En Colombia hacen vida unas 22 instituciones que, entre figuras privadas, públicas y público-privadas, hacen parte de ecosistemas denominados zoológicos y acuarios, considerados en conjunto centros de conservación, educación e investigación científica.
Los zoológicos y acuarios son espacios que garantizan el bienestar animal y que hacen parte del ecosistema de innovación social de los territorios. Esta capacidad regional ha permitido afrontar desafíos como la pérdida de la biodiversidad, el cambio climático, el tráfico ilegal de especies, entre otros. Además, gracias al trabajo de profesionales expertos en investigación científica y educación ambiental, a los públicos y aliados estratégicos, estos espacios se han convertido en el sustento de comunidades y en promotores del desarrollo local.
Actualmente, cursa en el Congreso de la República una iniciativa que podría acabar con los zoológicos, acuarios y parques de conservación. Con 22 artículos, este proyecto ordenaría a los zoológicos, aviarios, acuarios y establecimientos similares a obtener acreditación por parte de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios (ALPZA), como requisito para operar.
Entre otras condiciones, los establecimientos tendrían dos años, a partir de la entrada en vigencia de la ley, para hacer la transición y obtener la acreditación. El Estado decomisaría a los animales de los establecimientos que no hayan obtenido la licencia en este plazo y la norma no precisa qué destino tendrían.
Sobre las nuevas disposiciones, Farah Ajami, directora ejecutiva del Zoológico de Barranquilla, uno de los pocos espacios en el país que cuenta con esta acreditación, asegura que, si bien en Colombia es necesario que los centros de conservación obtengan una acreditación, esta debe adaptarse a las realidades nacionales, que son muy diferentes a las de otros países.
La experta asegura que este proyecto de ley desconoce la realidad del sector. “Hay muchas diferencias entre los zoológicos y acuarios del país y se debe establecer una línea base para generar estándares mínimos de operación, de manera que todos podamos alcanzarlos de manera gradual. Adicionalmente, esta propuesta va en contra del modelo de negocio bajo el cual operan los zoológicos y acuarios en la actualidad. Son cientos de miles de pesos anuales en gastos, que se cubren, en gran medida, con la venta de boletería y que el Estado no va a suplir de ser aprobado el proyecto. Los más perjudicados van a ser los animales bajo nuestro cuidado.”
En este sentido, antes de promover cualquier normativa, es necesario que se reconozca la importancia de estos escenarios de educación no convencional como agentes educativos, de investigación y de conservación de la biodiversidad y que se generen los incentivos necesarios para garantizar su sostenibilidad y facilitar el cumplimiento de su rol.
“Colombia no tiene estándares para zoológicos y acuarios, pero América Latina sí, a través de ALPZA. Esta es una asociación privada y, aunque sería deseable que todos los zoológicos y acuarios de Latinoamérica y el Caribe hicieran parte de ella, no podemos obligar a nadie a agremiarse, menos aún a acreditarse como requisito para operar. Para hacer parte de ALPZA hay que pagar una membresía anual y para acreditarse se necesita incurrir en gastos e inversiones significativos, que no todos estamos en capacidad de costear a corto plazo. Con una adecuada articulación entre el Estado y los zoológicos y acuarios se podría generar un consenso para definir estándares de operación para Colombia. Por lo anterior, estamos trabajando desde hace unos años con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible en una normativa para reglamentar a nuestras instituciones”, afirmó Farah Ajami.
Desde la Asociación Colombiana de Zoológicos, Acuarios y Afines (ACOPAZOA), creada en 1978, se han articulado esfuerzos y recursos para garantizar el bienestar animal bajo cuidados humanos y ofrecer una experiencia educativa a los visitantes con altos estándares. También han liderado programas de conservación de especies bandera y han sido veedores y partícipes en la generación de políticas para combatir el tráfico ilegal de especies a nivel local, nacional e internacional.
El activismo ambiental, bien direccionado, podría contribuir a generar un ecosistema colaborativo entre zoológicos y acuarios, Estado y sector privado, que enfoque sus esfuerzos y recursos en el bienestar de los animales bajo cuidados humanos y la conservación de la biodiversidad integrada.
