Desde hace tres meses la Unidad de Protección del gobierno alertó a los investigadores, analistas León Valencia, Ariel Ávila y al periodista Gonzalo Guillen de una amenaza contra sus vidas. El origen estaba identificado y provenía de las Bacrim controladas por alias Marquitos Figueroa y sus presuntos aliados políticos, como el actual Gobernador de la Guajira, Francisco “Kiko” Gómez.
La Fiscalía se comprometió a investigar los hechos señalados. Aún no hay resultados concretos y las amenazas se han reactivado nuevamente y han incluido a un nuevo nombre: la analista Claudia López. La situación es delicada y por esto le han solicitado al Fiscal Eduardo Montealegre, al Ministro del Interior Aurelio Iragorri y al director de la Policía Rodolfo Palomino, actuar con diligencia.
Esta es la carta enviada en el día de hoy.
Apreciados Doctores Montealegre e Iragorri y Señor General Palomino:
Desde hace 3 meses la Unidad de Protección nos alertó de una amenaza inminente contra nuestra vida proveniente de las bacrim de alias Marquitos Figueroa y sus presuntos aliados políticos, como el actual Gobernador de la Guajira, Francisco “Kiko” Gómez.
La semana pasada fuimos informados de una nueva amenaza del mismo origen, que esta vez incluye también a Claudia López. Muy amable y diligentemente el señor director de la Unidad de Protección puso a disposición de Claudia López un vehículo blindado y un esquema de seguridad desde el pasado viernes. Sin embargo, también se nos informó que ninguno de los indicios muy sólidos sobre la amenaza recibida hace tres meses o la actual han sido verificados o descartados por la Policía Nacional o la Fiscalía General de la Nación.
Confiamos plenamente en las autoridades, hemos seguido sus recomendaciones. Pero nuestra seguridad y nuestra vida no dependen de un carro blindado y un escolta, sino de la eficacia de la justicia. Es inadmisible que en tres meses ninguna autoridad haya verificado o descartado los indicios muy precisos que tiene la Unidad de Protección. La evasión o dilación de las autoridades nos dejan en riesgo mortal; dependemos, como cualquier otro colombiano, de la eficacia del Estado y el aparato policial y judicial.
Les rogamos una vez más, que los indicios de la Unidad de Protección sean verificados o descartados. Mientras continúe la dilación e inacción de las autoridades nuestra vida corre alto riesgo.
Seguimos atentos a sus resultados e instrucciones.
Cordialmente,
LEÓN VALENCIA AGUDELO
CLAUDIA LÓPEZ HERNANDEZ
ARIEL ÁVILA MARTINEZ
GONZALO GUILLEN
