Dos días después de su posesión, el presidente Duque se reunió con los líderes indígenas del país en la Casa de Nariño, con quienes acordó un plan para la protección de líderes indígenas y proyectos de tierras; sin embargo, ahora no quiere repetir la experiencia, por eso está empecinado en no viajar al departamento del Cauca para sentarse con la Minga, conformada por sectores campesinos, organizaciones sociales e indígenas del Huila, Caldas, Cauca y Valle del Cauca. El pasado 4 de marzo les envió una invitación a los 9 consejeros del CRIC para almorzar en Palacio y dialogar, pero los consejeros no se mandan solos, y la Junta Directiva integrada por las autoridades indígena no los autorizó a viajar, pues es claro que quieren ver a Duque en el Cauca, no a los consejeros en Bogotá.
Ante la falta de diálogo, el presidente conformó una nueva comisión de gobierno para que se siente con los duros consejeros y la Comisión Política Indígena, dispuestos a ceder muy poco ante los constantes incumplimientos de los cerca de 1.200 acuerdos que han firmado históricamente. La comisión del presidente, conformada por el alto comisionado para la paz Miguel Ceballos, la ministra del Interior Nancy Patricia Gutiérrez y el director para la Unidad de Gestión del Riesgo, Eduardo González, quienes ya estuvieron en el Cauca el fin de semana pasado intentando llegar a un primer acuerdo, deberán entrar a negociar con:
Aída Yolima Guegia, representante nasa de la zona de reasentamientos, Nasa Uss. Responsable del componente administrativo de la CRIC;
Neis Oliverio Lame Camayo, representante legal del CRIC y delegado de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca del pueblo Nasa;
Harold Ediliano Ortega Santiago, representante del pueblo kokonuko por la zona central del Cauca;
Adelmo Isoto Velasco, representante del Consejo Territorial de Autoridades indígenas del Oriente Caucano (Cotaindoc) y responsable del componente económico ambiental;
Fernando Caso Chate, representante del pueblo nasa sa’th tama, caldono. Responsable encargado para el bloque sociocultural;
Roberto Díaz Samboní, representante del pueblo yanacona y perteneciente al bloque económico ambiental;
Yordi Yunda Pajoj, representante del pueblo nasa de la zona occidental de Cauca: responsable del programa de comunicaciones y componente político;
Enrique Perdomo, representante del pueblo nasa de la zona de Tierradentro, Cauca: delegado programas de salud y educación;
Placido Moya Obispo, representante del pueblo Eperara Siapirara de la Costa Pacífica: delegado en los programas de salud y educación.
Además, los campesinos también tienen por lo menos otros cuatro delegados y los consejos regionales indígenas de Caldas y Huila también tienen sus propios consejeros.
Sin embargo, la comisión pareciera no tener mucho para ofrecer, incluso hace tan solo unos meses el gobierno les quitó importantes recursos sin avisarles.
En octubre del año pasado los ministros Carrasquilla, Malagón, Ángulo y Uribe retiraron silenciosamente del Congreso el proyecto de ley 57 de 2018, enviado por el gobierno Santos una semana antes de terminar el periodo presidencial, con el que se aumentaba del 0.5% al 1% el presupuesto que reciben los resguardos indígenas del Sistema General de Participaciones —SGP—. Sin mayores explicaciones, los ministros radicaron esta carta en la Cámara de Representantes —carta que fue publicada por el portal La Línea del Medio— y nunca les avisaron nada a los indígenas. Hoy, ese 0.5% de recursos con los que contaban y ya no existen y es uno de los principales reclamos en la Minga.
Aunque Duque aseguró que en el Plan Nacional de Desarrollo se incluyó un presupuesto de $ 10 billones para implementar los acuerdos con los indígenas, realmente esta plata ya estaba comprometida desde el gobierno anterior básicamente en temas de educación y salud. Por eso la exigencia de la Minga de pedir otros 3,2 billones para tener recursos que puedan administrar ellos mismos. Además, según el pliego de peticiones de los indígenas, hay un punto clave que el presidente no ha socializado, y es que ese abultado presupuesto ni siquiera está incluido en el artículo 4 del PND, que es donde se definen las metas e indicadores para los asuntos presupuestales. Es decir, el anuncio de los $10 billones parecieran ser solo eso; un anuncio.
Después de muchos tire y afloje, tanto el gobierno como los indígenas acordaron un capítulo especial para indígenas tal y como se protocolizó en la Mesa Permanente de Concertación —MPC— pero también es verdad que este capítulo, que quedó definido desde el 2017 a través del decreto 1811 que recoge todos los acuerdos anteriores, el gobierno solo lo incorporó como un anexo al PND.
El presidente no se reunirá con ellos directamente hasta que no paren “vías de hecho”; sin embargo, muchos en la Minga recuerdan la vez que tuvieron bloqueada la Panamericana por tres meses durante el gobierno de Uribe en 2008, y ahora están dispuestos a aguantar como aquella vez. Ese año, el 16 de diciembre, el líder indígena Edwin Legarda, esposo de la hoy dirigente Aída Quilcué, fue asesinado por unos soldados que le dispararon por no detenerse en un retén militar.
La Minga indígena y campesina no le cree al gobierno Duque. Mientras el presidente asegura que todos los acuerdos se cumplirán a través del PND, la comisión y la ministra Gutiérrez ha dicho que hay muchos puntos incumplibles por falta de dinero. La comisión intentará definir una agenda, pero mientras Duque no se presente en el Cauca, difícilmente llegarán a un acuerdo.
