Este viernes, 24 de septiembre, continuó la audiencia contra los implicados en el caso de corrupción de Centro Poblados y el ministerio de las TIC. Los penalistas de los acusados argumentaron su defensa con un plazo de 2 horas por cliente. Alejandro Sánchez es el apoderado de Emilio Tapia, Julián Quintana el de Luis Fernando Duque y Hernán Miranda Abaúnza el de de Juan José Laverde.
Sin embargo, nuevos nombres salieron a relucir. Entre los que más llamaron la atención fue el de Roberto Antonio Gómez quien sería la mano derecha y hombre de confianza de Juan Carlos Cáceres que al igual que él se convirtió en testigo de la Fiscalía. Gómez acusó a Tapia, Alfredo Amín y a un hombre llamado Mauricio, cuyo apellido se mantiene reservado por las autoridades. Según él, Mauricio y Amín asesoraban y representaban Omega Buildings, Intec e I.C.M. Ingenieros, tres empresas de Centros Poblados.
Además de Gómez, salió a flote el nombre de José Fernando Lordoy Fernández, accionista de Intec de la Costa SAS de Barranquilla. En los últimos años, se ha dedicado a la construcción de canchas sintéticas y el mantenimiento de carreteras. Lordoy ha sido identificado en el caso como el cuñado de Emilio Tapia pues es hermano de Carolina Lorduy Fernández con quien Tapia tuvo un hijo. En esta audiencia, el abogado de Tapia contradijo esta versión y negó que hubiera un lazo familiar entre Tapia y Lordoy e inclusive aseguró que su cliente no lo conocía.
Otro nombre desconocido que generó interés fue el de Jorge Enrique López quien habría sido la persona encargada de generar las pólizas bancarias falsas del banco Itau. Su empresa CM Construcciones y Mantenimiento de la que es representante legal esta vinculado a Jorge Alfonso Molina García, otro responsable en generar las pólizas falsas y uno de los testigos estrellas de la Fiscalía.
No es la primera vez que está bajo la lupa de la justicia. Sobre López recae un largo prontuario. En el 2015, fue acusado de irregularidades en la licitación de un contrato en la construcción de la institución educativa Rodrigo Lara Bonilla. En el mismo año, tuvo problemas por las obras del Río de Cali, también licitadas bajo su consorcio Alfa Cali del que también era representante legal. Una obra que tenía un valor inicial de 16 mil millones de pesos terminó teniendo un valor de más de 28 mil millones de pesos.
Le podría interesar:
Los tres penalistas encargados de evitarle la cárcel a los acusados de Centros Poblados
