A veces la justicia nos sorprende con fallos de impacto público que le devuelven la credibilidad a la misma como el recientemente fallado por el tribunal administrativo de Cundinamarca.
En un país que ni con el triunfo de la izquierda el clientelismo parece erradicarse y, al contrario se afianza. Donde el mérito constitucional es desconocido por las mayorías y, este es reducido a los concursos de carrera adtva, que solo despiertan un interés individual de los aspirantes reducido a su participación, es decir que no hay una conciencia colectiva de su defensa, y se desconoce su génesis constitucional, como un parte aguas histórico, para superar ese flagelo cancerígeno de nuestra frágil democracia y manoseada administración pública, o, mejor de las tres ramas del poder público, este fallo es esperanzador.
Los sindicatos de los últimos decenios se han constituido por y para defender la precariedad de los provisionales y se han resistido fuertemente al desarrollo de los concursos de carrera e indirectamente se hacen cómplices del clientelismo de la clase política, padrinos de estos funcionarios provisionales como ocurre en la Fiscalía, la Dian, el sector salud, y otras entidades proveedoras de miles de empleos y trabajos públicos.
Es decir y en pocas palabras, la meritocracia constitucional no tiene dolientes.
Por eso es que la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que sanciona a la Fiscalía por su renuencia a convocar todas las vacantes provisionales de carrera es una luz en la oscuridad de ese oscurantismo clientelista de nuestro estado, que se espera sea confirmado por el consejo de estado, órgano tibio en la defensa del mérito.
De igual manera es importante destacar que así como hay sindicatos que en su mayoría son preconstiticionales en sus prácticas y funcionales al clientelismo, hay una nueva corriente de sindicatos, con nuevos liderazgos que tienen entre sus banderas la defensa del mérito. Y, es así como la presidenta de un sindicato de la Fiscalía y, varios ciudadanos que coadyuvaron en la misma libraron una dura batalla jurídica para hacer posible y real la convocatoria a la totalidad de las vacantes, 17.000, y no 500 como pretendía el fiscal general de la nación, que en la práctica significaría hacer nugatoria la carrera en la Fiscalía General de la Nación.
Hacer realidad la meritocracia constitucional más allá de los concursos de carrera, combatir el clientelismo de los contratos de prestación de servicios y, de los directivos de las entidades públicas, es una utopía por conquistar que requiere del apoyo de toda la sociedad y de un sindicalismo moderno y comprometido con esa conquista constitucional que hace parte igualmente de los derechos humanos, y de las democracias modernas.
