Reciente publicación de la facultad de economía de la universidad de los Andes titulada “Efectos en pobreza y desigualdad del Covid-19 en Colombia: un retroceso de dos décadas” infiere que la lucha por la pobreza y desigualdad económica en Colombia venía mostrando avances, sin embargo, con la parálisis de la economía que enfrentamos por la emergencia sanitaria del COVID-19, estos indicadores se van a ver afectados y llegan a la conclusión que el descenso de la clase media en Colombia va a ser tangible y peor aún, plantea la necesidad de una nueva reforma tributaria.
Tema que de pronto a muchos en este momento no nos gustaría dedicarle reflexión alguna; pero como responden los padres de familia cuando están frente a una situación embarazosa << incómodo hablarlo, pero necesario>> Así es, necesario reflexionar sobre la posible reforma tributaria que se acerca.
Como país hemos sido propensos a las crisis económicas, ya se volvieron algo endémico; cada gobierno pasó por ellas, mismas que repetidas veces descuadraron la caja para poner en marcha los planes de gobierno. Mencionando sólo algunas de ellas, al gobierno de Andrés Pastrana le tocó enfrentar la crisis del sistema financiero y luego la reconstrucción del eje cafetero por el terremoto (1999), al gobierno de Álvaro Uribe Vélez le toco enfrentar la crisis de los TES (2002) y la crisis de las pirámides (2006), luego el gobierno de Santos se enfrentó a la ola invernal (2010-2011) y más tarde necesitó recursos para garantizar la implementación del proceso de paz con las FARC. Estas y otras situaciones tuvieron que ser atendidas y las reformas tributarias _la medida más impopular pero necesaria para conjurar una crisis_ fueron la carta a exhibir. Sin embargo, frente a la situación actual el presidente Iván Duque afirmó que “No es momento de reformas tributarias” ¿Qué tan cierta, puede ser esta afirmación?.
Si observamos con detenimiento en Colombia en los últimos 30 años se han sancionado 15 reformas tributarias ( Ley 49 de 1990, Ley 6 de 1992, Ley 223 de 1995, Ley 488 de 1998, Ley 633 de 2000, Ley 788 del 2002, Ley 863 del 2003, Ley 1004 2005, Ley 1111 de 2006, Ley 1370 de 2009, Ley 1430 de 2010, Ley 1607 de 2012, Ley 1739 de 2014, Ley 1819 de 2016, Ley 2010 de 2019, esta última denominaba “Ley de Crecimiento Económico”). Durante estas reformas pasaron 12 ministros de hacienda _al ministerio que más le llueven las mociones de censura_ y si nos detenemos en la constitución de 1991; de las 48 reformas que lleva a la fecha gran parte de ellas versan sobre las regalías, esto nos deja ver que lo que más afecta a Colombia son las crisis económicas, y que por lo menos los últimos gobiernos estuvieron marcados por ellas y por el déficit fiscal.
Disquisiciones como estas, dejan en claro la volatilidad de nuestro sistema económico, y permiten deducir que para garantizar en lo máximo el cumplimiento de los fines del Estado se ha recurrido a las reformas tributarias. De igual manera así como hay quienes defienden la necesidad de estas, también hay quienes cuestionan su efectividad e impacto; mismos que afirman que son subterfugios que obedecen al despilfarro y a la mala asignación de los escasos recursos disponibles y al apetito insaciable de los gobiernos por nuevos recursos para tapar los efectos de sus malos resultados, agregan a esto que son nocivas para la actividad económica por cuanto crean incertidumbre para la inversión, afectando la formalización; pero mas aún las señalan de exiguas por no reducir las desigualdades sociales, la cleptocracia, la evasión y la elusión, según estos se les atribuye muchos atributos de los cuales carecen ya que no son progresivas, no mejoran la transparencia, la equidad, mucho menos la eficacia y eficiencia en el gasto público.
Durante la expedición de estas reformas tributarias se crearon impuestos de los cuáles los gobiernos no se han podido desprender, robusteciendo así el estatuto tributario (Decreto 624 de 1989). Uno de los más representantivos el impuesto al valor agregado (IVA) que lleva 45 años desde su creación y que representa una de las principales fuentes de recaudo para el Estado. Otros de carácter transitorio, pero que fueron adquiriendo carácter de permanente, cómo el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) que luego se convirtió en el 4x1000, que ya lleva con nosotros 22 años.
Hechas todas estas precisiones queda claro que cuándo se reactive la economía va a ser necesaria otra reforma tributaria algo apodíctico, _ ya que si gobiernos anteriores con crisis menos graves tuvieron que acudir a ellas y virar sus programas de gobierno, mucho más este gobierno con la parálisis económica que enfrenta_ dándole así razón al estudio citado al inicio de este texto de la universidad de los Andes. Como dicen ellos, necesaria para “permitir mejor distribución del ingreso, además de financiar el tremendo esfuerzo fiscal que se está haciendo y que se deberá́ seguir haciendo en los próximos meses”. Así queda desdibujada la afirmación del gobierno actual, que aseveró que no era momento de reformas tributarias.
Sólo queda esperar que esta posible reforma tributaria que se acerca logre lo que las pasadas 30 reformas no lograrón estos últimos seis lustros; mejor eficiencia en el gasto público, el desmonte de tanta burocracia innecesaria; pero más importante aún que deje en claro las reglas de juego por un buen tiempo ya que un sistema fiscal estable permite planeación y otorga seguridad jurídica.
Por último, quedan varias preguntas en el aire; ¿A que sectores se van a imponer esas cargas tributarias? ¿Están preparados esos sectores para soportar más cargas impositivas? ¿Será suficiente para financiar las funciones que el Estado debe cumplir, los servicios que debe prestar y los derechos que debe garantizar? ¿Qué tanto se verá afectada la concertación del SMMLV para el 2021, será esta emergencia un palo en la rueda para lograr un aumento significativo?.
