No se trata de ser pesimista o alarmista, simplemente de ser realista. Quien haya analizado las últimas reformas se habrá dado cuenta que tienen un común denominador que es la reducción de los beneficios y el aumento de los requisitos para la pensión: el porcentaje y la base de liquidación disminuyen mientras aumentan la edad y el número de semanas para lograr la pensión.
Según se comenta, esta nueva reforma traerá dos nuevos ingredientes, ambos perjudiciales para los colombianos:
- El aumento del porcentaje de cotización del 16 al 18%.
- La conformación de un pilar pensional mixto propuesto por el Banco de la República, mediante el cual la cotización sobre el salario mínimo se haría al Régimen de Prima Media (Colpensiones) y el excedente al Régimen de Ahorro Individual (fondos privados de pensiones). Por ejemplo, si una persona cotiza sobre $5 millones, la cotización sobre $828.116 sería para Colpensiones y la cotización sobre los $4.171.884 restantes sería para los fondos privados de pensiones. Magnífico negocio para los propietarios de los fondos.
El privatizar las pensiones es el peor negocio que los gobiernos pueden hacer. Frente al intento del gobierno estadounidense de privatizar las pensiones, Joseph Stiglitz (premio Nobel de Economía) sostuvo que “la privatización no protegería a los jubilados de la insolvencia del sistema de seguridad social; solamente aumentaría el enorme déficit fiscal actual, porque las privatizaciones parciales requieren que se destine dinero que se habría utilizado para cerrar la brecha entre los gastos y los ingresos gubernamentales hacia fondos privados” (…) Naturalmente si al régimen público se le restan afiliados, es decir ingresos, mientras se queda con los gastos y especialmente con aquellos afiliados que ya están devengando sus pensiones, las perspectivas del sistema público no pueden ser boyantes. Los Estados Unidos y el mundo tienen que recordar que la privatización del sistema de pensiones argentino estuvo en el centro de sus recientes desdichas fiscales”.
Las preguntas que debemos hacernos son: con base en qué cifras, mediante qué metodología y con cuáles indicadores se llega a la conclusión de que nuestro país requiere de una urgente reforma. La verdad es que tanto en el nivel nacional como en el territorial no existen cálculos actuariales actualizados y, por ende, no se pueda hablar de un pasivo pensional definitivo.
Prueba de ello es que cuando alguna entidad estatal directamente relacionada con las pensiones se refiere al pasivo pensional, se refiere a éste como “provisional”, no definitivo, cuya validez es cuestionada por la gran variedad de resultados que presenta. Por ejemplo, la Comisión de Racionalización del Gasto (1997) calculó que el pasivo pensional garantizado por el Estado ascendía al 86% del PIB en 1995, un 65% del cual a cargo del ISS. Cinco años después, Acosta y Borjas (2002), en un trabajo para la Misión Alesina, estimaron en un 40% del PIB el pasivo del Instituto de Seguros Sociales (ISS) en 1999, un cálculo sorprendente porque el número de afiliados al ISS que se usó en ambos estudios fue casi idéntico, cerca de 2,3 millones de trabajadores. La inexactitud de las estimaciones es aún más grave. El estudio del BBVA dice que el pasivo pensional del sector público era el 30,7% del PIB en 1992. Mientras que el de Fedesarrollo dice que la deuda pensional del ISS en valor presente neto hoy asciende al 52% del PIB. Es decir, después de las reformas de 2003 y 2005, el pasivo del ISS se redujo un 13% si se toma la cifra de Comisión de Racionalización del Gasto, aumenta el 12% si se toma la de Acosta y Borjas, y se dispara si se le compara con la del BBVA, que incluye a todo el sector público [1].
Es incoherente la actuación del gobierno nacional al tratar de forzar una reforma pensional aduciendo como razón la existencia de un déficit en los recursos pensionales actuales, cuando éste y los anteriores gobiernos han sido causantes del mismo al desmantelar las reservas pensionales con medidas ilegales e inconstitucionales tales como:
- Con el incumplimiento del pago de cotizaciones que el Estado estaba en obligación de hacer a las administradoras de pensiones, contrajo una deuda que ha venido cancelando gota a gota mediante los “bonos pensionales”, deuda que al finalizar 1999 ya se calculaba en cerca de $40 billones sólo con el ISS [2].
- Con la implantación del sistema mixto de pensiones el déficit público se amplió: el déficit del sector público no financiero que en 1990 ascendía al 0,59 del PIB, en 2010 ya era del 3,5% del PIB (según el Marco Fiscal de mediano Plazo 2011)[3]. En 2016 ese déficit fue de 3,4% [4].
- Con la Ley 1873 de 2017 descapitalizó el FNA en $400.000 millones (artículo 102), vulnerando no solo la CN sino, el artículo 4º de la Ley 432 de 1998 (ley de creación del FNA).
- Con la misma ley desvió $1,06 billones (artículo 105), provenientes del Sistema General de Participación (SGP) cuyo destino legal era el Fonpet, para pagar la nómina y prestaciones sociales de las instituciones educativas públicas, vulnerando no solo la CN sino, el numeral 1 del artículo 2 de la Ley 549 de 1999 que crea el Fonpet.
- Con la Ley 1815 de 2016 (artículo 132) se apropió de $648.612,6 millones correspondientes al 10% del producto de la venta de la participación accionaria de la Nación en Isagén, cuyo destino legal era Fonpet, para invertirlos en proyectos de infraestructura vulnerando el artículo 48 de la CN y el numeral 4 del artículo 2° de la Ley 549 de 1999.
- El Decreto 816 del 2014 allanó el camino para que las administradoras privadas de ahorro pensional financien a los concesionarios que construyan vías 4G (proyectos en las cuales pulula la corrupción y se dan los más altos índices de impunidad).
- Con el Decreto 1913 del 2018 autorizó la inversión directa de los patrimonios autónomos del Fonpet y otros patrimonios (públicos y privados) que se usan como garantía y pago de las pensiones en proyectos de asociaciones público–privadas (APP).
El gobierno debiera ser consciente de su responsabilidad en la disminución de las reservas pensionales y aprovechar esta oportunidad para dejar de lado la condescendencia con las solicitudes de los grupos financieros y desarrollar una reforma estructural que por primera vez no sacrifique a los aportantes. Para el fondeo a largo plazo del pasivo pensional, podría pensar en iniciativas que no surgieran del sector financiero como:
- Eliminación de las exenciones tributarias, excepto las laborales.
- Disminución del desempleo y formalización del empleo.
- Creación de impuestos para sectores económicos con amplias utilidades anuales como el financiero.
- Control a los bienes incautados por el Estado por actividades ilegales.
- Lucha frontal contra la corrupción que elimine los billonarios recursos que anualmente se pierden por este flagelo.
- Revisión de aquellas pensiones que se presume fueron reconocidas por mayores valores de los debidos o sin el lleno de los requisitos exigidos, así como las reconocidas por simples fueros o convenientes “palomazos” (fugaces encargos en altos cargos del Estado como en la rama ejecutiva, comenzando desde la Presidencia de la República hasta los niveles más bajos de esa rama, Altas Cortes [5], Congreso de la República), y no por cotizaciones equitativas.
