El pasado 3 de septiembre los trabajadores de la empresa palmera Aportes San Isidro incendiaron la vivienda del campesino Eliodoro Mercado, miembro de la Asociación de Campesinos de Buenos Aires ASOCAB. Eliodoro vivía con toda su familia en este rancho con tejas de zinc, con el único propósito de cultivar su parcela. Cuando sucedió el ataque, por fortuna, no estaban en la casa, la cual fue quemada con todas sus pertenencias.
Esta violación a los derechos humanos hace parte de una sistemática persecución a los campesinos de ASOCAB. El pasado 14 de agosto fue herido Tito Alvear en el momento en que registraba las agresiones de los trabajadores de la empresa.
Días antes, el 8 de agosto, fueron arrasados los cultivos de pan coger de un grupo de mujeres también pertenecientes a ASOCAB. Los hechos fueron registrados por las campesinas con sus teléfonos celulares y se puede ver claramente el descaro de los perpetradores. ¿Qué es lo que pasa en Las Pavas?
Los hechos de alteración del orden público en el predio Las Pavas han aumentado desde que el Incoder, en noviembre de 2012, cumpliendo una orden de la sentencia T-267 de 2011 de la Corte Constitucional, extinguió la propiedad de la empresa palmera Aportes San Isidro S.A.S.
El proceso de extinción de dominio había sido adelantado contra el anterior propietario de la hacienda, el presunto narcotraficante Jesús Emilio Escobar Fernández, quien desde 1995 había abandonado la explotación de la tierra. En estos predios abandonados se asentaron los campesinos desde 1998, siendo despojados por un lugarteniente de Escobar y el Bloque Central Bolívar de los paramilitares en el 2003 y en el 2006.
Aprovechando el despojo, Escobar vendió la finca en el 2007 a la palmera Aportes San Isidro S.A.S. Por cuenta de una norma incongruente con la Constitución (actualmente demandada ante la Corte Constitucional), la palmera, a quien se le extinguió el dominio, continúa haciendo actos de posesión justificada en la continuidad de la inscripción de sus títulos de propiedad en la oficina de registro de instrumentos públicos hasta que el Consejo de Estado revise el proceso llevado a cabo por el Incoder en un proceso que puede tardar más de cinco años.
En este contexto, hoy existen dos actores: la empresa palmera y los campesinos desplazados, los cuales reclaman tener igual derecho a ejercer posesión sobre los mismos predios, lo que en ausencia de las decisiones definitivas de las autoridades judiciales, se encuentran en una permanente disputa.
El asedio a los campesinos ha dejado muchas hectáreas de alimentos destruidos, ranchos quemados y personas heridas, entonces nos preguntamos: ¿Qué está esperando el Gobierno y sus instituciones para tomar medidas de fondo en este caso?
Los ataques han aumentado desde que la Corte extinguió la propiedad de ese terreno a la empresa palmera Aportes San Isidro
