Desde de agosto de 2016, cuando adjudicó el contrato para la comercialización de licores de su departamento, el entonces gobernador de Nariño Camilo Romero ha sido un asiduo visitante de los estrados judiciales. Las citaciones, imputaciones de cargos y audiencias no le han dado tregua y ha tenido que abrirles espacio en su agenda, primero como aspirante a la presidencia de la República, y ahora como embajador en Argentina. Nunca ha incumplido ninguna.
Ahora él es uno de los protagonistas de una historia que no es frecuente en un país donde la impunidad se ha convertido en un lugar común en todos los discursos. No es común, en efecto, que en una sola semana la Corte Suprema de Justicia llame al banquillo de los acusados a nueve exgobernadores.
Inocentes o culpables, todos ellos deberán explicar los contratos comprometen multimillonarios recursos públicos. Incluso, como en el caso en el caso de los exmandatarios de Guainía Óscar Armando Rodríguez Sánchez y Javier Eliécer Zapata Parrado, cuyos bienes fueron embargados, algunos de ellos tendrían que reparar con su patrimonio los daños causados al Erario.
¿De qué están acusados los exgobernadores cuyo azaroso itinerario incluyó antes en una escala en la Fiscalía?
El hoy embajador Camilo Romero ha venido explicando que cuando gobernó su departamento cumplió una decisión de la Asamblea que se convirtió en tradición entre sus antecesores. Cuando vencía el contrato para la compra y venta de licores, fuente vital para las rentas departamentales, el gobernador podía renovarlo o volver a contratar en condiciones expeditas.
Camilo Romero, embajador de Colombia en Argentina y exgobernador de Nariño
Según Romero, de eso estaba convencido hasta una mañana de 2017 cuando llegó por sorpresa a la sede de la gobernación una comisión del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía. Los policías judiciales entraron primero a las oficinas de la Secretaría de Hacienda y luego a su despacho. Buscaban los documentos que les permitieran hacer la trazabilidad del contrato de comercialización de los licores.
La Fiscalía no tardó en notificarlo de que debería explicar, dentro de una investigación formal, por qué el nuevo contratista era precisamente uno de los aportantes de su campaña. Según la acusación de la Fiscalía ante la Corte, el contratista Richard Giovanni Portilla era la misma persona que le prestó a Romero la sede donde funcionó su campaña. De ahí la Fiscalía deducía que la contraprestación fue el otorgamiento del contrato para la distribución de Aguardiente Nariño.
Romero no ha modificado sus argumentos. Sostiene desde aquel día que jamás actuó con intención dolosa y que nunca tuvo relación personal con aquellos que hicieron libremente aportes a su campaña. De hecho, todos ellos fueron reportados al Consejo Electoral, organismo que no encontró tacha en sus cuentas.
La Sala de Instrucción evalúa otras razones expuestas durante la acusación. Una de ellas se refiere a que la firma contratista, Organización de Licores de Nariño, se constituyó en 2015 y un año después no registraba movimiento financiero alguno. Cuando se hizo al contrato solo podía acreditar como prueba de solvencia una cuenta que apenas superaba los 200.000 pesos y tenía en curso un crédito por 15.000 millones. Eso significaría que no cumplía con los requisitos para contratar y también que le apostaba a un negocio que ya tenía asegurado. En el mismo caso está sindicado Mario Fernando Benavidez Jiménez, integrante del gabinete de Romero y exgobernador encargado.
Javier Eliécer Zapata Parrado y Óscar Armando Rodríguez Sánchez, exgobernadores de Guainía
Cuando salieron de la gobernación de Guainía Javier Eliécer Zapata Parrado y Óscar Armando Rodríguez Sánchez eran hombres ricos. Eso lo confirmó la justicia cuando dispuso la ocupación preventiva de 89 bienes de su propiedad que estaban valorados en casi cinco millones de dólares. Lo que la Corte debe decidir ahora es si esa fortuna está asociada en su origen a los recursos que se perdieron durante la construcción de acueductos en cinco municipios y en otras obras públicas que nunca vieron la luz.
Los resultados del juicio en su contra son esperados con expectativa por habitantes de Pueblo Nuevo, Minitas, Carpintero, Mapiripan y La Unión, defraudados con la pérdida de millonarios recursos estaban presupuestados inicialmente para mejorar los indicadores sociales, a partir de la dotación de acueductos y alcantarillados.
Wilson Rafael Rojas Vanegas y Wilbert José Hernández, que como gobernadores de La Guajira prometieron masificar el aprendizaje del inglés, también están siendo juzgados en forma simultánea. En principio, la Sala de Instrucción los supone artífices de un Contrato por $11.270 millones con la Empresa de Nuevas Tecnologías de Innovación e Ingeniería y Telecomunicaciones (Niu Telco S. A. S.) cuyo objeto no se cumplió.
Wilson Rafael Rojas Vanegas y Wilbert José Hernández, exgobernadores de La Guajira
No podría afirmarse que Rojas y Hernández les fallaron a sus electores, ya que los dos llegaron al cargo de gobernador por decreto, en medio de una mala racha que hizo que el departamento estuviera prácticamente acéfalo en su administración. Le fallaron, sí, según la justicia, a la comunidad del departamento.
Los recursos comprometidos fueron desembolsados, pero el inglés como segunda lengua no legó al dominio de profesores y estudiantes como lo prometía el gobierno departamental.
La crisis del Programa de Alimentación Escolar (PAE) también tendrá incidencia en los fallos que están a punto de emitir los más altos jueces de la República. Jesús Galdino Cedeño, gobernador de Amazonas en tiempos de la pandemia, tendrá que explicar por qué suspendió el contrato que venía en ejecución y se basó en la figura de la urgencia manifiesta para adjudicar uno nuevo por cerca de $500 millones.
Su excusa –si la Corte considera que lo fue- es que resultaba necesario modificar la prestación del servicio de alimentación para adaptarla a las condiciones impuestas por la emergencia económica y social decretada con ocasión de la emergencia de la Covid-19. El contratista revocado tiene demandado al departamento por perjuicios, mientras que el contrato posterior no superaría el examen en cuanto al cumplimiento de los requisitos de transparencia y economía.
Francisco José Infante Vergara, exgobernador de Magdalena, fue llamado a juicio para que se defienda de cargos sobre celebración de un contrato sin requisitos legales y peculado por apropiación. La investigación penal se derivó de una actuación de la Contraloría que encontró detrimento patrimonial en un contrato entre la gobernación y la IPS Eidis Campo Laboratorio Clínico. Su objeto, a la postre fallido, era la prestación de servicios de salud a la población pobre en lo no cubierto con subsidio a la demanda del II nivel de atención, consistente en tamizaje a cuatro mil pacientes, incluido pre-test VIH, test VIH y capacitación de prevención.
Otra trama de corrupción con contratos públicos tiene contra las cuerdas, después de doce años, a Jorge Carlos Barraza Garak. Gobernador de Sucre durante los años 2008 a 2011. Su pecado habría sido contratar la compra de textos escolares sin estudios previos y sin tener en cuenta a otros productores. La Corte tiene razones para presumir que la adjudicación del negocio por cerca de 3.000 millones de pesos fue hecha a dedo con la compañía Los Tres Editores S.A.
Nunca será tarde para conocer un veredicto.
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