La suerte de todos los desafíos que enfrenta Colombia depende en gran medida del establecimiento de políticas públicas orientadas a su superación. Para ello, es indispensable contar con gobernantes comprometidos con ese propósito y con la gobernabilidad necesaria para su materialización. Sin embargo, ¿Será posible?
De hecho, uno de los grandes desafíos del país es precisamente la falta de legitimidad de sus instituciones y del Estado. Efectivamente, la nuestra es una nación que poco cree en sus instituciones y en sus gobernantes (y en general en sus políticos). Eso lo demuestran las distintas encuestas de percepción ciudadana en la que se “rajan” el Congreso de la República, las Fuerzas Armadas, los partidos políticos, la justicia, los órganos de control, los medios de comunicación, incluso las iglesias. Lo cierto, es que objetivamente, esa desconfianza o desaprobación de su imagen está más que ganada con creces.
Los tentáculos de mafias asociadas al narcotráfico y la corrupción aparecen por doquier en el paisaje institucional de la nación. Junto a ello, en las ramas del poder público, el clientelismo es el mecanismo de funcionamiento que caracteriza su propia supervivencia. Lo más grave del asunto, es que al ser la corrupción y el clientelismo fenómenos “normalizados” en el comportamiento de los propios ciudadanos, estos podrían considerar imposible su superación en las instancias de poder.
Hay quienes piensan que la disminución del conflicto armado, ha generado en la percepción ciudadana una mayor atención hacia estos temas, en otrora relegados. Esa, junto a la globalización de las causas sociales, podría ser la responsable de la influencia e impacto de movimientos sociales como los protagonizados por indígenas, estudiantes, jóvenes, maestros, víctimas, ambientalistas, feministas, animalistas, entre otros. En efecto, lo anterior guarda relación con que en las pasadas elecciones presidenciales haya quedado demostrado que la mayoría de la nación exige un cambio profundo en el sistema.
En el camino de superar los grandes desafíos nacionales, pareciera generar alguna esperanza, la elección por primera vez en Colombia de un gobierno de izquierda, de corte liberal, cuyo discurso aparece comprometido con la implementación de cambios de rumbo: un nuevo relacionamiento internacional basado en la lucha frente al cambio climático, la sostenibilidad ambiental y la ruptura de la política internacional contra las drogas, la apuesta por la paz total frente a la violencia, la implementación de la reforma agraria, el anuncio de programas sociales contra la pobreza y el hambre, la apuesta prioritaria por la educación y por reformas en áreas diversas (tributaria, política, sistema de salud, política minero-energética, entre otras) y el reconocimiento a la diversidad multiétnica y cultural de la nación.
Sin embargo, la realidad es que para la implementación de todos estos cambios requiere de un amplio margen de gobernabilidad, del que dudo pueda consolidarlo. Primero, porque sus mayorías en el congreso son débiles: están basadas en la práctica política tradicional (clientelismo), más que en un acuerdo programático. Segundo, porque las instituciones en general (el poder real), aplican y aplicarán mecanismos de defensa y resistencia al cambio. Todo esto está produciendo un choque entre lo que se desea reformar y lo que es posible, aminorando las expectativas en la implementación de reformas. Dicho de otro modo, las mismas instituciones, aún en crisis de legitimidad, harán todos los esfuerzos necesarios por disminuir el alcance de las reformas que pretenden su propia transformación.
Para contrarrestar esto, son dos las grandes apuestas que el gobierno que promete “El Cambio” debe formularse como prioridad. La primera es una reforma política y a las instituciones del poder público, que en el mediano plazo pueda permitir un cambio en el ejercicio práctico de las mismas. Esto es: listas cerradas, financiación 100% estatal de las campañas y voto obligatorio, para aminorar la influencia del narcotráfico, el clientelismo y la corrupción en los espacios de poder político. Así mismo, el fortalecimiento de la independencia de todas las ramas del poder público, sobre todo la judicial y los órganos de control.
La segunda apuesta estratégica debe ser contar con la habilidad y mecanismos de transparencia y efectividad gubernamental, para asegurarse una real y eficaz implementación de las reformas (o cuasi reformas) logradas. Si el gobierno no le demuestra a la ciudadanía que su discurso puede transformarse en hechos reales y concretos que demuestren un cambio de rumbo y se traduzcan en el bienestar material de la población, difícilmente podrá mantener el respaldo popular y con ello, las expectativas de cambio corren el riesgo de transformarse en frustración.
Como puede verse, el camino hacia el establecimiento e implementación de políticas públicas que nos permitan enfrentar de manera acertada los desafíos históricos de Colombia, es posible en realidad. Estamos en un buen momento para iniciar ese camino. Pero su éxito dependerá de la capacidad del actual gobierno para sacar adelante una profunda reforma política y de las instituciones, así como de una positiva ejecutoria gubernamental. No es fácil, pero es el camino.
