Para frenar el asesinato a exguerrilleros, la Jurisdicción Especial para la Paz otorgó medidas cautelares colectivas de emergencia sobre los exFarc que deberían ser cumplidas por la Unidad Nacional de Protección y otras entidades, que deben garantizar su seguridad. Sin embargo, el recién posesionado director de la UNP, Alfonso Ocampo, respondió al tribunal de paz que no podría cumplir con esa orden por no tener los recursos suficientes. Para crear nuevos esquemas de seguridad y contratar a más escoltas, Ocampo necesitaría cerca de $13.500 millones.
Como obstáculo para cumplir con la orden, Ocampo también señaló el decreto 301 de 2017, que creó la Subdirección Especializada, conformada por exguerrilleros escoltas que conforman los esquemas de seguridad de los excomandantes de las Farc y los centros poblados de reincorporación. El decreto pone de tope la contratación de 1200 funcionarios -incluidos administrativos- propuestos por el partido Farc de los que ya hay 1184, por lo que si es necesario mejorar la protección, deben vincular al menos 252 personas.
Esta fue la respuesta completa de Alfonso Ocampo a la JEP, que hizo un alerta sobre los 224 exguerrilleros asesinados hasta la fecha desde la firma del acuerdo de paz:
