Las acciones investigativas y judiciales definidas en la estrategia conjunta de la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación arrojan resultados contundentes en defensa de los recursos públicos destinados a la atención de los colombianos afectados por la emergencia ocasionada por el COVID-19: se abrieron 24 indagaciones preliminares por presuntos sobrecostos en contratos.
“Las indagaciones preliminares abarcan las gobernaciones de Norte de Santander, Cesar, Putumayo, Cundinamarca y Vaupés”, señaló el contralor, Carlos Felipe Córdoba.
Los responsables serán imputados por delitos como interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contratos sin requisitos legales y diversos tipos de peculado.
“Se imputarán por estos delitos al alcalde de Necoclí (Antioquia), Jorge Augusto Tobón Castro, Barbosa (Antioquia), Édgar Augusto Gallego Arias, San José de Miranda (Santander), Donaldo Ortiz Cárdenas y El Charco (Nariño), Víctor Candelo Reina”, dijo Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación.
Gracias al trabajo articulado de los entes de control, los posibles sobrecostos se redujeron a 6.400 millones de pesos, logrando beneficios económicos para el patrimonio público por cerca de los 30.000 millones de pesos.
