La ciudadanía aplaude el esfuerzo del Congreso de la República que se apresta a expedir un nuevo Código de policía y Convivencia Ciudadana, toda vez que la Colombia de 1970 es muy distinta a la Colombia del 2016. Han pasado 46 años desde que se expidió el actual Código de Policía y fenómenos como el pandillaje, las chiquitecas, las ollas expendedoras de vicio, la vida en conjunto residenciales, la cultura de la mascota, los ruidos, entre otros, han delineado unas nuevas formas de vida y de relación entre los ciudadanos, que hace urgente una disposición legal que garantice la sana convivencia, el respeto por el derecho ajeno y que, a su vez, le brinde herramientas eficaces a la Policía para imponer el orden en todos aquellos eventos en que este se vea amenazado.
Según el diario El Tiempo en su edición del 8 de agosto de 2015, al mes de junio de ese año se registraban en todo el país 1.725 muertes por riñas callejeras. En alguna oportunidad el observatorio de Medicina Legal determinó que entre 2004 y 2009, la tasa de lesiones personales por violencia pasó de 200 a más de 300 por 100 mil habitantes; los casos de violencia intrafamiliar están por encima de los 95 mil anualmente. Estas cifras son escandalosas.
Para nadie es un secreto que en Colombia afrontamos una crisis de autoridad. La autoridad familiar, autoridad escolar, autoridad policial son a diario cuestionadas, ridiculizadas y burladas. Esa crisis de autoridad, en cierta forma, es consecuencia de la nueva cultura jurídica que trajo consigo la Constitución de 1991, en el sentido de que esta norma superior desequilibró la correlación entre derechos y deberes ciudadanos, haciendo énfasis en los derechos y trayendo consigo insoportables abusos que hacen inviable la vida en comunidad.
Si bien es cierto, muchas veces la autoridad puede desencadenar indeseables autoritarismos. Pero es necesaria: la autoridad legítima es un presupuesto de la existencia de la vida en común, el abandono de la ética cristiana y el advenimiento violento e irreflexivo de una ética laica amenaza el derecho al buen vivir, el coexistir en paz. La autoridad agoniza y es común en Colombia encontrar una justicia desprestigiada, pasajeros que se toman aviones, linchamientos en las calles, irrespeto a la autoridad y otros actos son síntomas de una sociedad amoral, egocentrista y doblemoralista, una sociedad débil y un estado incompetente.
El Código de Policía pretende poner freno a quienes injustificadamente hacen del espacio público un negocio; a quienes destruyen los parques públicos, quienes lastiman con perros furiosos a las personas; a quienes hacen necesidades fisiológicas en lugares comunitarios; a quienes, sin importar el derecho ajeno, trasnochan a todo el conjunto residencial con sus equipos de sonido a todo volumen. Además de que esta norma se propone controlar conductas como el uso de la pólvora, riñas en la calle, actos circenses en sitios públicos y se dotó de facultades para que agentes policiales puedan registrar personas, bienes, así como ingresar a las instituciones educativas cuando se produzcan conductas que afecten la convivencia. Finalmente se establecieron, entre otras cosas, obligaciones como la de avisar cuándo se va a hacer una protesta social y que las autoridades la disuelvan cuando lo crean oportuno.
El nuevo código fortalece las multas a quienes atropellen el derecho ajeno y atenten contra la tranquilidad pública. Estas multas van desde 90 mil hasta 300 mil pesos. Como quien dice: "el que abuse de sus derechos y amenace la convivencia, debe alistar el bolsillo". El código también contempla la creación de centros de refugio temporal para habitantes de calle que se encuentren en un estado alterado de conciencia, entre otras regulaciones.
Es cierto que algunos se oponen a la aplicación de esta nueva ley de convivencia ciudadanía. Por un lado, porque consideran que fortalece el abuso policial y que es peligroso darle semejantes atribuciones restrictivas a una policía tan desacreditada como la colombiana. Y por otro, consideran que muchas de los procedimientos que prevé el texto de la ley resultan inconstitucionales, injustificados y desproporcionados, como quiera que sanciona el libre desarrollo de la personalidad, la protesta social y estigmatiza algunos grupos sociales como prostitutas, transexuales, tribus urbanas, afrodecendientes y gitanos entre otros.
Colombia necesita un Código de Policía estricto y eficaz, pues a pesar de los gritos rabiosos de los políticos anarquistas, es necesario garantizar la máxima aquella de que mi derecho termina donde comienza el del otro. La Corte Constitucional tiene la última palabra.
