En el amanecer del sábado anterior escuché en Caracol Radio una entrevista que me dejó pegado del techo. Se trataba del exguerrillero de las Farc Élber Fajardo, quien le contó al periodista Herbin Hoyos cómo fue su participación en el libreto aquel que durante tres meses tuvo en prisión al exdiputado de Valle del Cauca Sigifredo López.
Fajardo relató que días después de la captura de López en Cali (16 de mayo de 2012) fue abordado por varios funcionarios judiciales para que falsamente —y en pocas palabras— dijera que López era prácticamente un guerrillero que había instigado el secuestro en abril de 2002 de sus compañeros de la Asamblea del Valle.
Agregó que en cuestión de horas fue trasladado de Popayán a la cárcel de municipio de Tuluá, donde de nuevo se entrevistó con los mismos funcionarios judiciales, pero que esta vez se hizo presente Paulo César García, el fiscal de la Unidad de Derechos Humanos que inició el proceso contra López.
Según la narración del propio Fajardo, un sujeto llamado Gustavo Muñoz le hizo llegar cinco millones de pesos para que hundiera al exdiputado. Indicó que en realidad a él le entregaron una declaración para que firmara, como en efecto lo hizo, con la advertencia de que le iban a ayudar en los otros procesos que tenía pendientes con la justicia colombiana. Enfatizó en que la doctora Martha Lucía Zamora, entonces fiscal delegada ante la Corte Suprema, le envió un recado en el que le agradeció por la colaboración que estaba prestando.
Pues bien, el testimonio de Fajardo —y de otros testigos de la misma laya— sirvió para que la Fiscalía profiriera medida de detención preventiva en contra de López en momentos en que el país ya era consciente de que se estaba cometiendo una injusticia.
Que Fajardo mienta a nadie debe extrañar. Él mismo reconoció en la referida entrevista que toda la vida ha actuado al margen de la ley. El problema legal es para quienes supuestamente lo buscaron y le pidieron su “ayuda” para empapelar a un inocente.
En octubre de 2012 el fiscal general, Eduardo Montealegre, organizó un acto público para ofrecer excusas a López por los errores de algunos de sus funcionarios, y también anunció que la Fiscalía haría hasta lo imposible para aclarar de dónde salió tremendo despropósito judicial de la mano de lo que el alto funcionario llamó “el cartel de los falsos testigos”. Hay que abonarle la gallardía al Fiscal de poner su pecho en un asunto del que no fue responsable.
Ahora parece importante hacer seguimiento y verificar en qué va la investigación a este respecto. Que se sepa, hasta el momento, unos pobres diablos que fueron buscados como testigos espurios contra López están en problemas con la justicia. En cambio, los funcionarios que tenían la obligación de velar por la decencia de la justicia siguen campantes, como si nada fuera, más bien progresando que retrocediendo en sus carreras.
Según ha dicho la investigadora Margarita María Marín, en el proceso contra López no se movía una hoja sin el consentimiento de la doctora Zamora, quien en marzo pasado, luego de las elecciones parlamentarias, tuvo la muy agresiva audacia de burlarse públicamente en Twitter de Sigifredo porque se “quemó” en su intención por llegar al Congreso de la República, dejando todo qué desear sobre su capacidad de contrición. Hoy la doctora Zamora es la secretaria general de la Alcaldía de Gustavo Petro.
De todos modos los responsables del montaje contra López tienen en frente un dolor de cabeza: Élber Fajardo, quien ha dicho que si bien está dispuesto a asumir la responsabilidad por el crimen que cometió contra López, no piensa ni caerse ni quedarse solo en semejante lío.
Y a Sigifredo López solo me queda comentarle esto: la más segura garantía de que vuelva a ocurrir un caso así consiste en dejar impune el episodio. Los responsables deben ser investigados y sobre ellos debe caer el peso de la ley. Si eso no sucede, apague y vámonos.
