La decisión de la Cámara de Representantes de negar las objeciones presentadas por el presidente Duque a 6 artículos de la Ley Estatutaria de la JEP contrasta con la posición asumida por el Senado de la República, en la que no se logró una decisión, dejando en manos de la Corte Constitucional la decisión sobre el rumbo de las 6 objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP.
Superado ese vergonzoso espectáculo de nuestros “Honorables Padres de la Patria”, es preciso profundizar sobre el comportamiento de las senadoras Ana María Castañeda de Cambio Radical, quien argumentó razones de conciencia, y Maritza Martínez del Partido de la U, cuyo gerente de campaña fue nombrado por el gobierno días antes de las votaciones como su representante ante el Consejo Directivo de Cormacarena. Ellas se retiraron de la sesión antes de que se iniciara la votación, pese a que la decisión mayoritaria de sus colectividades políticas era “votar la negación de las objeciones presidenciales”.
Lo reprochable de la decisiones tomadas por las senadoras Castañeda y Martínez es que argumenten motivos de conciencia o que no la dejaron hacer la constancia en la plenaria del Senado, más cuando el Partido de la U se la ha jugado por el proceso de paz y ha mostrado coherencia política en su defensa. Lo que sí refleja el cambio en sus posiciones fue la conveniencia de optar por apoyar al gobierno en sus objeciones a cambio de beneficios burocráticos y de clientelismo electoral.
Los partidos políticos deben exigirle a sus representantes en las diferentes instancias de poder del Estado tomar una actitud lógica y consecuente con la posición asumida por la colectividad en defensa de la paz y reconciliación; de cumplimiento a los acuerdos pactados en el proceso de negociación entre el gobierno nacional y las Farc, en el entendido que se tienen unos principios y se debe actuar acorde a ellos. Lo más reprochable en la sociedad son aquellos políticos movedizos e incoherentes, quienes no tienen límites en sus actuaciones y concesiones políticas, sin inmutarse al someterse al juicio crítico de la sociedad que descalifica tales actuaciones, perdiendo toda su confianza y credibilidad.
Destacable el liderazgo de la bancada parlamentaria del Partido de la U en el Valle del Cauca en defensa de la Jurisdicción Especial de Paz, coherente con lo que ha sido la política regional de la gobernadora Dilian Francisca Toro en la implementación del posconflicto, reflejado en los consejos de paz municipales en funcionamiento, los proyectos productivos para campesinos, víctimas y reincorporados, en la reparación de las víctimas, las experiencias de paz urbana realizadas en Cali, así como en la protección de los líderes sociales y de los derechos humanos mediante el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
