
¿Cuánto le cuesta al país esta membresía?
“Para implementar las recomendaciones de los 23 comités el Estado colombiano tendrá que invertir cerca de $20 billones anuales por los próximos 15 años, o sea, una cifra que podría aproximarse a $300 billones de pesos o hasta tres veces superior el monto estimado para la implementación de los Acuerdos de Paz con las Farc”, afirma Mauricio Dueñas, para la revista Portafolio.
Teniendo en cuenta las demás contribuciones que hay que pagar al BID, a la OMC, el FMI y ONU, según el informe correspondiente al 2018 el país afrontaría una cuota de US$8,65 millones, casi $26.000 millones de pesos, concluye el informe.
Según Julián López de Mesa, historiador, docente y columnista de El Espectador, el lado oscuro de la OCR está en el campo de la educación. Uno de los requerimientos de la Ocde es la “reducción de las tasas de deserción y el mejoramiento de la retención estudiantil”, en el sentido que en los colegios públicos, el número de estudiantes graduados de pregrado, sebe ser el mismo de los admitidos. Bajo esta loable premisa se esconde una perversa realidad: hay que graduar a todos a como dé lugar, como sea. ¿Qué significa? Un bajo interés de alumnos y estudiantes por la excelencia, un bajo nivel académico, facilista y relajado y una pobre formación intelectual.
Lo anterior, no solamente fortalece el crecimiento de la educación privada y la dependencia obligatoria de estandarizar textos y formatos con empresas extranjeras como Editorial Santillana, según la cual, es más importante que los niños lean “Hola, que me lleva la ola!”, un estúpido librito de trabalenguas y rimas, a los poemas de Pombo, donde es preferible seguirle apostando a subirle los costos a la educación, bajando la calidad de la misma y privilegiando a pocas empresas cuyo interés no es educar sino lucrarse.
Emilio Sardi, vicepresidente de Tecnoquímicas, es otra de las voces críticas, desde su perspectiva de empresario del sector farmacéutico. Acusa en su columna del portal Portafolio, al Ministerio de la Salud de “intervenir en las declaratorias de interés público de los medicamentos que busca bloquear las que puedan reducir los precios para el sistema de salud ”. Finalmente termina diciendo que “ no existe un solo estudio que cuantifique o, al menos, muestre beneficios concretos de esa afiliación”.
Experiencias de otros países miembros
Gracias a su ingreso, en el 2010, la Ocde sacó a Chile de la lista de países receptores de ayuda internacional, argumentando que su TIM (Tasa de Ingreso Medio) superó el umbral de los US$ 12.500 per cápita. Lo anterior significa que, desde el 2017, Chile no puede “acceder a créditos blandos y proyectos financiados por naciones más ricas y otras organizaciones internacionales, provocando un déficit en áreas como educación, fondos de desarrollo de energías renovables y programas de asistencia técnica”.
Sin embargo, para la Ocde, ese hecho solo significa que Chile pudo superar la “trampa” de los países de ingreso medio y que este hecho los obligará a aumentar su producción, mediante una política de recaudación sólida y mejores capitales de inversión. Parece un chiste.
Por otra parte, el secretario general de la Ocde José Ángel Gurría Treviño, en visita a Ciudad de México, anunció que “teme una guerra comercial”. México, después de 15 años, no ha superado su desigualdad social, el salario mínimo es uno de los más bajos de Latinoamérica (96 US$/mes). La inseguridad inversionista se mantiene amenazada por las políticas de su socio EE.UU. y los resultados en materia de seguridad social, salud y educación están por debajo de sus propias expectativas. Por este panorama, México ha pagado una suma cercana a los 8,1 millones de euros.
Jan Kregel, economista estadounidense, investigador del Levy Economics Institute of Board College de Estados Unidos afirmó en agosto de 2014 ante la pregunta: ¿es sano para Colombia ingresar a la Ocde?
El poder económico mundial
Es imposible dejar de lado el papel que la Ocde ejerce dentro del contexto del control político, financiero, económico, social y militar del Nuevo Orden Mundial. Mucha gente cree que esto es un cuento de hadas, pero lo cierto es que la Ocde es apenas un engranaje dentro de la esfera del poder económico financiero que controla el Grupo Bilderberg. Según esto, la Ocde es el brazo ejecutor de un foro muy poderoso llamado Acuerdo Multilateral sobre Inversión (AMI) cuyas disposiciones parecen inocentes, pero su alcance llega casi a todas las áreas de intervención y competencias de los Estados. Así, por ejemplo, las subvenciones otorgadas por los estados al sector cultural, o a la educación pública, son consideradas como condiciones de competencia desleal en relación a otros Estados que no los subvencionan y facultan al Estado. El AMI es un acuerdo económico internacional negociado en el más grande secreto desde 1995 bajo el auspicio de la Ocde, y cuyas consecuencias constituyen una amenaza sin precedente para la democracia. El principio central del AMI es de crear todo un conjunto de nuevos derechos para las transnacionales, en detrimento de los estados y las poblaciones, y sin ninguna obligación de contrapartida.
Conclusión: Con este negociado, seremos como el primo pobre que lo invitan a la fiesta de los parientes ricos y se gasta toda su quincena en comprar camisa y corbata y además, se endeuda para el vestido y los zapatos. Como dijo Jose Feliciano, amanecerá y veremos.
