Esta semana se dio a conocer una nueva medida del contralor de Bogotá Juan Carlos Granados en contra del excandidato presidencial y hoy senador por la Colombia Humana Gustavo Petro. Como era de esperarse, el senador reaccionó alertando sobre la politización de los órganos de control usados como instrumentos para orquestar toda una persecución política que busca “la aniquilación de sus futuras aspiraciones presidenciales”.
El nuevo round de esta batalla se da porque la Contraloría de Granados, mediante oficio enviado al Consejo Nacional Electoral, ordenó embargar los dineros correspondientes a la reposición de votos de la campaña presidencial de Gustavo Petro en las pasadas elecciones, lo cual significa un golpe certero no a la figura más visible de la oposición política en colombia, sino a todos los acreedores que financiaron su campaña, en la cual se cuentan grandes bancos, empresas de publicidad, logística y sus patrocinadores particulares.
Sin embargo, lo que muchos señalan como una paranoia del exalcalde de Bogotá, empieza a darle la razón y peso en sus argumentos tras una breve revisión de las acciones tomadas por el contralor en su contra. Recordemos que esta nueva solicitud de embargo se debe a las multas impagables impuestas por un presunto detrimento patrimonial en su alcaldía al otorgar subsidios al transporte publico reduciendo el valor del pasaje de TransMilenio. A esta multa se le suma la impuesta anteriormente por el manejo de las basuras y en las que se responsabiliza a Petro de haber afectado las finanzas de la ciudad con la compra de camiones para ser operados por el distrito (sin tener en cuenta las denuncias de saboteo en la operación realizada presuntamente por esos mismos operadores privados que veían perder el negocio de las basuras). Lo paradójico es que a quien otorga subsidios a la tarifa de transporte y compra maquinaria para el beneficio de la ciudad se le multa y embarga, pero al que endeudó al país con sus bonos de agua y quiere sacarle la plata del bolsillo a los colombianos con reformas económicas se le premia con total beneplácito. Sin palabras.
Para resumir, el contralor ha multado a Gustavo Petro por alrededor de 300 mil millones de pesos en diferentes procesos que no dejan de tener su “tufillo” a persecución política como en esta nueva solicitud hecha al CNE a todas luces arbitraria y sin sentido, ya que el dinero que se recibe por reposición de votos no va directamente al bolsillo del candidato sino a los movimientos políticos que inscribieron su campaña y más específicamente a sus acreedores, pero la contraloría pide que sean girados a esta entidad en una cuenta del banco agrario.
Ahora bien, para entender mejor porque parece haberse ensañado en una cacería de brujas contra el líder de la Colombia Humana, es necesario conocer más a fondo quien es el contralor Granados.
Juan Carlos Granados es un político reconocido en Boyacá donde siempre ha tenido su fortín electoral, cuando fue concejal, diputado y gobernador recibió el apoyo de partidos como Cambio Radical, la U de Santos, los liberales, conservadores y del Partido Verde. Luego decidió quedarse en las toldas del partido de Germán Vargas lo que a la postre lo llevaría al cargo que hoy ostenta. Aun es investigado por una millonaria suma de dinero que se invirtió supuestamente en kits escolares que en su gobernación nunca se entregaron, pero que según las cuentas cada kit tendría un valor de alrededor de 20 millones de pesos cuando en la realidad su valor no superaba los 20 mil pesos ¿hablamos de detrimento, corrupción o malos manejos de los recursos públicos? Y las multas y sanciones ¿dónde están?
Su nombre también salió a flote porque la Procuraduría le abrió investigación por presuntamente conformar una nómina paralela en la Contraloría Distrital para pagar favores políticos; de hecho, en el escándalo del “cartel de la toga” se supo que contrató a Yara Malo y a José Leonardo Bustos, hijos de Gustavo Malo y Leonidas Bustos comprometidos hasta el cuello en ese entramado de corrupción que ya hoy tiene condenados por el mismo caso.
No obstante, como si lo anterior no fuera suficiente para no echar en saco roto las denuncias de Petro, se conoció a finales de 2018 que el empresario Federico Gaviria, testigo clave en la investigación del caso Odebrecht, le dijo a la Fiscalía que Granados recibió 200 millones de pesos de esta multinacional, campeona en corrupción para financiar su campaña electoral a la gobernación de Boyacá, que se habían reunido en varias ocasiones para acordar la participación de esa multinacional en varios proyectos para la región y que el mismo Gaviria le habría entregado dinero a Granados para garantizar posteriores favores políticos. Parece que en cada hecho de corrupción que se destapa en el país sale a relucir el nombre del contralor Granados y no como investigador sino como sindicado o señalado por alguien o por algo.
Quizá las acusaciones que se le hacen a Granados no lleguen a nada, quizá se conviertan en meros formalismos de la Fiscalía aparentando justicia para que finalmente salga en limpio como lo ha señalado Gustavo Petro hasta el cansancio, y es que ese mismo desprestigio institucional es el causante de que la ciudadanía no confíe en el Fiscal Néstor Humberto Martínez, que seamos pesimistas y no exista esperanza en la justicia, en lo que pueda pasar con Odebrecht y sus intermediarios en colombia, con las casi 300 investigaciones que cursan contra Álvaro Uribe o las arbitrariedades de Peñalosa en la alcaldía de Bogotá.
Mientras tanto, Gustavo Petro seguirá como él mismo lo ha dicho “investigado, embargado y perseguido por los detractores de su movimiento la Colombia Humana”. Al paso que vamos, a Petro no le va a quedar ni para comerse una empanada en la calle, aunque pensándolo bien y como están las cosas, mejor que no lo haga.
