El 8 de septiembre de este año, una extensa columna en el New York Times señalaba como, en al menos tres oportunidades, un diplomático norteamericano se había reunido con representantes de las fuerzas militares venezolanas, quienes tenían la intención de conseguir apoyo logístico para organizar un plan cuyo fin era derrocar, por medio de un golpe militar, al presidente Nicolás Maduro. Dos días después, el mismo diario publicaba una nota editorial, en la que instaba al gobierno Trump a mantenerse fuera de Venezuela, aduciendo que no era procedente repetir, en este punto de la historia, la antigua estrategia de la Guerra Fría de patrocinar golpes militares al sur del continente. Indicaba así mismo el artículo que la razón por la cual la administración Trump no había continuado con los planes era debido a que no consideraban confiables a los militares disidentes, uno de ellos, señalado por el Departamento de Estado de tener un extenso prontuario relacionado con trafico de drogas, contrabando, así como con violaciones a los derechos humanos.
Hay que mencionar además que, la animadversión de esta Casa Blanca hacia Miraflores no es nueva, ya el actual residente de la oficina oval ha manifestado su interés en explorar una solución militar, para, seamos claros, apoderarse de los recursos petroleros venezolanos. Dicho esto, la amenaza no es gratuita, ni puede ser vista como un gafe del presidente Trump. Sus declaraciones, son parte de una estrategia de presión que ya ha dado resultados con Corea del Norte. Señalo esto, para indicar que la amenaza contra Venezuela no es producto de la paranoia, las evidencias están ahí sobre la mesa para quien las pueda ver y tenga la posibilidad de enlazarlas.
Por ejemplo, en 2009, Estados Unidos, le impuso, como es su costumbre, al gobierno de Colombia que aceptara sin réplica que sus soldados tuvieran acceso a siete bases militares ubicadas en lugares estratégicos de nuestra geografía. Esta medida, que ya entonces fue denunciada por Venezuela y otros países del continente como potencialmente peligrosa, se ha mantenido activa a lo largo de estos años. De tal forma que la posibilidad de fraguar una acción militar desde Colombia contra un gobierno contrario a los intereses de Estados Unidos no carece de fundamento, es viable, por lo menos desde la teoría.
De igual manera, no hay que ignorar que a lo largo de su extensa historia de expansión, los Estados Unidos han usado diversos métodos para incidir en los países latinoamericanos con el fin de amoldarlos a su conveniencia política y económica. La resistencia a seguir su línea, como se ha visto, ha culminado, en muchas oportunidades en procesos como los que buscaban impulsar los golpistas venezolanos. Cuba (1961) Chile (1973) Nicaragua (1980) son solo algunos ejemplos de su estrategia y los resultados siempre, sin excepción, han sido negativos para los procesos políticos, sociales y económicos de sus ciudadanos. Eso es innegable.
La estrategia actual del secretario de la OEA, no es otra que la de Washington.
Crear y mantener la presión sobre Venezuela,
a través de una estrategia mediática, política, económica y diplomática
Ahora bien, la estrategia actual del secretario de la OEA, no es otra que la de Washington. Crear y mantener la presión sobre Venezuela, a través de una estrategia mediática, política, económica y diplomática que desde hace años ha ido logrando crear el ambiente propicio, para una intervención militar como la “única” alternativa posible para “restaurar” la democracia en Venezuela. Esta narrativa, diseñada con sumo cuidado y paciencia no busca otra cosa que conseguir validación internacional para tal acción. Por eso las giras del canciller colombiano de esta semana en compañía de Almagro, por eso la noticia aparentemente filtrada al NY Times, que no tiene otro objetivo que sopezar el impacto en la opinión pública, la cual, gracias a la bien trabajada estrategia mediática, probablemente favorezca e incluso celebre dicha empresa bélica.
Sin duda, la postura de Colombia, al negarse a firmar la declaración del Grupo de Lima que no aprueba la intervención militar como fórmula para solucionar la crisis venezolana, consiste en apoyar de forma tácita la propuesta irresponsable de Almagro. Con lo cual además se alinea con la lamentable e indigna obediencia colombiana a Washington que este gobierno, por su naturaleza, planea honrar, como lo han hecho sus antesesores.
De igual modo, resulta criticable que el conjunto de las naciones latinoamericanas, que han sufrido los embates norteamericanos y su injerencia en los ámbitos privados de su soberanía no se pronuncien de forma categórica en contra de estos planes, que más allá de las ideologías dispares de cada gobierno, atentan contra principios y derechos universales.
Aunque resulte evidente, es necesario decir que un conflicto de las dimensiones que están planteando los enemigos de Venezuela jamás va en beneficio de los ciudadanos, quienes son los que ofrecen las víctimas. Finalmente, precisa recordar que este tipo de situaciones siempre benefician solo a un puñado de personajes siniestros para quienes el concepto de democracia es ajustable al tamaño de su codicia.
“El actual residente de la oficina oval ha manifestado su interés en explorar una solución militar contra Venezuela”.
