La firma del Acuerdo de paz del gobierno y las FARC en noviembre del 2017 no trajo la paz esperada al departamento del Cauca y menos en municipios como Buenos Aires y el Tambo, con una localización estratégica e importantes riquezas naturales.
Casi que simultáneamente a que en La Habana el proceso de paz iniciaba su recta final, en distintos puntos del territorio nacional se empezaban a reagrupar sectores de la guerrilla decididos a continuar en la guerra. Soterradamente, no estaba dispuestos a dejar a un lado los rodos de dinero derivados de la protección de cultivos ilícitos, cocinas, laboratorios, rutas de tráfico, servicios sicariales, extorsión, justicia privada: la ilegalidad.
Unos de los primeros en formarse fueron el Frente Estiven González, las Guerrillas Unidas del Pacifico, el Frente Unido del Pacifico, el Nuevo Sexto Frente y el Frente Fuerzas Unidas del Pacifico con su mira puesta en el Cauca. Ya en desde mediados del 2018, la fundación Indepaz identificó al menos 12 municipios en ese departamento con presencia de grupos llamados residuales y para finales de 2019 estaban veinte municipios, con especial impacto en Buenos Aires, El Tambo, Caloto y Argelia, entre los más afectados.
Y muy especialmente Buenos Aires, un municipios que ha padecido además el nacimiento de otras estructuras armadas como el Bloque Movil Jacobo Arenas que el año pasado llegó a otros siete municipios vecinos y la columna móvil Jaime Martinez que se autoproclama como parte de las FARC-EP. Manejan las mismas formas organizativas de la antigua guerrilla de las Farc y camuflándose en éstas confunden a autoridades y pobladores.
En el municipio de El Tambo son el Frente Carlos Patiño y el Nuevo Sexto Frente los que actúan y además se teme la llegada del Frente 49.
Estos grupos han encontrado en la pandemia del COVID-19 una oportunidad para incursionar en los municipios a donde encuentran a la gente desprotegida y atemorizada. La disputa territorial ha llevado a que, en los 36 días de la cuarentena decretada desde Bogotá, hayan sido asesinadas en el departamento del Cauca 13 personas queridas y reconocidas por sus comunidades.
En el Tambo y Buenos Aires, la racha empezó el pasado 17 de abril.
El primer asesinado fue Teodomiro Sotelo Anacona, un líder perteneciente al consejo comunitario de la vereda Betania quien formaba parte de la mesa alternativa de cultivos ilícitos del proceso intercultural para la transformación productiva en El Tambo.
El 18 de abril también en el Tambo mataron a Andrés Cacimance Burbano, esposo de una reconocida líder de la vereda Honduras. Con su muerte, a pleno luz del dia frente a los vecinos, buscaban amedrentar a su esposa a quien, al parecer, no pudieron localizar.
La muerte llegó a Buenos Aires el 19 de abril cuando mataron a uno de sus líderes Mario Chilhueso, dedicado a la lucha por el reconocimiento de los derechos del campesinado en la región del Alto Naya. Se desempeñaba como presidente de la Asociación de Trabajadores y Pequeños Productores Agropecuarios -ASTCAP-, del municipio de Buenos Aires.
Tres días después, el 24 de abril, fueron asesinados Jesús Albeiro Riascos Riascos y Sabino Angulo Advincula, dos líderes campesinos de El Tambo. Se identificó como responsable al grupo residual Frente Carlos Patiño. Ese mismo día fue asesinado Hugo de Jesus Gildarlo Lopez, Integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos y Pequeños Productores Agrícolas del Municipio de Buenos Aires Cauca ASTCAP y la Coordinación de Marcha Patriótica Cauca. Lo fueron a buscar a Santander de Quilichao para abalearlo a la entrada de su casa donde cumplía en confinamiento.
El 26 de abril asesinaron a tres líderes: Weimar Arará, Humberto Solís y Armando Montaño. Una masacre que se le atribuye a la columna móvil Jaime Martinez. Este grupo residual llevaba semanas repartiendo panfletos con amenazas dizque contra las personas que no acogieran medidas de absoluto confinamiento.
La realidad del Cauca es tan dolorosa como confusa. Entre la dificultad organizativa por la que atraviesan las comunidades y la debilidad de las organizaciones sociales, amenazadas a muerte por estos nuevos grupos armados ilegales que se cobijan en la máscara de “las disidencias de las FARC”.
Mueren personas todos los días por la violencia, mientras los demás solo miran entre la angustia del miedo a hablar y la carestía de todo por la cuarentena. El gobierno falla en los apoyos económicos solidarios y trata de ejercer autoridad con una presencia militar insuficiente que no frena la violencia, pero si tensiona a las comunidades.
